El Diario • Exigen cuidar ríos y paralizar proyectos extractivistas que dañan la Amazonía
Los indígenas que participaron en el Pre Foro Social Panamazónico (Pre Fospa) 2023 acordaron un documento con 29 puntos, entre los que destacan exigir al gobierno boliviano la paralización de los proyectos extractivistas, rechazar el ingreso de empresas mineras y declarar sujetos de derechos a los ríos, Tuichi, Madre Dios, Tucabaca y otros que están en la Amazonía.
“Rechazamos la intensión de la Ajam (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) de reconocer derechos pre constituidos en áreas protegidas, las solicitudes y la autorización que ilegalmente se dieron hasta el 2015, exigimos que se respete la facha de creación de las áreas protegidas. Exigimos la modificación de la ley minera por atentar contra la naturaleza y los pueblos. Deben quedar prohibida las actividades mineras en áreas protegidas y territorios indígenas”, señala el punto 15 del documento.
Desde el jueves, más de un centenar de representantes de los pueblos indígenas que componen la Amazonía participaron en el Pre Fospa, que se llevó a cabo en los municipios de Rurrenabaque y San Buenaventura. Los asistentes evaluaron las amenazas que sufren a causa de la depredación de sus territorios.
Durante tres días trabajaron divididas en seis comisiones, cada una evaluó un problema distinto que enfrentan las comunidades: crisis climática, madre tierra, autonomías indígenas, el ingreso de proyectos extractivistas, minería ilegal, justicia indígena y otros. Además, visitaron seis comunidades indígenas y el Parque Nacional Madidi que les permitió conocer de cerca sus problemáticas.
El documento suscrito por más de una decena de organizaciones campesinas, instituciones y la sociedad civil cuenta con 29 conclusiones. Este pronunciamiento será entregado en el encuentro de presidentes que se realizará en agosto, en Brasil, con el fin de ser escuchados y tomado en cuenta en las decisiones gubernamentales.
Otro de los puntos importantes es que se reconozca al río Tuichi, Madre De Dios, Tucabaca, vertientes, ojos de agua y otros afluentes en tierras altas y bajas como sujetos de derechos, es decir, que quienes atenten contra estos recursos sean pasibles a una sanción en la justicia.
Cuestionaron que Bolivia sea el primer país en deforestar sus boques, a causa de las actividades extractivistas, ya sea la agroindustria y otros. Ante eso, rechazan los proyectos de biocombustible en base a la palma aceitera, soya y otros cultivos que son promovidas por el Gobierno e instituciones privadas.
“Pedimos que se identifique y se sancione a las empresas privadas, corporativas y personas responsables de los ecocidios y etnocidios que vulneran los derechos de los pueblos y de la madre naturaleza. Demandamos que los responsables indemnicen a los afectados y remedien el daño causado a las poblaciones, quedando sujeto al cese de actividades”, señala otra de las conclusiones.
“Se ha establecido es que se reconozca que el agua es un derecho, no un negocio y se debe garantizar el acceso a las poblaciones, que se garantice que los derechos estén libres de contaminación. Se ha plantado que es fundamental precautelar las fuentes de agua que son un suministro para ellos. Entonces, es importante que estos puntos sean socializados en sus regiones”, indicó.
MINERÍA ILEGAL
Un tercer punto importante es el rechazo al ingreso de empresas mineras a las áreas protegidas y territorios indígenas. Se exige la creación de un programa de salud gratuito obligatorio y especializado para los afectados por la minería y las sustancias que se usan. Piden que la fiscalización de la actividad minera se realice con participación de los pueblos indígenas, comunidades locales y gobierno municipales y departamentales.
Al respecto, el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Alfredo Zaconeta, dijo que esta problemática fue uno de los más debatidos en las mesas de trabajo. Una de las propuestas es el incremento de las regalías por la extracción de minerales, que sean destinados a proyectos de salud y educación en beneficio de las comunidades afectadas.
“Además, piden que haya un debate y se plantee la redistribución de las regalías mineras, los porcentajes se eleven de un 2% a un 15%, incluso pueda ser más de acuerdo al precio de los minerales, que se incluyan a las comunidades. Que estos recursos sean destinados a la educación y salud en beneficio de las comunidades”, manifestó. (Rurrenabaque, ANF).
