La Paz, 2 Feb (Erbol).- Aunque el Gobierno se empeñe en adecuar las políticas de producción privadas a las suyas y a su vez no elimine el neoliberalismo imperante aún, la seguridad alimentaria en el país estará subordinada a los designios de los empresarios, con el consiguiente saldo lamentable de escasez, especulación e incremento de precios de los alimentos.

Esas percepciones fueron expresadas en el debate que Amalia Pando propició en la red Erbol entre el economista Julio Alvarado, el jefe de Investigaciones del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Enrique Ormachea, y el director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP), Óscar Cámara.

El conversatorio fue motivado por la polémica eliminación del subsidio del azúcar por parte del Gobierno, que dispuso el lunes el incremento de 4,8 bolivianos el kilogramo del producto a 7,5 bolivianos, muy cercano al costo internacional, como justificó la ministra de Producción, Teresa Morales.

“Si el Gobierno no cambia la política neoliberal, vamos a seguir enfrentados en esta situación; los empresarios van a hacer lo que quieren (…). Los empresarios van a querer ajustar sus precios al mercado internacional; no hay capitalistas que quieran ganar menos, no producen por patriotismo, sino para ganar plata”, ejercitó en su análisis Ormachea, quien consideró que el Estado no tiene una política de producción concreta ni acorde a su propuesta política.

Similar criterio fue expresado por Alvarado, para quien el Gobierno impuso una serie de restricciones a la producción privada en los últimos años. “Si le pones trabas, el sector va a sacar (su producción) de contrabando o producir etanol”, dijo en relación a la escasez del azúcar en el país.

“Por eso parte de la producción se desvía a otros rubros”, insistió.

En la línea del Gobierno, Cámara aseguró que la empresa privada todavía no ha entendido que el país vive nuevos rumbos y cambios. Si no asumen los empresarios el “reacomodo institucional, a muchos nos va a llevar a situaciones difíciles”, afirmó.

Cuestionó que los grandes productores prefieran asegurar el mercado internacional antes que la demanda interna de su producción. Demandó de ellos “compromiso de patria”. Es que, en su criterio, “los ingenios no han tenido políticas productivas ligadas a la comercialización y a una política macro del Estado”.

Ormachea objetó ese análisis; aseguró que la crisis por la carencia y especulación de productos, como el azúcar, que vive el país “no es problema de patriotismo”, sino resultado del interés particular de la empresa privada, que, en su criterio, se siente “contenta” debido a que la política agraria tradicional “no fue tocada”.

Al contrario, propuso que la administración de Evo Morales se plantee “resguardar la producción interna” en desmedro de la libre importación, “un fenómeno que liquidó la producción campesina» en los años 80. Ormachea también cuestionó el privilegio de los créditos en manos privadas y la actuación del Banco de Desarrollo Productivo (BDP), creado en el primer Gobierno de Morales, que, en su parecer, se rige con las mismas normas y trabas que la banca privada.

Para Alvarado, la solución pasaba por un acuerdo con la empresa privada, a la que el Gobierno en su momento la consideró su “enemiga”. Debía hacerse desde 2006 un plan de emergencia agrícola o un plan de “reserva de alimentos”.

“El nuevo modelo tiene que ser concretó”, opinó el economista.

Entretanto, Cámara aseguró que a partir de este año va a existir una nueva política, coordinada, en el caso del azúcar, entre el Gobierno, la AEMP y los ingenios. “Garanticemos las primeras producciones del año para el consumo interno. (Los empresarios) están de acuerdo, han aceptado esa política, saben que estamos viviendo este proceso difícil”, declaró.

Aunque no propuso otra alternativa al trabajo de la estatal, Alvarado cuestionó las tareas de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), de la que dijo fue un factor esencial, como los precios internacionales, en la especulación, los precios elevados y la escasez del azúcar en el país.

Por su parte, Cámara culpó de la situación a la ausencia de políticas productivas en los ingenios y, además, el contrabando.

En las ciudades del país, la carencia del azúcar continúa latente, a pesar de la nivelación de precios al mercado internacional establecida por el Gobierno. El problema tiende a acentuarse con la elevación de precios de otros alimentos y productos de consumo doméstico.

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