Polémica. Analistas y representantes de las organizaciones no gubernamentales coinciden que hay un interés político por callar sus voces.

EL DÍA, Santa Cruz.- Acosados, perseguidos y en la incertidumbre. Así se sienten varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en el país.

Esto debido a que la pasada semana, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Borda, ratificó su impulso a una normativa regulatoria y complementaria a la Ley 351, puesta en vigencia hace un par de años.

La finalidad, según el legislador proyectista de la norma, es implementar sanciones coercitivas hasta incluso la pérdida de Personería Jurídica, si hay intromisión en temas políticos partidarios en el territorio nacional.

Situación que según analistas entendidos en la materia y los representantes de las instituciones aludidas, es una amenaza que atenta incluso contra la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales sobre la libertad de asociación lícita.

El objetivo es fiscalizarlas. El proyectista de la norma, Víctor Borda, dijo el pasado 29 de septiembre “El proyecto tiene por objeto que exista la institucionalidad del Gobierno para aplicar el principio de soberanía y así fiscalizar a las ONG”.

Añadió que la Ley 351 no es suficiente para que estas organizaciones transparenten el manejo de sus recursos económicos, ya que no establece los mecanismos para que estas instituciones sean objeto de un “control posterior” sobre el cumplimiento de sus fines y objetivos establecidos.

Gobierno golpeó a los que los apoyaron. El politólogo, Carlos Guzmán, comentó que el Gobierno de Evo Morales atacó en el transcurso de su gestión, a las instituciones que en su momento le dieron su respaldo.

Cita como ejemplos al Cedla, Cejis, Cedib, entre otras, que son ONG críticas al régimen actual.

Indicó que es muy preocupante el hecho de poner restricciones a instituciones académicas y que hacen investigación y que de alguna forma son para el beneficio de la ciudadanía.

Mencionó que con el aumento de las restricciones a las ONG ya existentes, es un paso más de amedrentamiento escalonado, porque primero empezó el vicepresidente Álvaro García Linera, luego los ministros y ahora los diputados del partido oficialista.

Lamentó la línea errada de intimidación contra las organizaciones, esto con el fin de erradicar las posiciones adversas y críticas a las políticas públicas gubernamentales, posición que contrasta con los ideales trazados al inicio de la gestión del masismo en Bolivia.

¿Por qué desde el poder se critica a las ONG?. Según el analista político, Diego Ayo, las organizaciones no gubernamentales han metido el dedo en la llaga al ser contestatarios al régimen gubernamental.

Dijo que la declaración de García Linera al conocer que cinco departamentos perdieron en el Referéndum de sus estatutos, de que la gente quiere más centralismo, refleja una realidad que no existe.

Comentó que con ese ejemplo, también las ONG están develando las mentiras del oficialismo.

Anotó que el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), puso en entredicho las fantasías del Gobierno al culto casi místico a la “Pachamama” o la Madre Tierra.

Ayo explicó que otro caso claro es con la Fundación Milenio, que hace la pregunta central si la bonanza ha sido bien utilizada y la respuesta es que se sigue siendo un modelo extractivo.

Es un absurdo y exceso gubernamental. En esa línea, el director Ejecutivo de la Asociación Boliviana de Ciencias Políticas (ABCP), Marcelo Varnoux, dijo que aumentar las restricciones a las ONG es un absurdo y exceso del partido oficialista.

“Está establecido en la CPE que los ciudadanos bolivianos tienen derecho a la libertad de asociación, lo que quiere decir, que pueden asociarse en ONG, sindicatos y cualquier organización con fines lícitos”, aseveró Varnoux.

Manifestó, además, que el trabajo de estas organizaciones no puede ser controlado al extremo de establecer el tipo de labor que deben realizar, como la amenaza de quitarles su personería por temas políticos.

Cuestionó el exceso del MAS, teniendo en cuenta de que esta organización partidaria surge de las mencionadas instituciones en su momento, al igual que varias de ellas cumplen una importante contribución a la democracia boliviana.

Esperar respuesta del TCP. El director Ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Javier Gómez, dijo que antes que nada, hay que esperar el fallo del TCP del recurso planteado por el defensor del Pueblo, Rolando Villena.

La Defensoría demandó la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas. Gómez indicó que los principios violentados con dicha norma son la libertad de excepción y de expresión. Aclaró que las ONG cumplen los preceptos enmarcados en la ley y cualquier autoridad electa, como es el caso del proyectista de la ley complementaria que viole la Carta Magna, las ONG tienen los mecanismos de defensa correspondiente.

Atentado a la libre asociación. Asimismo, el presidente del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), Hernán Ávila, considera que el proyecto propuesto por un asambleísta masista, es un atentado a la libre asociación de manera lícita.

“Es un derecho humano establecido tanto en la Constitución como en todos los convenios internacionales vinculados a los derechos humanos”, aseveró.

Dijo que la intención es política partidaria, tratando de evitar que las instituciones que tienen información técnica para rebatir cualquier vulneración del Gobierno, tengan que ser acalladas, antes de emitir sus opiniones. Aclaró que una ley complementaria a la existente desde hace tres años, son medidas preventivas de corte político al trabajo de las instituciones defensoras de los derechos humanos.

Organismos presionados. El director regional de Santa Cruz de la Fundación Taller de Iniciativas en Estudios Rurales y Reforma Agraria (Tierra), Alcides Vadillo, dijo que las ONG están siendo presionadas por un discurso y disposiciones legales de búsqueda de control por el poder central.

Mencionó que el actual Gobierno también busca manejar los recursos de apoyo por esta vía.

Vadillo anotó que estas organizaciones se encuentran insatisfechas, al no existir una voluntad gubernamental para coordinar y definir criterios de prioridad y que más bien busca sancionar para tenerlas controladas.

Desacierto del MAS. A fines de septiembre, Susana Eróstegui, directora de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), calificó como un desacierto del MAS, el proyecto de ley de Borda. Ya que el ejecutivo busca sancionar incluso con la “pérdida de sus personerías jurídicas” si se apartan un milímetro de sus estatutos.

Observatorio de DDHH

Defensor cuestiona la constitucionalidad de la normativa

Informe. En el reporte cuatrimestral (mayo – agosto) de violaciones a los derechos humanos en Bolivia, según el Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Nueva Democracia, resalta el informe de la Human Right Watch del 5 de agosto pasado. Se trata del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional, en el marco de un caso iniciado por el Defensor del Pueblo, para cuestionar la constitucionalidad de la Ley 351 y un Decreto Supremo del 2013, que otorgan al Gobierno amplias facultades para disolver a Organizaciones No Gubernamentales (ONG). “El modo en que la ley y el decreto de Bolivia sobre las ONG han sido redactados permite que se tome decisiones arbitrarias, basadas en motivaciones políticas, que vulneran el derecho a la libertad de asociación”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Right Watch.

Por lo que solicita la derogación de estas restricciones.

En la mira

Cuestionadas. Son cuatro las organizaciones No Gubernamentales (ONG) que están en la mira del Gobierno nacional:

1. Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).

2. Fundación Milenio.

3. Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).

4. Fundación Taller de Iniciativas en Estudios Rurales y Reforma Agraria (Fundación Tierra)

Punto de vista

Erika Brockmann / Analista Política

“Hay un concepto político restringido rodeado de estereotipos del Gobierno’

“Se debe poner en debate lo que se entiende por político, porque da la impresión que hay un concepto restringido y rodeado de estereotipos sobre la noción política.

Si el deseo del parlamentario proyectista de la ley (Víctor Borda) que no se metan en política las ONG, se tendría que hacer toda una reforma a la Constitución incluidos los mecanismo de la sociedad civil como la libertad de expresión sobre el tema de recursos públicos.

Además tienen capacidad de organizarse para generar una Iniciativa Legislativa Ciudadana, por lo que se tendría que restringir el referéndum. También cerraría el paso a que muchas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), no tengan que pronunciarse en temas medioambientales, salud, género, niñez, etc. Por lo tanto, hay una visión equivocada en lo que tienen que ver con política y que más bien han sido manoseadas. Su tarea de las ONG es de organizarse sin fines de lucro, en torno a una causa ciudadana de interés público, ya sea medio ambiente, económico, generación de empleos, asistencia social, política para la niñez y género. Las mujeres no habrían podido ver logrado las conquistas sociales gracias al papel de las ONG. A pesar de ello, las organizaciones están advertidas que hay un escenario adverso en Bolivia”.
Ley 351

Reconocimiento de entidades

Ley 351. 2. Artículo 5.

(Reconocimiento).

I. Las organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro, cuyo ámbito de acción y operación sea mayor al de un departamento, deben tramitar su reconocimiento de personalidad jurídica ante la entidad competente del nivel central del Estado.

II. El reconocimiento de la personalidad jurídica será otorgado a través de una Resolución expresa.

Artículo 7. (Estatutos).

III. Las organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro, deberán registrar periódicamente sus fuentes de financiamiento, ante la autoridad competente.

Artículo 8.

(Entidad Competente).

El Ministerio de Autonomías se constituye en la entidad competente de la otorgación y registro de la personalidad jurídica a las organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro, cuyo ámbito de acción sea mayor a un departamento.

Artículo 9.

(Entes De Coordinación). Las personas colectivas podrán conformar y constituir redes institucionales u otros entes de coordinación y relacionamiento, debiendo para ello tramitar sus respectivas personerías jurídicas, en sujeción a la presente Ley y sus reglamentos.

Artículo 10.

(Denominación).

I. Las Organizaciones No Gubernamentales deben incluir la sigla (ONG).

II. Las fundaciones deben incluir el prefijo (Fundación) antecediendo al nombre de la entidad.

Artículo 11. (Prohibición De Transferencia De Personalidad Jurídica). Se prohíbe toda forma de transferencia y/o comercialización de la personalidad jurídica de las personas colectivas.

Artículo 12. (Modificaciones).- Toda modificación a los Estatutos y Reglamentos Internos serán tramitados de acuerdo a lo dispuesto por la reglamentación de la presente Ley.

Artículo 13. (Organizaciones No Gubernamentales (Ong) Y Fundaciones Extranjeras).- Las organizaciones no gubernamentales y fundaciones constituidas en el extranjero, deberán tramitar ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y las entidades competentes del nivel central del Estado, la suscripción de un acuerdo marco de cooperación básica con el Estado Plurinacional de Bolivia, que les permita operar legalmente en el territorio.

Artículo 14. (Revocatoria De Personalidad Jurídica).- Será revocada la personalidad jurídica a aquellas personas colectivas que:

1. Incumplan lo dispuesto por la presente Ley y sus reglamentos;

2. Realicen actividades distintas a las finalidades señaladas en sus estatutos.

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