Pese a las continuas transferencias, todos los años quedan grandes sumas de dinero en las cuentas fiscales de las prefecturas. Sólo en 2007 no se ejecutaron 2.800 millones de bolivianos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), señala una investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

El Centro de Estudios también encuentra una distribución inequitativa de los recursos provenientes de la renta por hidrocarburos.

«Los ciudadanos de La Paz, por ejemplo, reciben apenas un 10 por ciento de lo que le toca a un ciudadano de Pando y de Tarija. Esto expresa una alta dispersión de los recursos», señala la investigación. Para el Director del CEDLA, Javier Gómez, los datos muestran que se están olvidando las inversiones estratégicas para el país, como es, por ejemplo, el desarrollo de los recursos productivos, sobre todo en el sector rural. Asimismo, da cuenta que de las regalías petroleras y el IDH que reciben los departamentos, el 66 por ciento se ha invertido en la construcción de carreteras y apenas un 10 por ciento en agricultura. En el caso de Tarija, por ejemplo, en los últimos años el 84 por ciento de su Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) fue destinado a temas de infraestructura, y sólo el 11 por ciento a electricidad. Falta de transparencia Un hecho preocupante que encuentra el CEDLA en su estudio es que no existe la suficiente transparencia en la información relacionada con los recursos hidrocarburíferos. El Director del Centro, Javier Gómez, afirma que no existe la suficiente información por parte del Gobierno sobre el destino de los recursos: «no hemos podido superar la falta de transparencia por parte del Estado, sobre cómo se administran y gestionan los recursos. No hay una buena información: las páginas web de YPFB, del Ministerio de Hidrocarburos, están con una nota que dice que la página está en mantenimiento y en cuanto al SIGMA, allí solamente hay la ejecución presupuestaria. No podemos tener información específica sobre el comportamiento del sector hidrocarburífero y su vínculo con el sector fiscal». Ante ello, el CEDLA organizó el Seminario Internacional Transparencia en la Gestión de la Renta de Gas en el que participaron diferentes instituciones sociales que pueden constituirse en un efectivo control social en el área. «En Bolivia hay una capacidad de organización social que nos da la posibilidad de desarrollar más acciones directas de control de los recursos en los municipios, prefecturas y el gobierno nacional. Lo que falta es información, un conocimiento sobre cómo se gestionan éstos recursos», destaca Gómez.