Ed. Impresa PROYECTO | La Ley de Revolución Productiva, Comunitaria Agropecuaria no admitió observaciones, no fue consensuada con todos los actores ni modificada en la temática referente al uso de transgénicos. La norma contiene algunos puntos destacables como la cre. / Por A. D. Hans Soria O.

LEY AGROPECUARIA: POCOS AVANCES Y MUCHAS CRÍTICAS

Cochabamba, 26 de junio de 2011 (Los Tiempos).- La nueva Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria ha generado apoyo, pero más críticas.

Los sectores que redactaron la norma junto con el Gobierno, es decir las organizaciones que forman parte del Pacto de Unidad, dijeron que la norma es “histórica”.

Sin embargo, para otras instituciones la ley no fue consensuada, desconoce a actores importantes del agro y abre las puertas a los transgénicos, punto que no coincide con el discurso del Gobierno.

Para el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), la Ley de Revolución Productiva contiene algunos avances como beneficiar al sector campesino indígena y recuperar una visión de producción agropecuaria basada en principios agroecológicos como la conservación de suelos, manejo integral del agua, recuperación y conservación de semillas nativas, sustitución y eliminación gradual de agroquímicos y respeto a la vocación productiva de los suelos.

Otro punto que destaca es la creación de un seguro universal agropecuario para la producción agraria afectada por daños provocados por fenómenos climáticos y el reconocimiento del derecho a participar en el diseño de políticas públicas a indígenas originarios campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.

El Cipca advierte que, sin embargo, los puntos anteriormente citados se debilitan frente a los artículos que “abren paso libre a cultivos transgénicos cuyas especies no sean originarias de nuestro país, es decir, la mayoría de transgénicos comercializados a nivel mundial, con todos los riesgos para la salud humana y el medio ambiente que estos conllevan, según extensas investigaciones y experiencias en países donde su uso es más difundido (EEUU, Argentina, Canadá)”.

Sin cambios

Enrique Ormachea, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) “no es posible afirmar que esta ley consiga lo que se propone, en la medida que la misma no contempla cambios sustanciales para transformar la pequeña producción en gran producción y la agricultura de exportación en agricultura para el mercado interno”.

Para el Cipca, el objetivo principal de la ley corre el riesgo de quedar como retórica legal, a causa de las debilidades y vacíos, especialmente por la ausencia de respaldo financiero.

La nueva ley prevé la creación de varias empresas estratégicas para garantizar la producción de alimentos como la empresa de Producción y Provisión de Semillas, la Fábrica de Fertilizantes, la Fábrica de Herramientas para el Programa de Mecanización, la Empresa Comercializadora de Productos Nacionales y el Instituto Nacional de Seguro Agropecuario.

En criterio de Ormachea, la creación de empresas estratégicas no incidirá mucho en la producción de alimentos “porque siguen siendo los sectores empresariales los que predominan en las diferentes ramas de la economía agraria”.

“¿En qué quedan las funciones y responsabilidades de los ministerios, viceministerios y programas ejecutados por ellos si ahora las tareas se encargarían a estas instancias públicas?”, se pregunta el Cipca.

Crean seguro agrícola

La nueva ley de Revolución Productiva crea el seguro agrícola con el propósito de indemnizar ante posibles desastres naturales la producción y comercialización de seis productos agrícolas considerados estratégicos como arroz, papa, soya, quinua, trigo y maíz, por su incidencia en la seguridad alimentaria del país.

En una primera etapa, el seguro beneficiará a los pequeños productores mediante dos modalidades: el seguro “catastrófico” y el individual.

El primero brindará una cobertura total a los pequeños productores, considerados los más vulnerables del país, y que son el 93,71 por ciento del total; mientras que el segundo asegurará al sector agroindustrial que llega a 0,44 por ciento.

En ambos casos, el seguro permitirá recuperar parte de sus inversiones en caso de pérdidas en sus cultivos.

La Fundación Milenio explicó que el seguro cubrirá todos los fenómenos climáticos y desastres naturales, “lo que podría hacerlo insostenible y provocar que las aseguradoras privadas no estén dispuestas a asumir el riesgo. Normalmente estos seguros se aplican a cultivos de alta tecnología y a ganado de calidad genética”.

CUESTIONAN COMERCIALIZACIÓN DIRECTA

La creación de empresas estatales y la construcción de mercados para la comercialización directa de alimentos, del productor al consumidor, buscan eliminar a los intermediarios.

Sin embargo, en un análisis de la ley, la Fundación Milenio advirtió que este sistema de comercialización, 100 por ciento estatal, fracasó en la década de los 80, debido a que los costos de transacción se elevan demasiado para los productores.

”La experiencia demuestra que, como Emapa, las empresas estatales son canales ineficientes y burocráticos de distribución en comparación con los intermediarios nacionales que trabajan prolongadas jornadas en el acopio y la venta, acampan en camiones sin cobrar viáticos y utilizan mano de obra familiar”, indica la Fundación Milenio.

Agrega que en materia de comercialización la ley regulará la exportación de alimentos, tal como sucedió entre 2008 y 2010 con el trigo, arroz, maíz y azúcar y además fijará cupos de exportación otros alimentos como soya, girasol y sus derivados en aceites.

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