El gobierno cree tomar el pelo a los bolivianos

La operación es simple, los trabajadores deben comprarse empresas en quiebra y pagar las trampas del patrón con sus sueldos y sus beneficios sociales. Esta es la mejor manera de salvar a los empresarios quebrados condenando a una auto superexplotación de los trabajadores.

Cuando la gente arreciaba sus críticas contra Evo Morales debido a su impúdico idilio  con la empresa privada, el 7 de octubre del presente año promulga un decreto supremo creando las “empresas sociales” que deben ser administradas por los trabajadores. Se quiere dar la impresión de que se trata de una gran medida socialista en favor del movimiento obrero y aparentemente antipatronal.

El decreto en cuestión dice que se “faculta a los trabajadores a reabrir compañías que se declaren en quiebra, estén en proceso de liquidación o abandonadas, para que funcionen como “empresas sociales”. Inmediatamente después, Evo Morales ha dicho: “ahora ya no hay que estar sometidos a las amenazas de cierre cuando los dueños no quieren respetar los decretos. Ahora, si amenazan de esta manera es mejor que la compañía entre en quiebra o que el empresario la cierre, entonces, los fabriles serán dueños de nuevas empresas sociales y comunitarias”.

Pero más abajo salta la liebre cuando el decreto señala que los trabajadores “voluntariamente podrán establecer como parte de pago de la nueva empresa sus acreencias devengadas” (se refiere a sueldos no pagados y a los beneficios sociales que el trabajador debe recibir al cierre de la fuente de trabajo). Además señala que el empresario deberá dar preferencia de venta a los trabajadores y el gobierno dará asesoramiento a los nuevos dueños para enseñarles a manejar con criterio empresarial las nuevas compañías sociales.

Está claro que el decreto lo único que hace es abrir las puertas para que los trabajadores se compren las empresas en quiebra, medida que no va más allá del marco capitalista y que ya se contempla en la actual Constitución Política del Estado Plurinacional. Planteado así el problema de la creación de las “empresas sociales” no tiene nada que ver con la consigna revolucionaria de la “ocupación y expropiación  de las empresas” que ya aparece en 1946 como una de las consignas fundamentales de la Tesis de Pulacayo. Se trata de una consigna revolucionaria porque pone en cuestión el principio de la intangibilidad de la gran propiedad privada de los medios de producción. En suma, “la ocupación obrera de las fuentes de trabajo” apunta a profundizar la lucha de clase para impulsar el proceso hacia la revolución social y la medida del gobierno de las “empresas sociales” termina siendo una forma de colaboración del trabajador con el patrón liberándole de su obligación de cumplir con todos sus compromisos sociales al tiempo del cierre de sus empresas quebradas; se trata de una medida reaccionaria que se orienta a perpetuar el régimen social que se tambalea, en el marco de su teoría de la “economía plural”.

Con mucha razón los empresarios privados, sobre todo los cruceños que son los más pragmáticos lejos de criticar o condenar la creación de las “empresas sociales” han terminado elogiándolas porque ellos se sacarán el bulto de tener sobre las espaldas el pesado fardo de sus empresas deficitarias o en quiebra. Serán los obreros quienes carguen con las deudas de los empresarios y rifarán también, como parte del pago por la empresa, sus beneficios sociales como la indemnización y el desahucio.

En el sistema capitalista donde la regla de oro para la supervivencia de las empresas es la competitividad reduciendo los costos de producción, los trabajadores se verán obligados a imponerse a sí mismos regímenes de superexplotación para poder mantener la empresa en funcionamiento.

Por tanto, debemos concluir que el decreto de la creación de este tipo de empresas, antes que pro obrero, es pro patronal y pro imperialistas, pero matizado de una fuerte dosis  de demagogia.

Extractado del semanario MASAS Nº 2331 de 18/10/2013