El norte del departamento de La Paz fue y sigue siendo visto por las autoridades nacionales como una zona apta para el desarrollo de la agroindustria. En ese marco y en lo que se llamó “la marcha al norte”, en la década de 1970, la Corporación Regional de Desarrollo de La Paz (Cordepaz) planteó entre sus proyectos el establecimiento de una industria azucarera en el municipio de San Buenaventura, cuya instalación fue autorizada en 1977, pero que no prosperó debido a los malos resultados alcanzados en la siembra de caña. Treinta años después, el gobierno del MAS retomó la idea y en 2010 aprobó la creación de la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA) sin tomar en cuenta esa experiencia previa ni los resultados de los estudios que se hicieron a pedido del propio gobierno que señalaban que los suelos y el clima de la zona son marginales (poco aptos) para cultivos maquinizados a gran escala, afirma el investigador Daniel Robison en un estudio que realizó sobre la empresa azucarera.
Al respecto, el investigador del CEDLA, Enrique Ormachea, señala que esta decisión del gobierno del MAS de desarrollar el norte del departamento de La Paz tiene como fin “replicar la denominada ‘marcha al Oriente’ —promovida por los distintos gobiernos a partir de la segunda mitad del siglo XX— que convirtió al departamento de Santa Cruz en el principal productor agropecuario y agroindustrial del país”. En ese sentido, el proceso que se vive actualmente en la región formaría parte del tercer ciclo de apoyo estatal orientado a la expansión territorial de la agroindustria hacia la Amazonía, que inició en 2006, afirma el investigador.
Ruth Alipaz, lideresa indígena de San José de Uchupiamonas y coordinadora general de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP), coincide con lo señalado por Ormachea. Para ella, las transformaciones en la región se deben a la expansión del modelo cruceño, que ya estaría mostrando cambios en el uso de suelos en provincias limítrofes del departamento del Beni (Vaca Díez y Ballivián). “Estamos en proceso de meterle, como ha hecho Santa Cruz. En menos de diez años hay una destrucción total de todos sus bosques. Ya han hecho ensayos aquí, ya se ha incendiado el Pilón Lajas, el Madidi [en octubre de 2021]”, describe con preocupación.
EASBA está instalada en el municipio de San Buenaventura, en la provincia Abel Iturralde —la única completamente amazónica y la más extensa (3.989.901 hectáreas de superficie total)—. El territorio de la provincia “está dominado por bosques tropicales húmedos y el 88% de su superficie ha sido declarada bosque de producción permanente. Sin embargo, cuenta también con pastizales naturales, lo que permite el desarrollo de la ganadería, y también con tierras que tienen poco potencial para el desarrollo de la agricultura”, señala Ormachea.
De acuerdo al Censo Agropecuario de 2013, la superficie cultivada en la provincia era de 6.983,8 hectáreas con cultivos sucesivos. Los cultivos con la mayor superficie cultivada eran el arroz con cáscara (1.511,8 hectáreas), el maíz (1.086,5 hectáreas) y el plátano (postre) (802,2 hectáreas). Según la memoria institucional de EASBA de 2020, se tendrían 3.327,68 hectáreas cultivadas de caña de azúcar, por lo que, en la actualidad, sería el mayor cultivo de la zona.
Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA)
EASBA, una empresa estatal cuyo funcionamiento se promovió a pesar de todo
En noviembre de 2006, el gobierno de Evo Morales declaró como prioridad nacional la construcción del Complejo Agroindustrial de San Buenaventura, mediante Ley 3546. Según Robison, en los siguientes cuatro años “se hicieron estudios dispersos. Hubo sendas misiones de Cuba y Brasil, cuyos escuetos informes concluyen que la zona es marginal (poco apta) en suelos y en clima. Además, la misión cubana tomó muestras de la caña de la zona y encontró porcentajes muy bajos de sacarosa, con un promedio de 11,44%”.
Estos estudios no se difundieron y nunca se mencionaron al justificar el ingenio, añade Robison. Así, en 2010 se creó la EASBA, mediante Decreto Supremo 637, para que, además de producir caña de azúcar, produzca y comercialice azúcar refinada y sus derivados. La puesta en marcha de la empresa requirió un total de 1.832 millones de bolivianos (es decir, 263 millones de dólares), provenientes de tres créditos otorgados por el Banco Central de Bolivia (BCB).
La planta industrial comenzó a construirse a finales de 2012, para cuyo predio se deforestó un total de 4.500 hectáreas. La entrega de la planta industrial se realizó de manera provisional en 2016 —año de su primera zafra— y la recepción final se dio a finales de 2017. Si bien estaba prevista para 2015, el retraso se debió a la falta de materia prima para probar la planta y no a que se haya incumplido el contrato, aclara Robison.
Al respecto, en 2017, al momento de participar en el inicio de la segunda zafra comercial, el entonces presidente Evo Morales decía: “Quiero aprovechar la oportunidad para convocar al movimiento campesino, indígena, empresarios para ampliar la plantación de caña de azúcar […] Quiero decirle al movimiento campesino que están atrasados en garantizar la materia prima, si no hay cierta capacidad para garantizar, el Estado obligado tendrá que producir”.
Vista panorámica de la planta industrial de EASBA. Fotografía: EASBA, disponible en: www.twitter.com/EASBA_Bolivia
Según Robison, no se cuenta con información verídica de los últimos dos años. Su investigación se basa en datos de la Audiencia Pública 2018-2019, a partir de los cuales afirma que “el rendimiento industrial de azúcar es bajísimo, de entre 22 kg/t y 79 kg/t, con la proyección optimista de 82 kg/t en 2019. Esta es la mejor prueba de que, además de tener bajo rendimiento de caña en campo, el porcentaje de sacarosa también es mucho menor que el esperado. Su proyección optimista [de EASBA] para 2019 sería una relación de 12,2 t de caña por 1 t de azúcar, que sigue siendo muy baja. Esto indica que hay problemas serios a nivel de campo, pero también en el ingenio el rendimiento industrial está muy por debajo de lo deseable”.
A esto se suma que el Balance General de EASBA de 2018 muestra una deuda de 1.913 millones de bolivianos con el Banco Central de Bolivia (BCB) y un patrimonio institucional negativo de más de 275 millones de bolivianos. Estos datos demuestran que los ingresos no cubren los montos de la deuda y que están muy lejos de cubrir, al menos, los costos de operación.
Un informe de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), dependiente del Ministerio de la Presidencia, difundido por medios de comunicación en 2021, también mostró una pérdida de 228,88 millones de bolivianos hasta el año 2019. Por ello, apunta Robison, la continuidad de la empresa azucarera sólo será posible con enormes subsidios.
Los mayores proveedores privados de EASBA son ganaderos benianos y no campesinos del norte paceño
La instalación del ingenio azucarero en San Buenaventura tenía entre sus fines beneficiar a los campesinos de la zona, sin embargo, Robison señala que hasta la fecha muy pocos productores locales se han involucrado y la mayoría del trabajo lo realiza la empresa, en consonancia con lo anunciado por Morales en 2017. “En el momento de insistir sobre el Ingenio prometieron a la gente, desde Yucumo hasta Ixiamas, que todos ellos podrían producir caña para el Ingenio, cuando sabíamos que en ningún ingenio en el mundo, donde se maneja con buena gerencia, se tiene caña a más de 20 o 25 kilómetros del ingenio”, agrega.
La información proporcionada por EASBA en la Rendición Pública de Cuentas Inicial de la Gestión 2021 corrobora lo señalado por Robison e incluso pone en evidencia que se está abasteciendo también de caña proveniente del Beni. Para la zafra 2021, la empresa tenía estimado un total de 208.449,17 toneladas de caña de azúcar para que ingrese a la planta industrial para su procesamiento. De este total, 190.294,36 toneladas corresponden a EASBA (91%) y 18.154,81 toneladas a los productores independientes (9%). Entre estos últimos están, cinco proveedores de comunidades del norte de La Paz (El Porvenir, Buena Vista, Santa Anita y San Miguel) y tres del municipio de Reyes en el Beni que concentrarían la mayor cantidad de caña de los productores independientes, 14.812,18 toneladas.
Los encargados de producir caña en Reyes son los ganaderos de este municipio que lo hacen para diversificar su producción y también porque se trata de “un muy buen negocio”, aseguran, dado que la propia empresa se encarga de todo el proceso productivo y del transporte de la caña hasta el ingenio, según el reporte del periodista José Antonio Gómez de radio Ritmo de Reyes para el ciclo de programas “Amazonía en la mira” del CEDLA, realizado en colaboración con seis radios de la red Amazónica y difundido por la red ERBOL.
Cañaverales en Reyes. Fotografía proporcionada por José Antonio Gómez.
Según estos productores, el municipio de Reyes tiene características “únicas” que lo diferencian de San Buenaventura. “Primero, llueve menos, tenemos 1.700 mm, allá tienen 2.200 mm. Nuestro año agrícola es más largo, tenemos cinco meses de año agrícola. En San Buenaventura tienen dos meses y medio de año agrícola, sembrando aquí podríamos ampliar meses la zafra allá. Segundo, en San Buenaventura es muy cara la siembra […]. Allá cuesta 4.800 dólares, aproximadamente, la siembra de una hectárea de caña, por el desmonte, y aquí está en 1.000, 1.200”, señala Marcelo Urioste, productor de caña hace más de 2 años.
Por su parte, Walter Hurtado cuenta que se volvió cañero porque vio que era un negocio productivo luego de visitar los cañaverales de San Buenaventura. Afirma que tuvo “una gran suerte” porque EASBA trajo “tres orugas grandes, cuatro tractores, sembradoras, todo el equipo, más o menos unos 40 hombres” para cultivar caña en una superficie de 200 hectáreas que estaban destinadas a pastos cultivados para la ganadería.
Esto se debe a que la empresa tiene dos modalidades de trabajo con los productores y, en ese sentido, dos maneras de hacer el pago por tonelada de caña, informa Robison: “Cuando EASBA hace todas las labores, incluyendo transporte, paga US$ 14/t caña. Cuando el productor hace las labores de control, cosecha, transporte y entrega la caña en el ingenio, el costo se calcula en US$ 24/t caña”.
Así, de acuerdo a lo señalado por Hurtado, en Reyes se estaría aplicando mayoritariamente la primera opción, puesto que los dueños de la caña no incurren en “ningún costo” y el ingenio les paga 14 dólares la tonelada “en su casa”. Incluso, la empresa estatal “está pagando por la caña entregada y no de acuerdo con la sacarosa (por lo que) vale la pena sembrar en Reyes”, dice Jorge Serrate Simons, ganadero de la zona.
Tomando en cuenta que la producción de caña de azúcar en el Beni fue una de las salidas surgidas desde la planta ejecutiva de EASBA, aduciendo menores costos de producción, Robison plantea en su investigación que “sería mucha ironía que el ingenio, que fue presentado como ‘un regalo para el departamento de La Paz’, continúe operando con gran pérdida, como siempre, pero subvencionando a ganaderos del Beni”.
Minería y colonizadores
Expansión de la minería aurífera y nuevos colonizadores en la Amazonía paceña
En la provincia Iturralde se ha dado un proceso de colonización, que se podría decir inició en la década de los ochenta del siglo pasado, debido a la migración generada por la relocalización minera, señala Alipaz. Para ella es importante diferenciar a los que llegaron antes, con la Federación Sindical de Productores Agropecuarios de la Provincia Abel Iturralde (FESPAI) y se instalaron sobre la carretera; de los que llegaron durante el gobierno del MAS: “Ya con el gobierno de don Evo Morales pasa a otro nivel este plan de colonización hacia el norte de La Paz y la Amazonía y, particularmente, hacia el Madidi”.
Al respecto, Paola Guerra, exsubgobernadora de la provincia Iturralde y actual dirigente de Ixiamas, cuenta cómo operan los nuevos colonos: “Ellos agarran un pedazo de tierra, se declaran en comunidad. Están a la cabeza de fulano. Pasa un lapso de tiempo, aparecen otros comunarios en la misma comunidad y pasan rotando. Hemos llegado a analizar que la mayoría de estas cabezas viven del cargo dirigencial. […] Son pocos los que producen, casi nada. La mayoría del producto que consumimos nos viene de otro lado”.
Y si estos nuevos colonos no están produciendo, ¿a qué se dedican? ¿Cómo generan sus ingresos? Coincidentemente con los nuevos asentamientos, en la zona se están desarrollando actividades extractivas que son una gran preocupación para los habitantes del lugar, sobre todo las relacionadas a la extracción de oro. Según la información oficial proporcionada por el Ministerio de Minería y Metalurgia, en 2020 el 72% de la producción de oro a nivel nacional está en el departamento de La Paz, seguido del departamento del Beni, con el 19%.
“Están atacándonos por el río Beni con minería, por el río Tuichi, desde Apolo. Esto va avanzando con la destrucción” aplicando un modelo similar al del municipio de Mapiri, cuenta con preocupación Ruth Alipaz. Y agrega que, si todo el río Tuichi está prácticamente concesionado hasta el puerto de San José de Uchupiamonas, “el pueblo está concesionado. El lago que tenemos ahí, ícono del pueblo, está concesionado”.
Río Tuichi. Fotografía: Pedro Laguna.
Esta fiebre del oro en el norte de La Paz se debe a una escalada de su precio desde el año 2010, afirma el investigador del CEDLA Alfredo Zaconeta. Ese año, la onza troy se cotizaba en 1.213 dólares y en 2020 llegó a 1.771 dólares —con una disminución entre los años 2012 y 2015—. En el mismo período, el número de cooperativas mineras a nivel departamental también se incrementó, pasó de 459 en 2010 a 1.300 en 2020, señala Zaconeta.
Y el dato no es menor, si se toma en cuenta que en 2017 en el país se tenían aproximadamente 1.400 cooperativas dedicadas a la explotación de oro y que, desde el año 2013, la producción de oro se concentra en su mayoría en las cooperativas. El 2019 fue el año récord de producción con 42 toneladas producidas a nivel nacional, de las cuales 41 corresponden a las cooperativas mineras.
Minería aurífera en Mapiri: un ejemplo de cómo se está realizando esta actividad en otras zonas del norte de La Paz. Fotografías: Wara Vargas.
¿Y qué hacen los pobladores del lugar frente a esta situación? Debido a presiones y con el argumento de la necesidad de preservar los territorios indígenas, las comunidades están siendo obligadas a desarrollar actividades mineras en los mismos. “Nos están obligando a reservar o solicitar u organizarnos como cooperativa, como comunidad, para hacer minería, para proteger nuestros territorios, nuestra área”, cuenta Alipaz el sentir de un productor.
Sin embargo, debido al auge de los precios del oro algunos comunarios ven a la minería aurífera como una fuente importante de ingresos para las comunidades. Alipaz relata el caso de un comunario que después de vivir en Santa Cruz retorna y “ahora viene a impulsar la minería mecanizada en el pueblo. Es decir, a inducir a la comunidad y decir que tenemos que aprovechar la minería”.
Para Paola Guerra, la presencia de empresas mineras en la zona cuenta con el aval de entidades públicas: “Sabemos que hay empresas mineras que ya están dosificadas con cuadrículas desde la AJAM [Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera]. Esta tiene esa cobardía, de repartir nuestras tierras como casino”. Para la exsubgobernadora esto se debe a que el oro disponible en Ixiamas es el mejor: “Estamos hablando de un oro de 24 quilates, lo que no hay en Tipuani, lo que no hay en Guanay. En Guanay hay de 18 quilates”.
Ante el fracaso económico y social del modelo EASBA como motor del desarrollo de la agroindustria en el norte paceño, la expansión de la minería aurífera en el norte de La Paz parecer ser, al menos en el corto plazo, la actividad económica extractiva que se desarrollará con mayor intensidad en la zona con todos los impactos sociales, ambientales y ecológicos que conlleva.