La política minera en curso no se ha orientado “a fortalecer y refundar la Corporación Minera de Bolivia (Comibol)” como se señala en el Plan Nacional de Desarrollo; al contrario, la producción de la minería estatal es prácticamente marginal en relación con la importancia que mantiene la producción de la minería transnacional desde 1985, evidencia un análisis realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

El capital transnacional sigue predominando en la actividad extractiva minera del país, así por ejemplo, los cinco principales proyectos mineros que se desarrollan en Potosí están a cargo de empresas transnacionales San Cristóbal (Sumitomo, Japón/ concesión privada), San Bartolomé (Coeur D’alene Mines Corporation, Canadá/ contrato de riesgo compartido con Comibol y a través de cooperativas), Porco (Glencore Ag, Suiza/contrato de arrendamiento con Comibol), San Vicente (Pan American Silver Corporation, Canadá/contratos de riesgo compartido con Comibol) y Amayapampa (Republic Gold, Australia/concesión privada), proyectos que concentran una parte significativa de la producción de minerales de ese departamento y del país.

En el caso del litio, se prevé una participación estatal plena solamente en la primera fase de su proceso de industrialización, a través de la conformación de una empresa estatal para la producción de salmuera y carbonato de litio. Sin embargo, en las otras fases de transformación más complejas, como la producción de cloruro de litio, litio metálico, butilitio y baterías, se plantea la participación del Estado boliviano en alianza con empresas extranjeras.

La política económica neoliberal tuvo como objetivo principal el traspaso de las empresas estatales, a manos del capital privado fundamentalmente transnacional, destaca el CEDLA. En el caso particular de la minería, este proceso se inició con el D.S. 21060 y se consolidó con el Código Minero, aprobado durante el primer gobierno de Sánchez de Lozada. El marginamiento de la Comibol de las actividades productivas significó la transformación de esta empresa estatal en simple suscriptora de contratos de arrendamiento y de riesgo compartido para la explotación, por parte de terceros, de sus concesiones mineras.

¿Nacionalización o reversión de concesiones?

Según el análisis, la denominada “nacionalización de Huanuni” (D.S. 28901, del 31 de octubre de 2006) no significa una confiscación a capital transnacional alguno, sino una reversión de las concesiones de Comibol, otorgadas a cooperativistas mineros en ciertos niveles del yacimiento de Huanuni, en una negociación que implicó la incorporación de éstos como trabajadores asalariados de la empresa estatal.

En el caso de la Fundición de Vinto, su “nacionalización”, mediante D.S. 29026, se produjo debido a vulneraciones de las condiciones del contrato de compra-venta en el proceso de transferencia entre Allied Deals-Comsur-Glencor, lo que facilitó el retorno de esta empresa metalúrgica a propiedad del Estado.

Comibol, irrelevante en la producción

En este sentido, las actividades productivas de la Comibol se restringen efectivamente a la Empresa Minera Huanuni, que explota solamente estaño, y a la fundición de Vinto, por lo que laproducción estatal en el sector no es ciertamente relevante en el conjunto de la producción minera. Los yacimientos que se encuentran bajo la modalidad de contrato de riesgo compartido son: El Mutún que está a cargo de la empresa india Jindal, Coro Coro bajo la responsabilidad de la empresa estatal coreana Kores, Karachipampa a cargo a la empresa canadiense Atlas Precious Metals, Bolívar, dirigido por la empresa suiza Glencore, San Vicente a cargo de la empresa canadiense Pan American Silver, y los contratos de arrendamiento: Porco y Colquiri a cargo de Glencore, la planta metalúrgica Plahipo a cargo de la empresa canadiense Coeur´s D´alene.

El estudio concluye que las políticas mineras efectivamente aplicadas por el gobierno del MAS, tienden, más bien, a mantener y consolidar a la Comibol fundamentalmente como simple suscriptor de contratos de riesgo compartido y de arrendamiento con empresas nacionales, cooperativas mineras y, sobre todo, con el capital transnacional, como lo demuestran los casos de los más importantes proyectos mineros en curso o en negociación.

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