Otro de los responsables, en la visión de los sectores, que rechazan la política económica del Gobierno, es el polémico Decreto 21060 que, en su criterio, es el fiel reflejo del neoliberalismo imperante que subordina la seguridad alimentaria a los designios de los empresarios, con el saldo de escasez, especulación e incremento de precios.

Tanto los asambleístas de la oposición en Cochabamba, como el economista Julio Alvarado y el jefe de Investigaciones del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral (Cedla), Enrique Ormachea, coincidieron en afirmar que si el Gobierno no cambia su política neoliberal, Bolivia seguirá enfrentada a esta crítica situación.

En un conversatorio propiciado por la red ERBOL entre Ormachea, Alvarado y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas, Oscar Cámara, el primero consideró que el Gobierno no tiene una política de producción concreta ni acorde a su propuesta política.

Por su parte Alvarado afirmó que la política de restricciones impuesta por el Gobierno a la producción privada en los últimos años ocasionó el desvío de parte de la producción a otros rubros, el contrabando y la especulación.

En la línea del Gobierno, Cámara aseguró que la empresa privada todavía no ha entendido que el país vive nuevos rumbos y cambios. Si no asumen los empresarios el “reacomodo institucional, a muchos nos van a llevar a situaciones difíciles”, afirmó.

Cuestionó que los grandes productores prefieran asegurar el mercado internacional antes que la demanda interna de su producción. Demandó de ellos “compromiso de patria”. Es que, en su criterio, “los ingenios no han tenido políticas productivas ligadas a la comercialización y a una política macro del Estado”.

Ormachea objetó ese análisis; aseguró que la crisis por la carencia y especulación de productos, como el azúcar, que vive el país “no es problema de patriotismo”, sino resultado del interés particular de la empresa privada, que, en su criterio, se siente “contenta” debido a que la política agraria tradicional “no fue tocada”.

Propuso que el Gobierno se plantee “resguardar la producción interna” en desmedro de la libre importación, “un fenómeno que liquidó la producción campesina» en los años 80.