Con el nuevo Plan de Uso de Suelos (PLUS), aprobado en 2019, el departamento del Beni puede destinar el 39,8% de su territorio para uso agropecuario. De esa superficie, 5,5 millones de hectáreas son para uso agropecuario extensivo en todo el departamento y 301.543,8 hectáreas para uso intensivo en las provincias Cercado y Marbán colindantes con el departamento de Santa Cruz. Estos cambios en el uso del suelo han generado una gran expectativa entre las autoridades nacionales y departamentales, como también entre los empresarios que aseguran que ahora podrán desarrollar una agricultura moderna con la que el Beni dejará de ser “la región más pobre de Bolivia”. Sin embargo, también están los que cuestionan el nuevo PLUS, como las organizaciones de pueblos indígenas del Beni que pidieron su abrogación.

Para el investigador del CEDLA, Enrique Ormachea, este cambio de uso de suelo está en consonancia con las políticas nacionales del gobierno del MAS dirigidas a ampliar la frontera agrícola en la Amazonía boliviana, siendo la elaboración y aprobación del nuevo PLUS “la principal política pública orientada a sentar las bases para un mayor desarrollo de la agricultura de granos y de la producción de carne” en el departamento del Beni.

Esta iniciativa ha tenido el respaldo del anterior y el actual gobernador. En 2019, antes de la aprobación del plan, el entonces gobernador del Beni, Alex Ferrier, afirmaba que el nuevo PLUS “va a permitir, de acuerdo a nuestra visión de progreso y acorde al medio ambiente, ampliar la frontera agrícola que nos permitirá pasar de ser un departamento ganadero a tener una vocación agropecuaria integral. Verán próximamente sembradíos de soya, sorgo, maíz, girasol, entre otros cultivos”. Dos años después, en su discurso por el 179 aniversario departamental, el actual gobernador, Alejandro Unzueta, se animaba a aseverar: “El Beni, con su nuevo PLUS, se convierte en el presente agrícola de Bolivia y, por lo tanto, en el futuro económico para incrementar el PIB [producto bruto interno]”.

Esta expectativa vinculada a mejorar los indicadores económicos del departamento se debe a que en 2019, durante la elaboración del PLUS, quienes lo impulsaban insistían en señalar que el Beni era el departamento más pobre de Bolivia debido a que tenía el ingreso per cápita más bajo del país: $US 2.403 anuales, es decir, $US 200 mensuales.

Para los promotores del PLUS esto es consecuencia de una economía que depende fundamentalmente de una ganadería extensiva de muy baja productividad practicada mayoritariamente en pastizales naturales. Y atribuyen esta situación al PLUS de 2002 porque, según ellos, limitaba seriamente la agricultura intensiva a gran escala, frenando la producción agrícola y el cultivo de pastos como base para una transformación de su ganadería.

Ganadería campesina cerca de Loreto, provincia Marbán. Fotografía: Pedro Laguna.

El exdirector de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), Rolf Köhler, y uno de los impulsores del PLUS, sostiene que: “El Beni tiene un potencial enorme para ser la región más rica de Bolivia”. En una entrevista realizada por el periodista Dorian Arias de radio Bambú, Köhler plantea que incluso el Beni podría lograr una industria que genere tres mil millones de dólares por año (es decir, triplicar el PIB de 2020 que fue de 1.109,4 millones de dólares) si se trabaja en lo siguiente: “si se cultivaran 1,4 millones de hectáreas con agricultura [para el año agrícola 2019-2020, se tenían 72.294 hectáreas cultivadas en todo el departamento], si nuestro rebaño llegará a cinco millones de cabezas de ganado bovino, actualmente tenemos solamente tres; y si cultiváramos 200.000 hectáreas de eucalipto, que no es nada, para generar una industria de celulosa o de tablero [según el Censo Agrícola de 2013, ese año solo se tenían 4 hectáreas de eucalipto cultivadas en todo el departamento].

Tomando en cuenta la experiencia del departamento de Santa Cruz, Ormachea señala que a ese departamento “le ha llevado más de medio siglo producir la mayor parte de la producción de granos y otros cultivos industriales como la caña de azúcar y situarse como el principal oferente de carne para el consumo interno y la exportación”. Además, que esto fue posible gracias al “fuerte apoyo estatal en varios ámbitos relacionados directa e indirectamente con la producción agrícola y ganadera, así como también importantes inversiones realizadas por los propios productores agropecuarios”.

Plantaciones de plátano y asaí en Riberalta. Fotografía: Wara Vargas.

Nuevo PLUS: empresarios a favor, indígenas piden su abrogación

De acuerdo al nuevo PLUS, el departamento del Beni tiene cerca de 22,7 millones de hectáreas de las cuales el 56% corresponde a bosques, áreas protegidas y otras zonas de uso restringido (12.712.834,7 hectáreas); el 39,8% son tierras de uso agropecuario (9.026.912,3 hectáreas) y el 4,2%, de uso agrosilvopastoril (946.064,2 hectáreas). Con relación al PLUS de 2002, la superficie de uso agropecuario se incrementó de 30,4% a 39,8% y las hectáreas de uso agropecuario intensivo pasaron de 13.073,6 a 301.543,8 hectáreas que están ubicadas en la zona conocida como Monte San Pablo, en las provincias Cercado y Marbán que limitan con el departamento de Santa Cruz.

En ese incremento de hectáreas es donde los empresarios ven las oportunidades. De acuerdo a lo que señala Roberto Paz Barbery, gerente general de la Cámara Agropecuaria del Beni (CAB), ellos han centrado su plan de desarrollo de la agricultura en los 9,02 millones de hectáreas de sabana aluvional del departamento que identifica el PLUS para uso agropecuario. “Quiere decir que en las pampas del Beni vamos a desarrollar una agricultura moderna, sostenible, equilibrada” y no en los bosques, señala en una entrevista realizada por el periodista Carlos Vargas de radio Patujú.

De esas más de 9 millones de hectáreas, 5,5 millones de hectáreas estarían destinadas a uso agropecuario extensivo. Pensando en esa superficie, el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas del Beni, Fernando Romero, asegura que: “Ahora, con el nuevo PLUS, tenemos aproximadamente 4 millones de hectáreas en el Beni, la mayoría en las sabanas benianas, para producir arroz y otros productos. Pero tenemos un área que, estimamos nosotros, debe estar alrededor de las ochocientas mil hectáreas que son aptas para las oleaginosas [soya, maíz, girasol, sorgo]”.

Mecanización en el municipio de Reyes. Fotografía proporcionada por José Antonio Gómez.

Sin embargo, el gerente de la CAB, Paz Barbery, plantea que la expansión de la frontera agrícola se dará con el transcurrir de los años: “Si apenas desarrolláramos en los próximos 20 años un millón de hectáreas o un millón y medio, nuestra economía cambia, cambia nuestra renta per cápita, el PIB interno aumenta, contribuiríamos al país”. Además, identifica ciertos desafíos para desarrollar una agricultura competitiva y a gran escala, como el manejo de la acidez de los suelos. “Nuestras tierras, si bien son extensas, tienen un problema, son altamente tóxicas porque el aluminio está ahí y el manganeso, y eso hace que la acidez del suelo sea elevada. Cuando usted le coloca la cal agrícola (el calcáreo), esa acidez llega a un estado de neutralidad”, explica.

Y el tema del calcáreo no es menor, puesto que, por el momento, este insumo agrícola se tendría que importar de Brasil, lo que incidiría en los costos de la producción agrícola. “El cultivo de pastos en el departamento de Beni tiene relación con la necesidad de introducir calcáreo en la mayor parte de las áreas declaradas para uso agropecuario en el nuevo PLUS”, puntualiza Ormachea. A esto se suma que, según los expertos, “las bondades de su aplicación recién tienen efecto después del primer año de uso, llegando a su plenitud al tercer y cuarto años”, explica el investigador.

Preparación mecanizada de la tierra en Riberalta. Fotografía: Manfredo Sánchez.

A pesar del optimismo y las grandes expectativas de los productores agropecuarios y las autoridades departamentales, el nuevo PLUS también ha tenido voces contrarias, principalmente, provenientes de los pueblos indígenas (18 de los 36 pueblos indígenas reconocidos en la Constitución Política de Bolivia están en el Beni). Ormachea menciona que las organizaciones indígenas independientes se han opuesto a la norma porque no participaron en su elaboración, no fueron consultadas durante el desarrollo de los estudios y porque ellos sostienen que no se tomó en cuenta “sus planes de vida y su visión sobre el tipo de desarrollo que pretenden y necesitan para sus territorios”.

Los pueblos indígenas han expresado su preocupación y disconformidad desde la aprobación del PLUS. En 2020, el entonces presidente de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), Héctor Tamo, señaló que: “El PLUS se ha socializado solo con los municipios, alcaldes y concejales, pero no con los pueblos indígenas; por eso es que no estamos de acuerdo”. Esta organización también presentó una denuncia ante el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) con la que buscan “reflejar los posible impactos socioambientales y culturales en los pueblos indígenas mojeño ignaciano, mojeño trinitario, tsimane, yuracaré y movima, por el cambio de uso de suelo para promover la ampliación de la ganadería extensiva y el desarrollo de una agricultura a gran escala”.

En 2021, las cinco subregionales de pueblos indígenas del Beni: CPEM-B, Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO), Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), Central de Mujeres Indígenas del Beni (CMIB) y el Gran Consejo Tsimane emitieron un pronunciamiento en el que resolvieron: “…demandar abrogar la ley del PLUS Beni de 2019, por atentar a los derechos indígenas, violar el derecho a la consulta libre, previa e informada y por su carácter etnocida, buscando el exterminio de los pueblos indígenas y la vida en los territorios”.

Al respecto, Wilder Molina, investigador y asesor de planificación durante el proceso de elaboración del nuevo PLUS, puntualiza que fue elaborado tomando en cuenta la normativa a nivel nacional y que, en ese sentido: “El PLUS no puede ser aplicado obligadamente en territorios indígenas a no ser que sea por decisión de ellos mismos. La Constitución Política del Estado protege los derechos de los pueblos indígenas a gestionar su territorio”. Interpretación que contrasta con lo expresado por las organizaciones indígenas.

¿Cómo es la producción en los pueblos indígenas? En San Ignacio de Moxos, por ejemplo, “en el territorio solo hay producción para alimentar a la familia y, después, lo que sobra, de repente, es para la comercialización”, señala Ronald Sabi, secretario de Tierra y Territorio de la TCO Mojeño Ignaciano TIMI, en una entrevista realizada por la periodista Carmen Casanovas. De acuerdo a este reporte, la superficie promedio de un chaco indígena es de una hectárea: “El 60% de los agricultores tiene un chaco de una hectárea; el 15%, de media; y, solamente, el 5,47% ha reconocido tener más de dos hectáreas”. Los pueblos indígenas de ese municipio aplican un sistema de rotación de cultivo y multicultivo.

Agricultura indígena en el TIMI. Fotografía: Carmen Casanovas.

Expansión del modelo cruceño en el Beni: El caso de las provincias Cercado y Marbán

De acuerdo a las investigaciones realizadas por el CEDLA, mucho antes de la aprobación del PLUS, en el departamento del Beni ya existían zonas donde se inició una importante expansión de la producción de granos a partir de la producción mecanizada de arroz y soya. Estas zonas están situadas en el tramo de la carretera que une Santa Cruz con Trinidad; es decir, en las provincias Marbán y Cercado, que limitan con la provincia cruceña de Guarayos, donde estarían las tierras identificadas para uso intensivo agrícola por el nuevo PLUS.

Según Paz Barbery, en Santa Cruz ya no se tendrían mayores opciones para incrementar su frontera agrícola, lo que significaría una ventaja para el Beni que cuenta con cerca de 5 millones de hectáreas “prácticamente habilitadísimas” para desarrollar la agricultura, dentro de los 9,02 millones identificados en el PLUS de 2019. “Entraríamos en el ranking nacional como el primer sector productivo, le ganaríamos a Santa Cruz que solo tiene 2,7 millones de hectáreas de agricultura permanente y ellos hacen 600 mil hectáreas más en la temporada de invierno, tienen 3,3 millones y su frontera [agrícola] está casi limitada”, apunta Paz Barbery.

Esto que los empresarios identifican como una limitación para el departamento cruceño, en realidad sería un hecho que explica lo que plantea el CEDLA, es decir, que lo que se está dando en el Beni, en específico en las provincias Cercado y Marbán, no sería la aplicación del modelo cruceño, sino una expansión territorial del mismo a través del cultivo de arroz y soya en esas dos provincias.

Y esta expansión se viene desarrollando hace varios años, incluso con el anterior PLUS. Según el gerente de la CAB, Paz Barbery, la producción mecanizada en las provincias Cercado y Marbán se inició en 2008, con la migración de “un grupo de productores agrícolas desde Yapacaní, de Cuatro Cañadas, de San Julián, que empiezan a venirse a las tierras del Beni a alquilarles sus campos a los ganaderos que están entre Puente San Pablo y Casarabe [provincia Marbán] para cultivar arroz”.

La producción en esa zona se fue consolidando con el pasar de los años debido a que los productores benianos también comenzaron a ser parte “organizándose en grupos, en asociaciones de arroceros y dándole un perfil más técnico y más organizado a la producción agrícola del departamento”, informa Paz Barbery. Y añade que el nuevo PLUS “ha validado toda esa actividad, ha reconocido las actividades agrícolas, sobre todo las que se han desarrollado en el Monte San Pablo a criterio nomás y a la vista gorda de la ABT”.

De acuerdo a los datos del censo realizado por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), y proporcionados por la CAB, el Beni cuenta con 45 mil hectáreas de arroz y unas 5 mil hectáreas de oleaginosas, ubicando al departamento como el segundo productor de arroz a nivel nacional. En la producción de arroz participan tanto productores locales como extranjeros, por ejemplo, las colonias menonitas asentadas en el departamento. Las principales zonas productoras se encuentran en las provincias Cercado y Marbán, cuyos productores almacenan sus granos en silos del departamento de Santa Cruz.

A fines del 2016, el entonces presidente Evo Morales firmó el contrato para la construcción del Complejo Industrial Arrocero de San Andrés, compuesto por ocho silos con una capacidad de almacenamiento de más de 40 mil toneladas, en el marco de las inversiones productivas de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA). Si bien al momento de la firma Morales señaló que la obra estaría concluida en 18 meses, hasta julio de 2021 tenía un avance del 75% y hasta la fecha no habría sido entregada. Este complejo está ubicado en el municipio de San Andrés de la provincia Marbán, a poco más de 90 kilómetros de la ciudad de Trinidad.

Complejo Industrial Arrocero de San Andrés durante la inspección realizada en julio de 2021. Fotografía: Alex Manrrique Nina

Unas transformaciones sobre las que hay que debatir

El investigador Enrique Ormachea observa que este nuevo escenario que se viene presentando en el Beni plantea varios aspectos que deben ser debatidos. Así, por ejemplo, señala que “se debe reconocer que el importante crecimiento de tierras en barbecho que presenta el Beni en los últimos años obedece, justamente, a una práctica agrícola migratoria como efecto del rápido deterioro de tierras que no son aptas para la agricultura. La acidez de buena parte de las tierras del Beni no puede ser ocultada”.

Por otro lado, indica que la participación de sectores campesinos en la producción mecanizada de granos a mayor escala “no debería sorprender a nadie, pues sectores diferenciados de campesinos suelen participar, como ocurre en Santa Cruz, en los procesos de desarrollo de la agroindustria capitalista, mientras los campesinos más pobres más bien sufren las consecuencias del mismo por la pérdida de sus tierras o por su conversión en peones agrícolas sin derechos laborales”.

En este sentido, Ormachea sostiene que “serán fundamentalmente los campesinos pobres y los pueblos indígenas del Beni los que pueden ser severamente afectados por este proceso de expansión de la frontera agrícola y por la total ausencia de apoyo estatal que sufren para potenciar sus proyectos de desarrollo”.

Asimismo, el investigador del CEDLA recalca que “no debe olvidarse que el incremento de la producción agropecuaria cruceña se ha dado a costa de una expansión de la frontera agrícola desmedida, la misma que se ha dado también sobre tierras que no son aptas para la producción agrícola y el cultivo de pastos, afectando áreas protegidas y despojando a campesinos e indígenas de sus tierras”. Aspectos que deberían tomarse en cuenta en el caso del Beni.