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La Razón (Edición Impresa) / Wálter Vásquez / 19 de enero de 2014

— Hace días, su ministerio informó que el aparato estatal del país registró un récord de inversión pública ejecutada en 2013, ¿cómo se llega a este 99,3%?

— Hay varios factores. Primero, recordar que hemos estado cerca del 90% de ejecución en 2011 y 2012; eso, unido a los esfuerzos que se están haciendo para hacer el respectivo seguimiento a las entidades (públicas) nos ha permitido ejecutar ese 9% adicional. También hay que tomar en cuenta que en 2013 hemos llegado a un tercer año de conclusión de varios proyectos importantes, como el satélite (Túpac Katari) y hemos iniciado otros nuevos. El nivel central del Estado, los ministerios y las descentralizadas, han ejecutado el 50% del total de los recursos de inversión pública en 791 proyectos y las entidades subnacionales, municipios, gobernaciones y fondos de inversión, el otro 50% en 24.865 proyectos. En estos pequeños proyectos se invirtieron desde $us 7.200 hasta casi 1 millón. Estamos hablando de fácilmente 50 proyectos por municipio (…). Vemos también que poco a poco municipios y gobernaciones están haciendo un uso más intensivo de sus recursos en caja y bancos ($us 2.495 millones a noviembre de 2013) y eso se nota en la cantidad de proyectos.

— ¿Cómo se explica que haya una ejecución récord, pero los saldos de municipios y gobernaciones continúen creciendo?

— Los saldos en caja y bancos se han incrementado (en 10%) el año pasado, pero han caído como porcentaje del PIB, no sustancialmente ni tanto como nos gustaría, pero sí se está mostrando un uso más importate de recursos en la administración departamental y local, así como mayor capacidad para inscribir proyectos.

— ¿Cuántos se encaran este año?

— Cerca de 17.000, menos que el año pasado, porque necesitamos ir reduciendo el número de los proyectos pequeños. Estamos haciendo un esfuerzo para que incluso los proyectos de inversión en el ámbito local sean más importantes en impacto y sean elegidos con mayor criterio estratégico, eso permite a los gobiernos municipales un mayor control de sus inversiones, porque una cosa es hacer seguimiento a 791 proyectos, como es el caso del nivel central, y otra cosa es hacer un seguimiento a 24.865.

— En los últimos años se implementaron varias medidas para agilizar la inversión, ¿qué otras se prevé para los próximos?

— Vamos a mantener todo lo que se ha ido aprobando, porque (agilizar la inversión) es un proceso. Este año, también estamos permitiendo la inscripción rápida de recursos de los municipios, especialmente los de caja y bancos, para que éstos los ejecuten sin todo el procedimiento que se tenía hace años. (Sobre los próximos años) vamos a ver. Cada año se presentan nuevos problemas y retos en una gestión pública que está cambiando, y en esa medida vamos a ir adecuando nuestra normativa. El objetivo es aprovechar esta coyuntura en la que los gobiernos subnacionales, que cada vez reciben más recursos, pueden lograr un impacto sustancial en términos de inversión.

— ¿Cuánto del PIB representa la inversión pública de este año?

— Sin tomar en cuenta la inversión de las empresas estatales, está llegando al 13,5% del PIB (de $us 31.083 millones). Si a eso le añadimos la inversión privada, estaríamos pasando el 20%.

— ¿Cuáles son los proyectos públicos más importantes?

— Hay varios, pero quisiera mencionar algunos que van a continuar. Tenemos 22 proyectos carreteros. Esperamos continuar y entregar ya tramos de las dobles vías La Paz-Oruro y Santa Cruz-Cochabamba, así como iniciar la doble vía La Paz-Tiquina. Entraremos a una fase más intensiva de construcción de los aeropuertos de Copacabana, Rurrenabaque, Camiri y Chimoré, y seguiremos con la ejecución de las plantas separadoras (de gas). Esperamos entregar este año la planta de Karachipampa y terminar la construcción del horno Ausmelt. En desarrollo energético, tenemos cerca de 20 proyectos que van a continuar avanzando y otros que van a comenzar. La incorporación al Sistema Integrado Nacional de (las líneas) Punutuma-Tarija y Caranavi-Trinidad y la construcción del complejo hidroeléctrico Misicuni, que esperamos se pueda concluir este 2014. El presidente (Evo Morales) ha señalado que este año se van a entregar en el país más de 400 nuevos megavatios en generación de energía, ahí se van a destacar el parque eólico en Cochabamba y el fotovoltaico en Cobija.

— Esto implica más recursos…

— Tenemos programado para este año una inversión de $us 4.519 millones. Si incorporamos a eso la inversión de nuestras empresas nacionalizadas o capitalizadas, alcanzamos los $us 6.395 millones, cifra que puede incrementarse debido a que hay entidades públicas, como las firmas estatales, que en cualquier momento del año pueden inscribir más presupuesto.

— ¿Qué porcentaje del financiamiento corresponde al Estado?

— El 88% del presupuesto se apoya en recursos internos y el 12% en recursos externos.

— ¿Han cambiado las condiciones concesionales para este tipo de préstamos externos?

— En este momento, estamos con las mismas condiciones de hace tres años. Todavía mantenemos créditos concesionales con el BID, con el Banco Mundial con Corea y Japón. Ciertamente, no son los créditos de hace cinco años, porque ahora  el acreedor ya no financia el 100% del proyecto y la contraparte se ha incrementado de a 0 a 15, 20 o 30%. Pero también hemos abierto nuevas opciones de financiamiento con condiciones todavía beneficiosas para el país en cuestión de plazos. (Por ello), es importate que los gobiernos subnacionales comprendan que estas nuevas condiciones demandan de un mayor esfuerzo interno y acompañen estas iniciativas gubernamentales de inversión con sus recursos en caja y bancos.

Perfil

Nombre: Elba Viviana Caro Hinojosa

Profesión: Economista

Cargo: Ministra de Planificación del Desarrollo

Especialista en investigación y economía agrícola

Se tituló como Economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú y obtuvo una maestría en Economía Agrícola en la Universidad de Wisconsin (EEUU). En Perú, fue investigadora del Grupo de Análisis Para el Desarrollo y en Bolivia se desempeñó como consultora del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) y como subdirectora de Política Macrosectorial y directora ejecutiva en la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE). Fue también docente invitada del programa Posgrado en Economía Agrícola y asesora de Tesis de Licenciatura en la Universidad Católica Boliviana y miembro del Comité de Tesis de Maestrías del CIDES-UMSA.

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