Editorial
En una nueva arremetida, el vicepresidente Álvaro García Linera lanzó duros ataques contra cuatro organizaciones no gubernamentales (ONG) del país, todas ellas reconocidas, prestigiosas y apreciadas en sus respectivos ámbitos. Se ha referido a CEDIB, CEDLA y las fundaciones Tierra y Milenio.

Todas estas instituciones reciben generalmente recursos de la cooperación internacional o fundaciones internacionales que, en todo el mundo, estudian o defienden determinados temas, derechos o principios. Si bien es conocido que cada una de ellas tiene distinta orientación política,  se caracterizan por un trabajo serio y técnico. CEDLA y Milenio abordan en líneas generales el mismo campo de acción, el análisis económico, aunque con énfasis diferentes. A la segunda le preocupa más el comportamiento de las empresas estatales, por ejemplo, y en general la marcha de la macroeconomía, mientras que la primera se aboca a temas como la calidad del empleo, el acceso a pensiones y el combate a la pobreza. Las dos son apreciadas por la seriedad de sus investigaciones. No hay nada que ellas publiquen que no sea basado en riguroso trabajo empírico; sin mencionar que en un país que no cuenta con estudios estadísticos serios y accesibles en las entidades públicas, estas instituciones aportan valiosamente al análisis nacional.

CEDIB, por su parte, es uno de los centros de documentación más importantes de América Latina. Tiene millones de noticias y otros documentos clasificados y archivados, siendo de máxima utilidad para estudiantes universitarios, tesistas de grado, autoridades, medios de comunicación y público en general. Decenas de entidades recurren al valiosísimo archivo de CEDIB, que tiene información desde hace 40 años para hacer sus investigaciones.

Finalmente, la fundación Tierra,  es la entidad que con mayor persistencia y seriedad ha trabajado los temas relacionados al nombre de la entidad: acceso a la tierra, producción agrícola, sistemas de riego, uso de semillas, etc. Durante los años 90 fue un factor importante para denunciar el desequilibrado acceso a la tierra en Bolivia, con campesinos empobrecidos beneficiándose con una pequeña parte del total, y grandes pero escasos terratenientes, muchos de ellos extranjeros, acaparando la mayoría.

Las ONG, por otra parte, son actores sociales esenciales en todo país democrático, y su trabajo está respaldado por los derechos a la libre asociación reconocidos por la Constitución Política del Estado y  por tratados internacionales de derechos humanos; además que tienen, como todo actor social, derecho a la libre expresión y opinión.

Lo curioso es que muchas de estas ONG -como la danesa Ibis, expulsada por el gobierno en diciembre de 2013 por supuesta injerencia política- tuvieron un papel predominante en la ascensión al poder del MAS y varias de sus actuales principales figuras -entre ellas el propio Vicepresidente, de quien se conoció recientemente que postuló en 2004 para ser  director del CEDLA- como miembros activos y representantes. Más aún, cuando era diputado nacional, el ahora presidente Evo Morales envió una carta de respaldo al Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) en la que destaca a esa intuición “porque defiende” los intereses de los “productores de coca” y “apoyó (…) a los dirigentes de las Federaciones en momentos de represión”.

Las razones esgrimidas por el Vicepresidente, que cada vez actúa más como un censor que como un intelectual, para decir que “expulsará” a estas entidades, es que todas ellas “mienten” y “actúan políticamente”, aunque no dio prueba alguna de ello.

Por tanto, lo que se puede deducir es que  la razón del encono estriba en que las cuatro mencionadas ONG son críticas con las acciones del gobierno, como lo fueron con los regímenes anteriores. Pero los regímenes anteriores  no amenazaban con expulsar a nadie. Es una muestra más del esfuerzo gubernamental por imponer una hegemonía sin derecho a disenso ni crítica.

Las ONG, por otra parte, son actores sociales esenciales en todo país democrático, y su trabajo está respaldado por los derechos a la libre asociación.

 La razón del encono estriba en que las cuatro mencionadas son críticas con las acciones del gobierno, como lo fueron con los regímenes anteriores.

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