NOTA DE PRENSA

Un análisis del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) identifica los impactos económicos y sociales del modelo agrario en curso

El gobierno del MAS, que se inició con la promesa de dejar atrás el modelo de desarrollo agrario inspirado en políticas neoliberales –las cuales concentraron la riqueza en pequeños grupos de élites y discriminaron a las economías campesinas, comunitarias y asociativas–, no ha podido superar el patrón de desarrollo agrario de tipo exportador que criticaba y al que le atribuía ser causante de la pobreza y las desigualdades en el campo.

Las políticas agrarias orientadas al incremento de la producción agrícola del país siguieron promoviendo la expansión de la frontera agrícola y no el incremento de la productividad de los cultivos. Por ello, hoy, la producción agrícola intensiva a gran escala se está expandiendo hacia tierras que no son aptas para este tipo de agricultura, provocando los alarmantes índices de deforestación que vienen presentándose en los últimos años.

“La expansión de la frontera agrícola hacia áreas menos aptas para la producción intensiva, es decir, hacia bosques y reservas naturales, conduce a un proceso que, en el mediano plazo, va a ser insostenible”, alertó Enrique Ormachea, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

Ormachea detalló que, desde la Revolución del 52, los diferentes gobiernos han promovido el desarrollo de la agricultura capitalista y la agroindustria en tierras bajas a través de programas, proyectos, financiamiento, asistencia técnica, ventajas tributarias e infraestructura vial.

Este tipo de apoyo estatal, señala el investigador, se concretó durante tres ciclos. En el primero (1952-1984), se planteó la sustitución de las importaciones de arroz, maíz, caña de azúcar y algodón, para lo cual se incentivó el cultivo de esos productos en el norte cruceño. Esto fue posible gracias a que la misma Ley de Reforma Agraria de 1953 no afectó a las grandes propiedades de oriente y determinó la distribución de tierras a colonos nacionales y extranjeros.

Este proceso permitió que las haciendas, transformadas en empresas grandes y medianas, y colonos nacionales y extranjeros (menonitas y japoneses) incrementaran la producción agrícola para el mercado interno y generaran excedentes destinados a mercados internacionales.

En el segundo ciclo (1985-2015), el objetivo fue la exportación de oleaginosas, en especial de la soya. Fue una opción frente al colapso del precio del estaño, que causó la recesión de la economía al inicio de ese periodo. Un impulso importante en esos años fue la promulgación en 1996 de la Ley INRA, que consolidó la seguridad jurídica de las tierras de grandes y medianas empresas, las cuales expandieron los cultivos de granos en el norte y este del territorio cruceño con el concurso de empresarios brasileros y argentinos.

En el tercer ciclo (2006 en adelante), los gobiernos de Evo Morales, Jeanine Añez y Luis Arce se enfocaron en la exportación de granos y de carne, y en la producción de caña de azúcar para la producción de etanol y de cultivos oleíferos para la producción de biodiesel. Este tercer ciclo se destaca, además, por políticas orientadas a promover la expansión de la agricultura y la agroindustria en el norte de La Paz, el Beni y Pando.

En este tercer ciclo, juegan un rol importante las políticas de tierras, como la Ley 3545 de 2006 y la Constitución de 2009, que constitucionaliza la gran propiedad agraria como base fundamental para el desarrollo de la agropecuaria, y la distribución masiva de tierras a “interculturales”. En esta etapa se consolidó la agroindustria privada nacional y extranjera.

El CEDLA constata que las políticas agrarias orientadas a privilegiar el desarrollo de la agricultura capitalista y la agroindustria en las tierras bajas del país están profundizando un desarrollo marcadamente desigual de la agricultura entre departamentos. Así, mientras el departamento de Santa Cruz marca la tendencia del crecimiento del desarrollo agrícola del país y concentra en 2022 el 73% del total de la producción agrícola, el resto de los departamentos presentan una producción agrícola prácticamente estancada.

Pero también, las políticas agrarias del gobierno del MAS no pudieron cambiar la cada vez menor importancia de la producción agrícola campesina en el conjunto de la producción agrícola del país. Con datos del censo agropecuario, el CEDLA constata que la mayor parte de la producción agrícola (68,4%) corresponde a unidades productivas agropecuarias (UPA) capitalistas, es decir aquellas que producen con el concurso exclusivo de fuerza de trabajo asalariada, el 23,3% a pequeños productores capitalistas que producen combinando fuerza de trabajo no remunerada con trabajo asalariado, y sólo el 8,3% a las explotaciones campesinas, es decir aquellas que producen con el concurso exclusivo de fuerza de trabajo no remunerada.

Estos datos, remarca el CEDLA, demuestran que la mayor parte de la producción agrícola del país recae en los obreros agrícolas asalariados, cuyos trabajos se caracterizan por una extrema estacionalidad, bajos salarios y sin derechos sociales y laborales.

Pero también, las políticas agrarias perpetuaron el minifundio, principalmente en el altiplano y los valles, pues las unidades agropecuarias campesinas tienen en promedio 1,45 hectáreas en propiedad o usufructo, extensiones prediales a partir de las cuales no es posible un desarrollo agrícola vigoroso, si es que no se encuentran nuevas formas de producción.

Debido a este escenario, del total de las UPA campesinas, el 54% son pluriactivas, es decir, son explotaciones cuyos miembros ya no pueden vivir única y exclusivamente de su producción agrícola, insertándose, por tanto, en actividades independientes o asalariadas en otras ramas de la economía. De este total, el 67% declara que la mayor parte de sus ingresos, proviene del trabajo extrapredial.

En las zonas de expansión de la agricultura capitalista, remarca Ormachea, los campesinos pobres –además de convertirse en fuerza de trabajo asalariada eventual para la gran y mediana empresa– tienden a vender o alquilar sus tierras. Lo mismo sucede con los pueblos indígenas, que se ven obligados a alquilar sus tierras comunales o vender parte de ellas de manera ilegal.