PIDEN QUE LA POBLACIÓN PARTICIPE

USO DE TRANSGÉNICOS EN DEBATE

Antes de legalizar el uso de transgénicos en Bolivia, la población debería participar en la decisión de permitir o no esta tecnología y estar informada debidamente sobre los riesgos que conlleva en la salud humana, el medio ambiente y la economía, dice el Cipca.

Señala que detrás de los transgénicos “hay un modelo capitalista de agricultura y desarrollo que implica monocultivos, deforestación, uso indiscriminado de agroquímicos y dependencia de transnacionales”.

En todo caso, “con la aprobación de los cultivos transgénicos, el Gobierno está cumpliendo con una de las demandas del empresariado agroindustrial ligado fundamentalmente a la exportación”, señala por su parte el investigador del Cedla Enrique Ormachea.

El Cipca insiste en que debieron anularse los artículos 15 y 19 que se refieren al tema de los transgénicos, ya que la Constitución Política del Estado, en su Artículo 255, “prohíbe la importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente”.

La nueva ley permite el uso de transgénicos cuyas semillas no sean de origen de Bolivia y establece que los productos para consumo humano, que contengan o deriven de organismos genéticamente modificados, deben ser identificados e indicar esta condición (Art 15.4).

“Para campesinos pobres no hay novedad en la ley”

Enrique Ormachea, Investigador del Cedla

Para los ministerios de Autonomías y de Desarrollo Rural, el reconocimiento de las comunidades como Organizaciones Económicas Comunitarias (Oecom) que contempla la Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, sería uno de los ejes que revolucionaría la producción agrícola del país.

Esta “revolución” sería alcanzada, entre otros aspectos, a través del crédito, la aplicación de “tecnología mecanizada”, la implementación de “más sistemas de riego”, la creación de dos empresas estatales (una de apoyo a la producción de semillas y otra de producción de abonos y fertilizantes) y del Seguro Agrario Universal “Pachamama”.

En la medida en que este proyecto de ley no contiene ninguna propuesta orientada a superar la agricultura de pequeña escala, resulta difícil comprender cómo la denominada “economía comunitaria” –conformada mayoritariamente por pequeños parcelarios minifundistas– será capaz de jugar un rol importante en la provisión de alimentos para la población boliviana.

El reconocimiento de las comunidades como Oecom se orienta, en lo fundamental, a facilitar el acceso individual/familiar de los comunarios a mayores recursos económicos, básicamente por la vía de créditos intermediados por las entidades del sistema financiero.

Como esta ley no se orienta a superar la pequeña producción campesina, cabe preguntarse por qué esta vez la pequeña y hasta minúscula parcela campesina comunitaria estaría en condiciones de superar su tendencia a tener cada vez menor importancia en la producción agrícola.

Por ello, esta ley terminará favoreciendo a los empresarios agropecuarios y a los campesinos ricos, aliados fundamentales del MAS. Son ellos los que seguramente se beneficiarán, a partir de la aplicación de esta norma, con recursos adicionales, pues este pequeño grupo está en condiciones de obtener créditos respaldados por garantías prendarias de maquinarias, equipos, insumos, producción actual o futura, semovientes y otros activos y garantías personales contempladas en la ley. Contrariamente, para la gran masa de campesinos pobres, ninguna novedad en el frente.

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