Bolpress, 20 de mayo de 2013

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CON 6% DE CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL Y 2% ESTATAL SE GARANTIZAN RENTAS DIGNAS PARA LOS JUBILADOS, ASEGURAN LOS MAESTROS URBANOS

(Comisión de comunicación de los sindicatos de maestros urbanos).- Cuando se habla de jubilación, la pregunta del millón es quién financia la renta de los trabajadores. Hoy rige la anti solidaria capitalización individual impuesta por el neoliberalismo que costea rentas exiguas. Los maestros aseguran que si los patrones y el Estado aportaran al menos 6% y 2%, respectivamente, todos podrían jubilarse con el 100% de su salario.

El salario es el precio que paga el capitalista por la compra de la fuerza de trabajo. El salario debe cubrir el alimento, vestimenta, transporte, vivienda, salud, beneficios sociales y otras necesidades del trabajador y su familia, y también la jubilación.

Cuando se habla de jubilación, inevitablemente se pone en mesa de discusión quién financia la renta y cuánto de renta se debe pagar. Desde el punto de vista de los trabajadores, quien debe pagar es el patrón (privado o estatal); mientras que el burgués, con la ayuda de “su” Estado, obliga al empleado a financiar su jubilación con su propio salario.

Entre 1955 y 1996 rigió el Código de Seguridad Social que estableció un Sistema de Reparto de rentas de jubilación basado la solidaridad laboral y en mayores aportes del empresario y del Estado. En 1997 la Ley de Reforma de Pensiones 1732 impuso el Seguro Social Obligatorio, que anuló los aportes del empresario y del Estado, y privatizó el sistema de administración de fondos de pensiones (AFPs).

Es así que el capitalismo en decadencia destruyó la Seguridad Social y liberó al empresario y al Estado de su obligación de aportar para la jubilación del trabajador; y en 2011 el gobierno de Evo Morales instauró un nuevo régimen continuista de la capitalización individual, con la complicidad de la burocracia sindical de la COB. (1)

En la actualidad las rentas siguen dependiendo del ahorro individual de los trabajadores en relación de dependencia obrero patronal, quienes aportan mensualmente casi 13% de su salario para las rentas por riesgo común, invalidez, vejez y muerte, mientras que el Estado no contribuye ni un solo centavo para mejorar las pensiones de vejez.

La pequeña diferencia es que ahora el patrón privado aporta 3% del sueldo de sus dependientes para un fondo solidario, cuyo objetivo es elevar las rentas más bajas hasta un máximo de 3.700 bolivianos para mineros y 2.400 bolivianos para el resto de los trabajadores que hayan aportado al sistema durante 35 años. (2)

En resumidas cuentas, afirma el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba Miguel Lora, “Evo Morales da continuidad a la política neoliberal de Gonzalo Sánchez: libera al empresario y al Estado de su obligación de aportar para la jubilación de sus dependientes, cargando esta obligación fundamentalmente sobre la espalda de los trabajadores, igual que en la capitalización individual, y además gravando un 0,5% adicional de aporte solidario”.

Los dirigentes del magisterio paceño y cochabambino (trotskistas) previnieron con años de anticipación que la “tramposa” ley de pensiones del MAS garantizaría, en el mejor de los casos, rentas de apenas el 60% del promedio de los últimos 24 sueldos del trabajador activo, siempre cuando éste haya acumulado más de 35 años de aportes.

Los líderes de la Unión Revolucionaria de Maestros (URMA), que hoy dirigen las Federaciones de Maestros Urbanos de La Paz, Cochabamba y otros gremios regionales, también advirtieron que los más afectados serían aquellos que trabajaron durante los últimos 25 años bajo el régimen de libre contratación y no reunieron el mínimo de aportes requeridos para lograr el 60%, por lo que una gran parte agonizará con rentas de 700 y 800 bolivianos en su tercera edad.

A más de dos años de la promulgación de la ley del MAS, los diferentes sectores, sobre todo aquellos sometidos al régimen de libre contratación, sufren en carne propia las consecuencias de la curiosa “política social” del gobierno. (3)

Si un trabajador que gana 1.500 bolivianos aporta mensualmente 150 bolivianos habría ahorrado 54 mil en 30 años, y más la rentabilidad de 8% anual lograría un saldo acumulado aproximado de 125 mil bolivianos. De acuerdo a la ley, debería recibir una pensión de Bs. 900 (60% del referente salarial de 1.500); sin embargo, su ahorro no alcanza para financiar ese monto y la AFP le asigna apenas 635 bolivianos de pensión mensual. (4)

Los hechos son claros y demuestran que Evo y Goni aplican la misma política en la seguridad social, que consiste básicamente en pagar menos rentas para abaratar la fuerza de trabajo y asegurar a los empresarios nacionales y extranjeros mayores ganancias a costa de la destrucción física del trabajador.

Según Lora, “a Evo Morales no le interesa el bienestar de los bolivianos pobres, y sólo le importa cuidar la inversión y la renta de los ricos; prefiere dar rentas de hambre a los trabajadores condenándolos a una lenta agonía en su vejez, antes que afectar la ganancia de los empresarios…”.

La posición del movimiento obrero

El peor error cometido por la cúpula sindical de la COB es haber sectorializado la lucha por mejores rentas de vejez. Los mineros, por ejemplo, pelean por romper el tope máximo de 3.500 Bs. que fija la ley, y exigen aumentar el referente salarial para el cálculo de las pensiones de 60 al 70%.

Sin embargo, la inmensa mayoría de trabajadores (fabriles, maestros, sanitarios, empleados de la seguridad social, etc.) percibe sueldos miserables, y el 70% de los mismos no llega ni siquiera al tope máximo de 2.600 Bs. establecido por la ley del MAS. Por tanto, para todos ellos es ocioso discutir sobre los topes propuestos por el gobierno (3.200 Bs.) y la COB (5.000 Bs.) porque nunca podrán ni siquiera aproximarse a esos montos. (Ver documento adjunto)

Además, los sindicalistas gobiernistas aceptan implícitamente la pretensión gubernamental y empresarial de mejorar las rentas aumentando el aporte de los trabajadores de manera directa o a través de la creación de fondos complementarios, como plantean los dirigentes oficialistas del magisterio urbano y rural. (5)

La burocracia sindical, las tendencias reformistas y la clase dominante pretenden hacer creer a los trabajadores que la patronal es solidaria y hasta “filantrópica” cuando aporta un 3% del total ganado por el trabajador al fondo solidario creado para mejorar las rentas demasiado bajas.

El Estado y la clase dominante alegan que la crisis y la difícil situación económica de las empresas impiden aumentar el aporte patronal al sistema de seguridad social, como si estos recursos salieran del bolsillo del patrón o mermaran las ganancias de los dueños de las empresas. Lo que ocurre en la práctica es que la burguesía recarga todos sus gastos (aportes patronales y los salarios de sus obreros) al costo de las mercancías producidas. Es así que quien paga en última instancia todos los costos de producción son los consumidores, y por ende el mismo trabajador.

Con esos antecedentes, la posición del movimiento obrero es categórica: La jubilación, al ser parte del salario, la deben pagar el empresario, que acumula ganancia con la explotación de la fuerza de trabajo, y el Estado, que se beneficia con los impuestos de los trabajadores. De ahí que los maestros urbanos de base rechazan enérgicamente cualquier intento de cargar sobre sus espaldas una posible mejora de las rentas.

En el escenario actual, recalcan los maestros, la única manera de unificar los objetivos de lucha en torno a ley de pensiones es exigir una renta igual al 100% del promedio de los últimos 24 sueldos para todos los sectores, tanto para aquellos abrumadoramente mayoritarios que agonizan con sueldos y salarios miserables como para otros minoritarios que coyunturalmente tienen sueldos altos. Esto supone exigir que los aportes patronales suban del 3% a por lo menos 6% y que el Estado como tal contribuya al menos un 2% adicional.

La concepción obrera de la seguridad social y del salario radica en luchar por reducir la bolsa del patrón y achicar cada vez más el tamaño de la plusvalía, es decir el trabajo no pagado a los trabajadores que es la fuente de la acumulación de ganancia del empresario. Planteado así el problema, la lucha salarial y por el régimen de rentas es parte intrínseca de la lucha de clases porque termina socavando los cimientos del sistema social y el destino del Estado burgués.

Notas:

1. El Sistema Integral de Pensiones en vigencia está compuesto por tres regímenes de aportación: el contributivo de los trabajadores que aportaron gran parte de su vida laboral y pueden financiar su jubilación por cuenta propia; el semi contributivo para las personas que aportaron durante una fracción de su vida laboral y requieren del Fondo Solidario para incrementar sus rentas; y el no contributivo que se aplica a las personas que nunca aportaron al sistema y reciben sólo la Renta Dignidad como aporte específico del Estado.

2. El Fondo Solidario se financia con un aporte patronal del 3%, la contribución laboral de 0,5%, el pago de primas y riesgo provisional de 2%, y un porcentaje variable del aporte solidario de personas con ingresos superiores a 13 mil bolivianos.

3. Los efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas se jubilan con el 100% sobre su referente salarial (excepto la tropa policial) gracias al respaldo económico del Estado. Por ejemplo, para que alrededor de 1.300 militares se beneficien con una jubilación del 100% de su remuneración, Estado aporta casi dos millones de bolivianos mensuales. Contrariamente, los profesionales independientes están abandonados a su suerte. Como prueba de semejante discriminación, la red Erbol citó el caso de una trabajadora que gana 8.481 bolivianos y que acumulaba hasta junio de 2012 un fondo individual de 233.880 bolivianos. Su AFP le advirtió que “no cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Pensiones N. 065… y su aporte no alcanza al 60% de su referente salarial que es de Bs.5.160”, razón por la cual sólo recibirá una pensión de vejez de 2.618 bolivianos, es decir menos del 30% de su salario.

4. ¿En qué consiste la ley de pensiones actual? Características, alcances y problemas; Bruno Rojas Callejas, investigador del CEDLA, abril de 2013.

5. La burocracia sindical del magisterio plantea que su mutualidad (MUMANAL) que funciona con aportes de las bases se convierta en fondo complementario para que sea el mismo maestro quién saque del bolsillo mayores aportes con la finalidad de mejorar en algo las miserables rentas que establece la ley del MAS.