La instalación de un ingenio azucarero en el norte del departamento de La Paz, el impulso de la agroindustria en el departamento de Pando y la promoción del cambio de uso de suelo en el departamento del Beni para expandir la agroindustria de granos y la ganadería de exportación son parte de un conjunto de políticas públicas con las que el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) busca promover la expansión territorial de la agricultura capitalista hacia la Amazonía boliviana desde el año 2006, explica el investigador Enrique Ormachea, del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
Pero este apoyo estatal para expandir la agroindustria hacia las tierras bajas del país no es reciente y se remonta a la década de 1950. Para explicar este proceso, el investigador del CEDLA identifica tres ciclos: los dos primeros, período nacionalista (1952-1984) y período neoliberal (1985-2005), centran su mirada en Santa Cruz, en lo que se denominó “la marcha hacia el oriente”; y el tercero (desde 2006 hasta la fecha) promueve “la marcha hacia la Amazonía”, es decir, la expansión hacia los departamentos de Beni, Pando y el norte del departamento de La Paz.
La aplicación de estas medidas gubernamentales ha derivado en un estancamiento de la producción agrícola campesina en el altiplano y los valles del país, y en un incremento de la actividad agropecuaria en los llanos. Los datos confirman esta tendencia. Entre 1950 y el año 2020, la superficie cultivada a nivel nacional creció un 494%. En los departamentos de las tierras bajas del país (Beni, Pando y Santa Cruz), esta superficie aumentó en 3.861%, la mayor parte en Santa Cruz. En el mismo tiempo, el hato ganadero se incrementó más de tres veces; y en 2020 el 74% estaba concentrado en los departamentos de Santa Cruz y Beni.
Esta expansión de la agroindustria hacia las tierras bajas ha generado una serie de transformaciones sociales, ambientales y económicas, como la migración interna y también extranjera que se promovió para colonizar los nuevos territorios, la mercantilización de la tierra, el crecimiento de las hectáreas cultivadas en territorios que no eran aptos para la agricultura o la expansión de la frontera agrícola a costa de los bosques y sin respetar las áreas protegidas y los territorios indígenas, detalla Ormachea.
Primer ciclo de apoyo estatal para la sustitución de importaciones
Hasta la década de 1950, la vida social, cultural, económica y política del campo en Bolivia estaba marcada por el sistema de hacienda. La mayor parte de la producción agrícola se realizaba en las haciendas con trabajo servil y por las comunidades de autoconsumo. Por ello, Ormachea asegura que “la producción y la productividad agrícolas eran muy bajas y con un peso significativo de cultivos ‘tradicionales’ andinos” (papa, maíz blando, quinua, trigo, cebada y haba); mientras que los cultivos tropicales (arroz, caña de azúcar, algodón, café y plátano) no representaban importancia, y mucho menos los forrajeros, debido a que la ganadería bovina estaba atrasada.
En ese contexto, en 1952 inicia el primer ciclo de apoyo estatal para la expansión de la agroindustria en las tierras bajas del país y se extiende por más de 30 años, hasta 1984, en lo que se denomina el período nacionalista o de sustitución de importaciones.
En este ciclo, el modelo de desarrollo estaba “basado en una estrategia de sustitución de alimentos manufacturados y de materia prima para la industria textil, así como en la diversificación de importaciones”, puntualiza Ormachea. De esta manera, se impulsan los cultivos de arroz, caña de azúcar, maíz y algodón para el consumo interno en la región cruceña denominada Norte Integrado (compuesta por las provincias Andrés Ibáñez, Warnes, Obispo Santistevan, Sara e Ichilo); y la ganadería bovina en Santa Cruz, pero fundamentalmente en el Beni.
Para el investigador, en este período el desarrollo de la agropecuaria capitalista y de la agroindustria “tuvo como soporte central una reforma agraria que, en las tierras bajas, consolidó la propiedad agraria de buena parte de las haciendas agrícolas y ganaderas promoviendo su transformación en empresas agropecuarias capitalistas y que también, por la vía de la adjudicación gratuita de tierras, promovió la conformación de nuevas explotaciones agropecuarias capitalistas y la presencia de colonizadores nacionales y extranjeros”.
En cuanto al desarrollo de la infraestructura caminera, es importante mencionar la relevancia que tuvo la conclusión de la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, en 1954, para la integración de ese departamento con el resto del país.
Segundo ciclo, el desarrollo de la soya y sus derivados
Este ciclo inicia en 1985, cuando comienza la aplicación del modelo neoliberal en el país, y dura 20 años, hasta el 2005. En este período se siguió promoviendo el desarrollo de la agroindustria en Santa Cruz, pero esta vez a partir de la soya como el cultivo principal. El modelo de desarrollo estaba “basado en potenciar rubros de exportación no tradicionales, entre los cuales destacaba el sector oleaginoso”, en específico los derivados de la soya; además de promover la exportación de castaña beneficiada en el norte amazónico del país, señala Ormachea.
En línea con el nuevo modelo económico, el gobierno promovió la inversión extranjera para el desarrollo de este grano logrando la “presencia de empresarios brasileños y argentinos que, junto a las colonias menonitas y japonesas, producen una parte importante de la soya en el país”, afirma el investigador y agrega que también se generó “la presencia hegemónica de subsidiarias de grandes empresas transnacionales de acopio, procesamiento y comercialización de granos y alimentos”.
A partir de la década de 1990, se dio la expansión de la frontera agrícola en tierras ubicadas al este del departamento de Santa Cruz, específicamente, en las zonas del tramo Pailón-Los Troncos, al este del Río Grande y en el área situada al norte de San José de Chiquitos, en el marco del proyecto Tierras Bajas del Este que fue financiado por el Banco Mundial y que tenía como objetivo ampliar la agricultura capitalista mediante la producción de soya y trigo. Territorios hacia los cuales se abrieron caminos y en los que actualmente se concentra la producción de soya.
Para esta expansión de la frontera agrícola, la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria (INRA) de 1996 fue, y sigue siendo, clave. A través de esta normativa “se consolidó la gran propiedad agraria promovida por la Reforma Agraria de 1953, se procedió a sanear grandes extensiones territoriales para dar curso a la producción masiva de soya en las mejores tierras de Santa Cruz a través del proyecto Tierras Bajas del Este y se constituyó en el instrumento que permitió dar continuidad al objetivo del desarrollo del capitalismo en la agricultura”, afirma Ormachea.
Tercer ciclo, la expansión de la agroindustria hacia la Amazonía
Al final del segundo ciclo, Bolivia vive una crisis del modelo neoliberal. Así, en 2006 el primer gobierno del MAS, con Evo Morales como presidente, comienza a aplicar un nuevo modelo económico heterodoxo que combina la persistencia de políticas neoliberales con keynesianas. Se inicia así el tercer ciclo de apoyo estatal para la expansión de la agricultura capitalista.
Este, si bien sigue promoviendo la expansión de la agroindustria en el departamento de Santa Cruz, a diferencia de los dos ciclos anteriores promueve la expansión de la agroindustria hacia la Amazonía boliviana (departamentos de Beni, Pando y norte de La Paz) a través de la producción de granos, de la exportación de carne bovina y de la producción de biocombustibles.
Para lograr esto, el planteamiento principal del gobierno es la ampliación de la frontera agrícola de 3,8 millones de hectáreas a 13,5 millones en 2025, de acuerdo a lo establecido en la Agenda Patriótica 2025.
El gobierno del actual presidente, Luis Arce Catacora, también del MAS, sigue la misma política de expansión hacia la Amazonía emprendida por Evo Morales. Prueba de ello es el mensaje que publicó en su cuenta de Twitter con motivo del 178 aniversario del departamento del Beni: “Tenemos el objetivo de posicionar al departamento del #Beni como el nuevo granero de #Bolivia. Además, de retomar la hidrovía Ichilo-Mamoré que permitirá aumentar nuestra producción de carne y productos amazónicos #VamosASalirAdelante”.
La marcha hacia la Amazonía boliviana, ¿a qué costo?
Si bien el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, en 2007 planteaba la implementación en el país de un “nuevo patrón de desarrollo productivo rural que sea ambientalmente sustentable, que alcance la soberanía alimentaria y que genere un mayor excedente”, el modelo de desarrollo agrario que se busca implementar en la Amazonía boliviana es el cruceño, es decir, el desarrollo de una agroindustria de exportación, fundamentalmente, con base en la gran empresa agropecuaria.
Entre los actores locales y departamentales de la Amazonía boliviana hay quienes apoyan la aplicación del modelo en sus regiones y otros ya observan algunas consecuencias de su aplicación. Por ejemplo, para el sector empresarial beniano, el modelo de desarrollo agrícola que se debe seguir en ese departamento es, definitivamente, el cruceño. Mientras que para algunos dirigentes indígenas del norte de La Paz, los cambios que se están dando en el uso del suelo en esa región y en las provincias benianas limítrofes se deben a la expansión del modelo cruceño y vinculan estos hechos con los incendios que se dieron recientemente en la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas.
Al respecto, Ormachea señala que si bien el modelo cruceño “ha tenido efectos positivos al incrementar de manera importante la producción agrícola en el país, no se puede ocultar que este ha tenido también costos ambientales y sociales que son importantes de recordar”. Entre ellos menciona los siguientes:
- El incremento de la producción agrícola se ha dado a través de la ampliación de la frontera agrícola y no a partir de incrementos de productividad, es decir de incrementos en los rendimientos agrícolas.
- Si bien en parte la ampliación de la frontera agrícola se ha dado en tierras aptas para la agricultura mecanizada, también es cierto que se ha dado sobre tierras que no tienen vocación agrícola, implicando serios problemas para la sostenibilidad de la producción agrícola en el país.
- La ampliación de la frontera agrícola se ha dado a costa de los bosques y en varias zonas no se han respetado las áreas protegidas.
- La ampliación de la frontera agrícola ha tenido efecto sobre las comunidades campesinas e indígenas que han sufrido procesos de desposesión de sus tierras por la vía del mercado (venta y alquiler de tierras) o a través del avasallamiento de tierras de sus comunidades.
- Los trabajadores asalariados temporales, o sea los peones y jornaleros que han sido incorporados a la producción agrícola a gran escala, no cuentan con derechos laborales y sociales que los protejan.