Además de los tributos, los ilegales gastan combustible subvencionado

Dato. La Aduana estima que hay unos 33.000 autos "chutos". Sobre la cantidad total de vehículos que hay en Bolivia, el RUAT y el INE manejan cifras diferentes.

El Día/24 de Julio, 2014

Solo por concepto de subvención de carburantes, los 33.697 vehículos "chutos" (ilegales) que representan el 3,5% de un total de 962.832 unidades de cuatro ruedas etiquetadas con el B-sisa, le vienen arrebatando al país alrededor de $us 32.270.000 anuales. Dicha pérdida se deduce de la aplicación de ese 3,5% al consumo de carburantes subvencionados (gasolina y diésel) cuyo monto según el Presupuesto General del Estado (PGE), quedó establecido para este año es de $us 922 millones.

Entre los 33 mil vehículos, la presidente de la Aduana, Marlene Ardaya, el pasado viernes detalló ante los medios de comunicación que se ha detectado 10.595 vehículos con matrículas clonadas, 7.512 con números de placas robadas, 5.483 con matrículas inventadas y 10.107 vehículos sin papeles legales.

"Es que la geografía de los 'chutos' está creciendo en diferentes lugares del país donde las leyes son sistemáticamente ignoradas. Y lo más grave (como reflejan los datos) esos vehículos, además de ingresar vía contrabando y de no pagar ningún tributo al Estado, están utilizando combustibles subvencionados", señaló Humberto Vacaflor, periodista.

El diputado Ever Moya, impulsor de un polémico proyecto de ley para dar una nueva amnistía a los autos "chutos", calcula que por día ingresan 100 vehículos sin papeles al país.

Contradicciones en los datos Según el Instituto Nacional de Estadísticas(INE), el parque automotor del país a diciembre de 2013 se situó en 1.326.833 unidades, pero el B-SISA de la Agencia Nacional de Hidrocarburos solo tiene registrados 962.000 vehículos, por lo que hay una diferencia cercana a los 350.000 unidades entre ambos informes. La ANH ha precisado que "no todos los vehículos están activos, algunos se encuentran guardados, en reparación o siniestrados", argumenta.

Para Jimmy Osorio el problema es más grande y complejo de lo que parece. "Los datos nos muestran un claro desorden en la regularización vehicular, pues en entidades estatales del nivel central se maneja información diferente, este problema se hace razonable dado a que no se tiene una cobertura total de control estatal en el territorio boliviano", enfatizó.

Osorio puntualiza, tomando como ejemplo los 33.697 motorizados identificados por la ANH como irregulares y recientemente dados a conocer por la Aduana Nacional y aplicando un promedio de pago impositivo de Bs 400 a cada unidad vehicular, que el Estado pierde tan solo en impuestos un total de Bs 13.478.800 anual.

Debilidad del Estado. Los mecanismos de control aún se hacen complejos, dado que el sistema informático RUAT solo llega a cubrir 90 municipios de los 339 existentes en el país, lo que equivale un 26,6%. "El RUAT es una unidad técnica para desarrollar sistemas informáticos que permitan a la Policía Boliviana, los gobiernos municipales y el Ministerio de Economía y Finanzas cumplir con las atribuciones conferidas por ley", respondió Nancy Bolaños, directora ejecutiva de la entidad estatal, desestimando su responsabilidad de ejercer un control sobre los contribuyentes.

Por su parte, Juan Carlos León, presidente de la federación de la Asociación de Municipios (FAM), señaló que si hay autos chutos en los municipios de las provincias y el campo, es de entera responsabilidad de las entidades estatales encargadas de hacer cumplir y controlar dicha ilegalidad.

"Nosotros como municipio no nos encargamos de controlar los autos 'chutos'.  Eso tiene que controlar la Policía Nacional y la Aduana. Nosotros solo registramos en el RUAT si estos vehículos tienen y cumplen con todos los requisitos y documentación de la Aduana, los cuales son muy pocos todavía, donde las recaudaciones incluso se van a favor de los municipios grandes", señaló León.

Además, el representante de la FAM pidió al Gobierno que el sistema del RUAT cubra todo el país. "Es algo inaceptable e ilógico que el alcalde de un municipio pague los impuestos de sus vehículos a otro municipio", fundamentó.

Un subsidio que merma. En el Presupuesto General del Estado (PGE) de este 2014, para el subsidio del diésel, la gasolina y el gas licuado, se ha establecido $us 922 millones a diferencia de 2013, cuyo monto fue de $us 1.060. “En un cruce de información con el RUAT , nuestro sistema informático B-sisa ha  detectado esos vehículos, entre ellos unos tienen placas no válidas, otros placas clonadas, algunos que son inexistentes que no contemplan documentación alguna", explicó Gary Medrano, director ejecutivo de la ANH.

Indistintamente las acciones que la Aduana Nacional anuncia con respecto a las 33 mil unidades detectadas anormales, el hecho es que, tal como vienen reflejando los medios de comunicación, en las áreas rurales sobre todo de Los Yungas, el Chapare cochabambino, comunidades campesinas del norte de Potosí, Oruro y La Paz, están sitiadas de una avalancha incontrolable de vehículos "chutos".

Además la misma ANB, de enero a junio, el Control Operativo del COA ha incautado alrededor de 605 vehículos ingresando ilegalmente al país. De esa cantidad, solo en el departamento de Oruro se ha "comisado" 271 unidades.

Chiquitanos convocan a la presidente de la Aduana. La Mancomunidad de Municipios Chiquitanos emitió una resolución en la que cita a la presidente de la Aduana a una reunión el 1 de agosto en Santa Cruz, para tratar la problemática de los autos indocumentados.

En la resolución, los alcaldes manifiestan su preocupación por presuntas declaraciones de ejecutivos de la Aduana en la que anuncian procesos contra los ediles de las zonas donde circulan vehículos sin papeles. Recuerdan que el resguardo fronterizo y el combate del contrabando no está bajo tuición de las alcaldías.

"Es cierto que hay muchos autos circulando sin papeles. Esa labor corresponde a Diprove o a la Aduana. Nosotros como municipio a los 'chutos' no damos placas".

Aurelio Rojas

Alcalde Municipal de Entre Ríos

Información

La amnistía está descartada pero no hay soluciones

Concreto. En momentos en que algunos sectores sociales, incluso afines al partido de la presidencia, han pedido mediante la prensa al Gobierno para  que apruebe una nueva amnistía para miles de vehículos sin papeles, el presidente Evo Morales dejó en claro que  tal situación, como sucedió en 2010 y 2011 ya no es posible. " Legalizar lo ilegal hace daño a la economía nacional y todos tenemos que cuidar la economía nacional", dijo.

Acciones. Por su parte, Marlene Ardaya, presidenta de la ANB, luego de hacer público el número de las placas clonadas se procederían al decomiso de los vehículos, cuyo propietario no demostrare la tenencia legal de sus unidades y además para el resto de los que no cuentan con documentación legal, anunció que se pedirá a la ANH prohibir la venta de combustibles a esos "chutos".

Beneplácito. La Cámara Automotora Boliviana, CAB, a través de su gerente general Luis Encinas, señaló que en esa tarea de acabar con la ilegalidad, el Estado debería reforzar sus sistemas de control en frontera  para evitar que esos vehículos sigan ingresando al país. Al mismo tiempo sugirió que entre Bolivia y las autoridades chilenas deberían coordinar acciones concretas para que no solo el país haga frente a dicha actividad.

Sectores. Hasta el cierre de esta edición, los municipios rurales involucrados desafiaron al Gobierno con evitar cualquier sistema de control de parte del Estado.

Punto de vista

Teófilo Caballero

Economista

"Todo es por una política permisiva desde el Estado"

"Esto es una muestra de desinstitucionalización del aparato del Estado. Con todos estos sectores se ha caído en una política de permisividad. El Gobierno no quiere que la Aduana Nacional cumpla su rol porque después eso le acarrea un costo político.

Desgraciadamente todo se lo mide y mira en términos políticos, lo que debilita la lucha contra el contrabando de la línea blanca, la ropa usada y en este caso el control del contrabando de vehículos.

Por eso ya los municipios se han convertido en recaudadores del paso de estas mercancías. Esto es parte del crecimiento incesante de la economía informal que hay en Bolivia, acrecentada con una mayor incidencia por el descontrol del Estado y sus instituciones que han olvidado cumplir su rol.

Lo que está sucediendo es muy grave, primero que esos vehículos que están entrando son altamente contaminantes, aparte que consumen el combustible que es subvencionado y  encima han colapsado con el parque automotor de las principales ciudades del país, provocando todo un desorden urbano y el normal tráfico vehicular.

El Gobierno a todo esto se ha mostrado muy complaciente, con una política abiertamente permisiva. En algún momento esto va a tender a estallar, porque un país no puede progresar cuando hay un 70% de su economía de carácter informal.

Por eso en algunas comunidades campesinas, las leyes son desafiadas incluso con evitar el ingreso de los sistemas de control del Estado. Obviamente se ha impuesto la política del más fuerte, opacado por un tema electoral persistente hoy".

Acerca del autor:Ismael–Luna-AcevedoIsmael Luna Acevedoe-mail: iluna@edadsa.com.bo

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