Miguel Lora Ortuño

Toda la política entreguista del gobierno de Evo Morales -la apertura de las áreas protegidas para la explotación de hidrocarburos, la concesión a los agroindustriales del Oriente para el uso de transgénicos, la apertura del camino transoceánico por medio del TIPNIS, etc.- es la negación de la impostura pachamámica del gobierno.

Ya en el gobierno de Sánchez de Lozada se discutía un anteproyecto de ley que posibilitaba la apertura de áreas protegidas para explorar y explotar recursos hidrocarburíferos. Ese documento respondía a las presiones de las transnacionales como garantía para realizar inversiones en el rubro y se encontraba en el marco de la política general entreguista y pro imperialista de los gobiernos de la época (neoliberalismo).

El decreto supremo 2366 que acaba de promulgar el gobierno de Evo Morales tiene el mismo espíritu y la misma finalidad que aquel proyecto de ley del régimen gonista. El gobierno del MAS, desesperado por neutralizar las consecuencias de la caída de los ingresos que percibe el Estado por la exportación del gas, busca por todos los medios aumentar la producción y –para lograr ese propósito- tiene que descubrir nuevos yacimientos en las áreas protegidas.

Las estadísticas que difunde el gobierno evidencian que en 2014 cayeron las ganancias de YPFB en 36,24% con referencia a 2013 debido a dos factores: la baja de los volúmenes de exportación y la caída de los precios en el mercado internacional. La reducción en más de un tercio de los ingresos provenientes de los hidrocarburos, uno de los sectores más importantes de la economía nacional, pone en serio riesgo la sustentación económica de muchos aspectos de la política social del gobierno.

Por ejemplo, las gobernaciones, los municipios y las universidades soportarán el impacto directo de la reducción del impuesto directo a los hidrocarburos (IDH), que hasta ahora permitía la ejecución de proyectos de importancia en los gobiernos departamentales y locales. La paralización de esos proyectos inmediatamente repercutirá en la desocupación de la mano de obra y la reducción de los servicios básicos (salud, agua, energía eléctrica, etc.).

Sin embargo, de manera demagógica, Evo Morales sigue discurseando en los foros internacionales llamando a respetar a la “Pachamama” y contra la política desarrollista y destructora del medio ambiente de los países imperialistas. En su última participación en la reunión de Ginebra, ha señalado que Bolivia no puede seguir siendo la hortelana del Sur, dando a entender que su gobierno es el único que defiende consecuentemente los derechos de la Madre Tierra.

Este discurso ha sido francamente negado por el decreto 2366, y después de su promulgación el gobierno ha iniciado una agresiva campaña para poner en brete a los sectores ecologistas y a los indígenas del Oriente boliviano que se aprestan a realizar una marcha internacional contra la anunciada apertura del camino interoceánico por el centro del TIPNIS, todo con la finalidad de facilitar el acceso de la burguesía brasilera al Pacífico. Para el Brasil es vital el reducir costos para llegar con sus mercancías al gran mercado chino, importando poco la destrucción del medio ambiente en Bolivia, con la complicidad del gobierno sirviente de Evo Morales.

El discurso pachamámico del gobierno se ha derrumbado también por las concesiones que hace a los agroindustriales del Oriente al permitir el cultivo de transgénicos con la finalidad de generar excedentes para la exportación en la producción agropecuaria.

El gobierno de Morales no está dispuesto a tolerar ningún tipo de protesta y ha anunciado que todo aquel que se oponga a su política será duramente castigado, sobre todo las ONGs ambientalistas, que serán expulsadas del país si siguen molestando al vendepatria y agente del imperialismo.

Según investigaciones del CEDLA, con la aplicación del decreto 2366, 11 de las 22 áreas protegidas que existen en el país serán afectadas. Ya se tiene un mapeo de las áreas donde realizarán los trabajos de exploración y posterior explotación; las transnacionales se animarán hacer inversiones sólo si tienen las garantías necesarias del gobierno de Evo Morales; entre esas garantías está la posibilidad de sacar jugosas ganancias de la explotación de hidrocarburos en un momento en el que se registra una considerable caída de los precios de este combustible.

* El autor es secretario ejecutivo del Partido Obrero Revolucionario (POR).

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