El Presidente de Bolivia, Evo Morales y la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) firmaron recientemente un acta de entendimiento sobre los tres artículos observados del proyecto de Ley de Minería.

El Presidente Evo Morales y los dirigentes sindicales pusieron punto final a las discrepancias que originaron, en semanas pasadas, enfrentamientos con la Policía y un saldo de cuatro muertos y al menos 80 uniformados heridos y contusos.

Carlos Romero, ministro del Interior, y el líder cooperativista minero Alejandro Santos, informaron del acuerdo al que llegaron sobre la redacción final de varios artículos del proyecto de la ley de minería y metalurgia, que la Cámara de Senadores dejó paralizado hasta lograr nuevos consensos.

El artículo que generaba mayor controversia fue el 151 del proyecto, que permitía a los cooperativistas suscribir acuerdos «con otros actores productivos privados o cooperativas», para trabajar sus concesiones mineras, con regímenes tributarios excepcionalmente rebajados.

«Las cooperativas no podrán suscribir contratos de asociación con empresas privadas, extranjeras o nacionales», pues se trata de una atribución específica del Estado boliviano, ha explicado el ministro Romero, pero sí podrán constituir empresas mixtas con el Estado, para lo que deberán adecuar su estructura de cooperativa a la de empresa mixta.

Santos señaló que la revisión de este artículo significaría cortar las alas de los mineros de las cooperativas, principalmente en épocas críticas para el sector, y atentar contra su supervivencia, por lo que iban a defender el texto original de forma intransigente.

El Ministerio de Minería dio cuenta de que existían al menos cuarenta contratos suscritos entre cooperativistas mineros y empresas privadas, con interesantes beneficios para ambos pero no para el Estado.

La noche del pasado lunes día 21, Santos destacó que los «consensos logrados» con las autoridades acatan las normas de la Constitución, y son una garantía para que las cooperativas continúen desarrollándose en el país.

El proyecto de ley minera y metalúrgica consta de 241 artículos

«El pueblo mediante sus fuerzas sociales hace leyes. Eso nunca pasaba en el mundo, seguramente menos en Bolivia. Estos debates permiten aprender (…) cada uno tiene sus propias reivindicaciones y se debe consensuar», dijo Morales. El mandatario lamentó que el anteproyecto demorara más de tres años en concretarse, aunque aplaudió que ya esté listo.

La minería en Bolivia sufrió una desaceleración a la espera de la nueva norma, que no incluye disposiciones tributarias para el sector, porque ese aspecto se definirá en una ley financiera, según explicaron los empresarios de este sector durante la presentación de la normativa.

ALGUNAS FALENCIAS

Expertos y analistas consideran que el nuevo proyecto de ley de minería y metalurgia profundiza la privatización del sector, mantiene en manos extranjeras la explotación del recurso y no privilegia la industrialización.

Además, sostienen que no se establecen medidas para el resguardo del medio ambiente y se reduce al mínimo de importancia la consulta a pueblos indígenas.

Pablo Villegas, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), señaló que el debate del proyecto se redujo al artículo 151, «pero lo que no se dice es que se permitirá utilizar al Estado para capitalizar al sector privado».

De hecho, la participación estatal en la minería va en descenso. En 2011 y 2012 bajó a 9 % y el año pasado a 6 %. Recordó que incluso la nacionalización de la mina Huanuni no fue tal debido a que durante la gestión del expresidente Jorge Quiroga, los trabajadores ya habían logrado que la empresa volviera a estar bajo la tutela de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

En 2007 el Gobierno promulgó la Ley 2400, la cual sostiene que Comibol participa de toda la cadena productiva pero «ya no se menciona el Cerro Rico, ni los residuos, ni las plantas de propiedad de la estatal», ni que ésta deberá intervenir cuando haya contratos manejados de forma corrupta o ineficientes. «La Ley 2400 concluye con la siguiente frase, que es la clave de la política del MAS: ‘se respetan los contratos suscritos por la Comibol’ y que después se convierte en ‘se respetan derechos preconstitutuidos y se respetan derechos adquiridos’, es decir, no se cambia nada de lo que hizo el neoliberalismo», aclara Villegas.

Con respecto al actual proyecto de ley de minería, según el analista una de las cuestiones más graves es la perpetuidad de las concesiones para las cooperativas y el plazo de 30 años de los contratos con las transnacionales, fácilmente renovables a 30 años más. «El neoliberalismo también fijó las concesiones a perpetuidad y una de las promesas del MAS y de las demandas del pueblo era que esto cambie», cuestionó.

Otra observación es que el país básicamente produce y exporta concentrados, un 79 % en el caso de la plata, 100 % en el zinc y el plomo 100 %.

Carlos Arze, del Cedla, coincidió en que la aprobación del proyecto de ley acentuará más el rol del país como productor de materias primas sin que se abandone su naturaleza rentista.

MEDIO AMBIENTE

Sobre el resguardo al medio ambiente, Villegas dio cuenta que el artículo 12 del proyecto indica que «el Estado incentivará y promoverá la exploración y explotación de los yacimientos minerales detríticos, aluviales, glaciales y fluvioglaciares», en contradicción con la Constitución Política del Estado, según la cual las aguas fósiles, glaciares, humedales, subterráneas, minerales, medicinales y otras son prioritarias para el Estado, que deberá garantizar su conservación y protección.

Arze, del Cedla, destacó el hecho de que el proyecto de ley convierte en irrelevante el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas al eliminar el carácter público de las audiencias que son sustituidas por reuniones de representantes y al conferirle al Ministerio de Minería la facultad de decidir en último término sobre la realización de los proyectos mineros.

Héctor Córdova, expresidente de la Comibol, recordó que pese a que se declaró el territorio como reserva fiscal para que la estatal escoja áreas de interés, esto no fue posible por carencias técnicas.

Por eso fue que se determinó que todo operador minero que quisiera un área para explotar debía ir a la Comibol y si a ésta no le interesaba la transfería mediante un contrato, lo cual perjudicó mucho a la empresa.

En 2012 la estatal minera anunció las áreas de su interés: 33.000 cuadrículas en todo el territorio y el resto quedaba libre para que los operadores ingresaran donde quisieran y ello debía ser administrado por la autoridad jurisdiccional.

URGE POLÍTICA DE LARGO PLAZO

Héctor Córdova, expresidente de la Comibol, opinó que para poder rescatar la minería en favor del Estado, el Gobierno debe elaborar una política para los próximos 20 años.

Según la Constitución y el Plan Nacional de Desarrollo de 2006, la empresa estatal debe participar, controlar y ejecutar en todos los eslabones de la cadena minera. «El Estado debe determinar qué mineral se extrae (ahora se extrae lo que el operador decide) a dónde se destina y generar condiciones de energía y de carreteras para que el Estado obtenga los principales beneficios», precisó. Pablo Villegas, del Cedib, considera que hay una ausencia de planificación que impulse la industrialización. No se priorizan nuevas fundiciones.

SUPERADO ÚLTIMO ESCOLLO

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que se superó el último escollo para la aprobación del proyecto de la ley minera, después de una reunión con los regantes que habían observado varios puntos de esa norma, referidos a los recursos hídricos y al medio ambiente.

«Hemos podido consensuar 21 artículos observados por los regantes, se terminó firmando un acta que da por resuelto el último escollo que había para resolver del proyecto de ley minera y metalurgia», dijo en conferencia de prensa.

Acompañado del ministro de Medio Ambiente y Agua, José Zamora, destacó la forma en la que se compatibilizó los intereses y las preocupaciones de todos los sectores que dijo parecieron antagónicas «por sus planteamientos polarizados».

Aseguró que representantes de las federaciones regionales y departamentales de los regantes y de la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin) participaron en esa tercera reunión que duró más de cuatro horas.

El Ministro de Gobierno precisó que se abordaron los artículos referidos al tratamiento de los áridos, el amparo administrativo, las reparaciones ambientales, que surgen como obligación en el marco de las operaciones mineras, el sometimiento de los operadores mineros y las reglas de áreas protegidas cuando operan en esos ámbitos.

Además de la paralización de trabajos cuando se verifica objetivamente que hay daños ambientales por una actividad minera y el respeto a los recursos hídricos que son de dominio público.

«Me imagino que en las siguientes horas ya se enviarán estos nuevos consensos a la Asamblea Legislativa», respaldó.

Por su parte, el presidente de Fencomin, Alejandro Santos, afirmó que cumpliendo con lo acordado con el Presidente, participaron «satisfactoriamente» en la reunión entre el ministro de Gobierno, Carlos Romero y los regantes.

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