Estas unidades semiempresariales, que apostaron por generar su propia fuente laboral, cumplen con temas impositivos,  están inscritas en Fundempresa,   que certifica a las empresas legales en el país. Solo si cuentan con esa certificación pueden ofrecer sus servicios al sector público o privado, con lo que se garantiza el pago de sus impuestos.

Pero en el ámbito laboral, de acuerdo con el investigador en temas laborales del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla)  Bruno Rojas, estas unidades están lejos de cumplir con la protección laboral a sus dependientes, pues tienen entre dos a cinco trabajadores, quienes casi no son de conocimiento del Ministerio de Trabajo y trabajan por producto o por algunas horas en una oficina.

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, dijo que  las leyes “muy protectivas”  ahuyentan la contratación del nuevo personal, pues “hoy no se puede desvincular a un trabajador”. En esta línea propuso al Gobierno “flexibilizar” las normas para tener contratos con tiempos definidos para “tiempos duros”, y, en ese marco, dijo que se debe modernizar la Ley General del Trabajo (1942). Afirmó que por todas las razones mencionadas “la contratación de un trabajador es analizada muy detenidamente”.

El Gobierno, a través de la jefa departamental de Trabajo La Paz, Ninoska Loza, sostuvo que hay “una mala percepción del empleador” cuando se trata de contratar nuevo personal bajo las normas que protegen a un trabajador. “Piensan que al contratar nuevo personal  con aportes (para seguros corto y largo plazo) van a gastar más que sus ganancias” y eso no es así, dijo al indicar que deben dejar de pensar solo en réditos.

Boom de pequeñas unidades

Rojas explicó que hasta junio de 2019 había en el país 321.401 empresas registradas en Fundempresa. De ese total, el 80% estaba constituido por unidades económicas personales y justamente en este sector abundan las empresas que no tienen personal o si cuentan, trabajan externamente. “Esto muestra el carácter de formación de empresas y de emprendimientos en el país con características de tipo familiar y unipersonal, donde la creación de empleos se caracteriza por demandar números pequeños de empleados”.

Sostuvo que esta situación se debe al modelo económico predominante y  vigente en el país, el que prioriza comercio y servicios, que no impulsa la industria ni la generación de empleos formales. Explicó que el 20% de las empresas registradas en Fundempresa son medianas y grandes, estas últimas constituyen el 8% en el país.

Recordó que hasta el 2014, el 60% de los trabajadores asalariados en algún rubro tenían un trabajo inestable y temporal, frente al 40% con contrato indefinido.

De acuerdo con datos de la Encuesta Continua de Empleo, dijo Rojas, el 67% de la población que tiene trabajo en el ámbito urbano  se encuentra en el sector informal, pues son trabajadores por cuenta propia, pequeños propietarios de unidades económicas, operarios y ayudantes que trabajan en unidades económicas semiempresariales, pero en situación precaria, inestable, temporal, en función de la dinámica productiva de la empresa. “No cuentan con beneficios sociales, sin seguridad social, solo un salario”, dijo. Recordó que hasta el 2014, el 70% de las personas que trabajaba en este sector ganaba por debajo de una canasta familia o apenas alcanzaba para cubrir la compra de los alimentos. “Esta es una característica del mercado laboral boliviano y por ello la mayor parte del empleo que se genera en el país está en el sector informal urbano, donde el empleo es sin derechos ni beneficios”.

Dijo que es un sector “muy desprotegido” por las normas laborales, los trabajadores no tienen contrato escrito -recomendable para el control de la vigencia de los derechos- y están sujetos a una “alta inestabilidad” porque son susceptibles de ser despedidos en cualquier momento sin que el afectado pueda presentar una queja ante el Ministerio de Trabajo. “También sus sueldos son negociados en el momento que empiezan a trabajar”, dijo. Se adoptan pago en especie y dinero.

Prioridad cobrar impuestos

El investigador del Cedla señaló que todo lo ya mencionado muestra que a los gobiernos anteriores y a éste no le interesa la protección laboral de un trabajador, sino el cobro de impuestos por la actividad económica que genera una pequeña unidad económica.

Recordó que los gobiernos siempre estuvieron lejos de formalizar, en el aspecto laboral, las pequeñas unidades económicas, pues solo priorizaron que cumplan con las exigencias de  Impuestos Nacionales. “Estas pequeñas empresas, que son muchas, no solo están olvidadas, sino sujetas a la subcontratación laboral con medianas y grandes empresas”, cuando son requeridas en tiempos de cosecha, siembra o por fiestas de fin de año.

La subcontratación, dijo Rojas, “oculta un fenómeno que se debe visibilizar”, una relación entre las pequeñas unidades económicas y las medianas y grandes empresas. Dijo que esta “situación crítica” se puede observar más en empresas chinas que operan en el país, donde la subcontratación es la norma en desmedro de los trabajadores desprotegidos. Aunque, dijo, el Decreto Supremo  28699 exige a los empleadores aplicar la norma pero, alertó, “eso queda solo en el buen propósito”.

Blazicevic dijo que la pequeña y mediana empresa acuden a la subcontratación de empresas, pero a las que están legalmente establecidas y que ofrecen servicios específicos en producción o servicios. Dijo que son contratos temporales, pero, continuó, lo ideal sería que las mismas empresas afiliadas a la Cámara Nacional de Industrias las hagan de manera directa, pero para ello, continuó, “necesitamos normas más flexibles”.

Al respecto, la jefa departamental de Trabajo La Paz, Ninoska Loza, informó  que hay normas para proteger a  los  trabajadores a “destajo” y responsabilizó de su abandono a los empleadores que  no los  orientan de manera adecuada a la hora de contratarlos.

Aseguró que cuando se establecen irregularidades en una empresa que incumple la norma con su dependiente, se duplica el monto si es por una falta de pago al   salario mínimo nacional, como una forma de sanción.

Dijo que su despacho cuenta con 10 inspectores de trabajo, los que cada día elevan 34 consultas que luego un 50% de ellas se convierte en denuncia.

Los casos más recurrentes denunciados tienen que ver con incumplimiento de haberes mensuales y vacación. Sugirió a los jóvenes, sobre todo, informarse sobre la legislación laboral antes de acudir a una fuente laboral para no ser víctima del empleador.

Manifestó que su oficina tiene denuncias de personas que reciben  1.000 bolivianos mes por trabajos de diez horas diarias, en el comercio informal, los que se encuentran en situación desamparo por las normas laborales.

Cifras  laborales

• Ley  La Ley General del Trabajo fue promulgada el 8 de diciembre de 1942.
• Protección  La población protegida por la Ley General del Trabajo llega a 473.920 personas, que corresponden al 25%, pues una gran parte de los asalariados están constituidos por los maestros, que tienen un régimen laboral particular, mientras que 450 mil son funcionarios  públicos con un régimen laboral enmarcado en el Estatuto del Funcionario Público, según una publicación de Rodolfo Eróstegui en 2017.
• Desprotegidos Lo que no dicen estas cifras es que 2.843.521 de personas están vinculadas al sector informal o son trabajadores por cuenta propia, propietarios de empresas en todos los segmentos, pero mayoritariamente compuestas por micro o pequeños centros de trabajo y también por desempleados, que corresponden a un 5%, es decir  de 236.960 personas. Estas personas no tienen garantizada la atención en salud y tampoco gozan con efectividad de un régimen jubilatorio.
• Menor Eróstegui señala que hay empleadores de grandes empresas que tienen comportamientos inadecuados y escamotean los derechos sociales y económicos de sus trabajadores. Pero, añade, son los menos. En la mayoría de las empresas grandes, los trabajadores  tienen protección sindical

Punto de Vista
Ibo Blazicevic,  presidente de la CNI
Hay que flexibilizar la ley laboral

La carga salarial hace que las empresas formales efectúen un mayor análisis a la hora de contratar un trabajador. La carga salarial se incrementó enormemente, luego las prestaciones sociales, los bonos, los pagos de maternidad y los seguros; están otros aspectos, el sobreproteccionismo estatal a la hora de desvincular a cualquier trabajador, hoy no podemos desvincular a nadie. Hay una sobreprotección y eso nos resta  flexibilidad; las empresas no son eternas, tienen momentos buenos y tienen que aprovecharlo; esos momentos buenos son cíclicos y no duran; nuestra producción no es constante, sube y baja, y para ser rentable necesitamos en algunos casos tener más o menos personal en planilla, por temporadas; en empresas medianas y grandes.

En Bolivia no hay flexibilidad, sería ideal  contratar y despedir gente o tener contratos por tiempo definido o despedirlos cuando vengan tiempos duros; eso hace que la contratación del nuevo personal tenga que ser analizada muy detenidamente  y eso es un óbice para el crecimiento del empleo formal. Las subcontrataciones temporales dieron paso a empresas tercerizadas que son las que prestan el servicio o bien tercerizan a través de empresas formales, contratando personal eventual para esos ciclos altos de producción, 10 personas por tres meses, sabiendo que ello no va generar responsabilidad legal.

Hace mucho tiempo que la Ley General del Trabajo se debía revisar, hay que modernizarla; hay que permitir formas y adecuar la ley a nuevas formas laborales, hay nuevas formas laborales; el mercado ha crecido, ha cambiado mucho la forma de contratación, los tiempos, los plazos y hay que adecuar la ley a esta nueva realidad que vive el mundo. Estamos perdiendo competitividad los bolivianos por no tener flexibilidad con la Ley del Trabajo.

https://www.paginasiete.bo/inversion/2019/10/27/pequenas-unidades-economicas-se-olvidaron-de-la-proteccion-laboral-235593.html