Solamente 250 Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) de las 2.176 que cumplen su trabajo en Bolivia lograron renovar hasta el momento su personería jurídica, debido a una serie de dificultades y presuntas represalias que enfrentaron durante ese trámite.

La denuncia corresponde a la directora ejecutiva de Unitas (Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social), Susana Eróstegui, quien además aseguró que estas dificultades obligaron a las organizaciones a incurrir en gastos no previstos para hacer efectivo el mencionado trámite.

“Hasta el año pasado había cuatro instituciones que habían logrado el trámite y este año tenemos el dato que al menos unas 250 instituciones (ya) han logrado concluir el trámite. Sin embargo han sufrido una serie de obstáculos, parece que hubiera una serie de diferencias, como si algunas instituciones tuvieran mayor posibilidad para renovar sus personerías que las ONG’s”, indicó Eróstegui, en entrevista con ERBOL.

Agregó que en los datos del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo figuran 2.176 ONG’s registradas en el país y de ellas, las organizaciones que lograron hasta el momento su personería jurídica son muy pocas.

“Si pensamos que solamente 250 ONG’s han logrado concluir el trámite, son muy pocas, muchas lo van a poder hacer quizá a nivel departamental, pero no todas las ONG’s responden a un solo departamento. Nos interesa que existan garantías para que las ONG’s desarrollen su acción sin ningún tipo de restricción”, señaló.

Eróstegui dijo que las dificultades que atraviesan las organizaciones para renovar su personería jurídica, son una prueba que el Gobierno pretende controlar el trabajo de todas las ONG’s en Bolivia.

“No deberíamos partir del control, sino más bien de un reconocimiento de esos aportes al desarrollo que hacen y que siguen haciendo las ONG’s; más que (la idea de) fiscalizar, hay una intención de control que se nota de manera fehaciente”, remarcó.

La situación de las ONG’s parece ser incierta después de que el vicepresidente Álvaro García Linera acusó a cuatro de las organizaciones de “mentir” para favorecer a los intereses extranjeros, que pretenderían que Bolivia se estanque en su desarrollo sin explotar sus riquezas. En ese sentido, García incluso advirtió con expulsar estas instituciones si se entrometen en asuntos políticos.

Eróstegui dijo estar sorprendida por esas declaraciones, que además de ser preocupantes, demuestran una amenaza al pueblo boliviano que recibe el apoyo de estas organizaciones para el desarrollo de varios proyectos.

“No solo eso, también se está amenazando la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas al señalar que se está haciendo política en el marco de favorecer a intereses extranjeros. Se está poniendo en crisis a una situación de debilidad a la democracia en el país”, afirmó.

Según un medio escrito de La Paz, Unitas ya anunció en 2013 que las ONG’s decidieron dejar de ser críticas con el actual Gobierno por miedo a perder su personería jurídica o finalmente a ser ilegalizadas o expulsadas del país.

El director del Centro de Documentación de Información Bolivia (CEDIB), Marco Gandarillas, acotó que desde la promulgación de la Ley de Personalidades Jurídicas en 2013, su organización no puede renovar su personería.

“Estamos a punto de ser ilegalizados. Con el linchamiento mediático, al que nos han sometido, probablemente ninguna instancia que tiene que resolver este trámite en favor nuestro lo va hacer”, advirtió.

Gobierno quiere limitar el derecho a la expresión

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), mediante un comunicado, también respondió a las acusaciones de García Linera y aseguró que las autoridades gubernamentales tienen la intención política de limitar el derecho a la libre opinión y expresión de esta asociación civil privada.

“Reiteramos públicamente (nuestra orientación) para despejar cualquier duda que sobre la naturaleza de nuestra institución hayan podido provocar algunas declaraciones y acusaciones sin fundamento de autoridades de gobierno, que tienen la clara intención política de limitar nuestros derechos a la libre opinión y expresión, y a nuestro derecho de asociación para el trabajo”, expresa el documento.

Antes los elogiaron y ahora dicen que mienten

Evo Morales, en su condición de diputado nacional, firmó una nota en el año 2013 dirigida al CEDIB, en la cual destacaba el trabajo de esta institución por decir la verdad y ayudar a los cocaleros.

Pero ahora, el Vicepresidente amenaza a esta institución con expulsarla del país por “mentir” y por supuestamente responder a intereses extranjeros.

Antecedentes

El Gobierno afirmó que algunas de las ONG’s financiaron en 2011 la marcha indígena en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y las acusó de actuar al margen de los objetivos con los que fueron creadas.

Recientemente, en junio de este año, el presidente Morales nuevamente volvió a amenazar con expulsar a las ONG’s que perjudiquen la explotación de los recursos naturales.

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