SEGÚN EL MINISTRO DE AUTONOMÍAS, HUGO SILES

RECURSO
El Ministro de Autonomías, Hugo Siles, manifestó que quienes presentaron el recurso de inconstitucionalidad creyeron que el Gobierno no podía “revocar las personalidades jurídicas”.

El ministro de Autonomías, Hugo Siles, señaló que hasta un 99% de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) del país realiza su trámite de adaptación a la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas para seguir operando en el país.

“La regla ha sido que de estas 300 organizaciones no gubernamentales, entre fundaciones, entidades sin fines de lucro, prácticamente el 98 ó 99% se han constituido en el Ministerio de Autonomías para iniciar sus trámites de adecuación a la Ley 351”, informó.

El Ministro indicó que tan solo unas dos organizaciones no reactivaron sus trámites de adecuación desde la gestión pasada y citó entre ellas al Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). Agregó que incluso organizaciones como Milenio, CEDIB y Tierra, que expresaron críticas, “han ido adaptándose a la Ley 351”.

Las citadas ONGs cuestionan los artículos 7 de la Ley 351 de ONG y 19 de su decreto reglamentario porque vulneraría el derecho a la libre asociación.

Ambas normas facultan al Gobierno a disolver una ONG o fundación sin argumentar razones y sin autorización judicial. Además, para reconocerlas, obligan a que éstas adapten sus estatutos y objetivos a los planes gubernamentales de desarrollo. La ley también establece que los activos de estas entidades serían tomadas por el Estado “35 días después” de anunciada su disolución.

La Defensoría del Pueblo, bajo la gestión de Rolando Villena, presentó en 2014 una demanda de inconstitucionalidad contra los dos artículos. El 4 de julio se conoció que la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró constitucional ambos artículos.

El Ministro de Autonomías indicó que quienes presentaron el recurso de inconstitucionalidad creyeron que el Gobierno no podía “revocar las personalidades jurídicas” y podían llegar al país “a hacer cualquier actividad, registrar una cosa y hacer otra”.

“En todo caso, ponerse en contraposición de la Constitución, de las leyes y del propio Estado no se admite en ninguna parte del mundo”, apuntó.

Indicó que las causales por las que una ONG pierde la personalidad jurídica tienen que ver con la comercialización de la personalidad jurídica, sentencia ejecutoriada, incumplimiento de la Ley 351 y declaratoria de necesidad y utilidad pública por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Gobierno envía carta a relator de la ONU

El Gobierno envió una carta al relator especial de la ONU para la libre asociación, Maina Kiai, para explicarle sobre los alcances de la Ley 351 de otorgación de personalidades jurídicas en el marco del mandato de la Constitución Política del Estado.

“Nos sorprende que el relator de Naciones Unidas (haya calificado la ley 351), al cual ya le estamos respondiendo con una carta explicándole que nuestra Constitución Política del Estado está por encima de las normas y leyes, y establece con claridad que el Estado reconoce, protege y conserva la iniciativa privada para fortalecer el desarrollo económico y social del país”, manifestó el ministro de Autonomías, Hugo Siles.

El 7 de julio, el relator especial calificó la Ley 351 y el Decreto Reglamentario como “un ataque al fundamento mismo del derecho a la libertad de asociación”.

En un artículo escrito por Kiai para la publicación Sur, especializada en Derechos Humanos, observó que las “restricciones” establecidas en la norma “pueden ser interpretadas como un ataque al fundamento mismo del derecho a la libertad de asociación”.

“La ley parece dirigida a obstruir el trabajo de las asociaciones que no apoyan la plataforma de desarrollo social y económico del gobierno”, sostuvo.

Siles insistió que Bolivia tiene soberanía de norma por lo cual el Gobierno exige que todo el que quiera desarrollar actividades en el país lo haga “en la sintonía de contribuir al desarrollo económico y social”.

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