Por Alex Contreras Baspineiro

Agencia Latinoamericana de Información, 27 de junio.- Con una marcada y cada vez más preocupante división entre pueblos campesinos, indígenas y originarios –pilares fundamentales en el proceso de cambio- se promulgó la Ley de la Revolución Productiva, Comunitaria Agropecuaria que legaliza el cultivo y comercio de organismos transgénicos en Bolivia.

El Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE) alertó que aunque el gobierno asegura que esta norma es producto del amplio debate democrático de las organizaciones sociales, los hechos demuestran que la mencionada ley fue redactada por técnicos de tres ministerios e impuesta con amenazas y chantajes.
Los representantes del FOBOMADE, junto a organizaciones sociales y movimientos ecologistas, participaron en la redacción de la mencionada ley y, por tanto, fueron testigos del proceso de consenso legislativo.

En la promulgación de la ley no participaron los representantes del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ) ni de los pueblos afiliados a la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), entre otras organizaciones; sí estuvieron presentes dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia (FNMCB).

Algunos representantes sociales denunciaron haber sido maltratados, presionados e intimidados por algunas autoridades y dirigentes afines al gobierno. El 24 de junio un dirigente del CONAMAQ resultó maltratado por su férrea oposición a la legalización de los transgénicos.

El dirigente Rafael Quispe dijo que esta norma exterminará el patrimonio genético natural de las naciones originarias.

Dirigentes del Pacto de Unidad, junto a representantes defensores del medio ambiente, la ecología y la madre tierra, en un comunicado advierten que la mencionada ley exterminará el patrimonio genético originario, por lo que no descartan iniciar movilizaciones.

Según el FOBOMADE, en una reunión de dirigentes del CONAMAQ con el canciller David Choquehuanca, reconocieron como “un error político” aprobar la mencionada ley aceptando el uso de transgénicos.

La Ley de la Revolución Productiva, Comunitaria Agropecuaria, promulgada el 26 de junio, se refiere al polémico uso de los transgénicos, en los siguientes términos:

Artículo 15. (Política de protección de recursos genéticos naturales).

2. No se introducirán en el país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificadas de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad, ni aquellos que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana.

3. Todo producto destinado al consumo humano de manera directa o indirecta, que sea, contenga o derive de organismos genéticamente modificados, obligatoriamente deberá estar debidamente identificado e indicar esta condición.

Artículo 19. (Política de intercambio y comercialización).

II. Con la finalidad de lograr la soberanía alimentaria, se establecen los siguientes lineamientos:

5. Se establecerán disposiciones para el control de la producción, importación y comercialización de productos genéticamente modificados.

El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, afirmó que la ley combate abiertamente a los alimentos transgénicos y acusó a algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG’S) de mentir a la población.

“Un aspecto que ha merecido debate, que se ha distorsionado por parte de algunas ONG’s y por parte de algunos líderes políticos de oposición, es el tema de la biotecnología. La Ley de la Revolución Productiva Agropecuaria garantiza la protección del patrimonio genético del país. ¿Qué es patrimonio genético? Es la riqueza natural de recursos de biodiversidad que tiene Bolivia”, señaló.

Bolivia ocupa el octavo lugar, en el mundo, en cuanto a riquezas de biodiversidad y en cuanto a organismos animales, vegetales, cuyo aprovechamiento beneficia a la demanda alimentaria de la población.

El ministro explicó que “recursos genéticos no es lo mismo que transgénicos. “Parece que por desconocimiento pretenden identificar recursos genéticos por transgénicos, como si fueran la misma cosa. Y esto nos lleva a pensar que se trata de una confusión por falta de conocimiento o se trata de una desinformación mal intencionada e infame hacia la población boliviana”.

Crítica a las ONGS

El presidente del Estado Plurinacional del Bolivia, Evo Morales Ayma, en su discurso de promulgación de la ley, criticó a algunas ONGs de dividir a las organizaciones sociales, especialmente del agro del país, sin considerar que gran parte de los ministros y ministras del actual gabinete provienen precisamente de esas instituciones privadas.

“Jamás como dirigente y como sector hemos vivido de las ONG’s. En mi experiencia, las ONG’s sólo nos usan y nos confunden”, remarcó.
El primer mandatario señaló que “todavía aparecen algunas ONG’s rechazando algunas propuestas y lo peor es que -y ahí les doy razón a las confederaciones y a los dirigentes de federaciones de base- dicen hay infiltrados en el gobierno nacional. Tal vez”. Explicó que personalmente convocó a algunas personas (a que formen parte de su administración), “pensando que estaban con el proceso (de cambio) y cuando estaban de viceministros, cuando tenían cargos, decían hermano Presidente, compañero Presidente siga adelante, bien! Y cuando no tienen pegas, (declaran) contra Evo Morales, contra el proceso de cambio, son oportunistas”.
A propósito de la promulgación de la ley, el analista del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Enrique Ormachea, explicó que la nueva ley está orientada fundamentalmente a facilitar el acceso individual y familiar de los comunarios a mayores recursos económicos a través de créditos canalizados mediante el sistema financiero. En este proceso, advirtió que se beneficiará a las personas cercanas al Movimiento Al Socialismo (MAS). “La ley terminará favoreciendo a los empresarios agropecuarios y a los campesinos ricos, aliados fundamentales del MAS. Son ellos los que seguramente se beneficiarán con recursos adicionales, pues este pequeño grupo está en condiciones de obtener créditos”, remarcó.

En la gestión de gobierno, a parte de cuestionar a la inexistente oposición, se criticó con dureza a la Iglesia Católica, a los medios de comunicación, parece que llegó la hora de las ONGs.

Beneficios de la ley

La Ley de la Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria crea un seguro agropecuario para seis alimentos (arroz, papa, trigo, soya, maíz y quinua), además de la consolidación de empresas dedicadas a la labor agrícola como la fábrica de fertilizantes, un banco de provisión y producción de semillas, una firma de apoyo a la comercialización comunitaria, otra de mecanización del agro y tecnificación, y una empresa pública de agua.

Ordena también que productos comestibles y alimentos importados exhiban una etiqueta que indique si su producción fue con transgénicos.
El presidente de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados, Luis Alfaro, explicó que la implementación de la ley demandará una inversión de unos 500 millones de dólares al año.

Hasta el momento no se cuenta con los recursos que deberán provenir de las alcaldías, gobernaciones, del Tesoro General de la Nación (TGN) e incluso del ahorro fiscal. Varios luchadores sociales y algunas ex autoridades de gobierno que fueron protagonistas de la Guerra del Agua o la Guerra del Gas, en una carta enviada en los últimos días al Jefe de Estado, critican a la actual gestión gubernamental por alejarse del verdadero proceso de cambio.

En el tema referido a la madre tierra anotan que “el gobierno ha venido violando reiteradamente el derecho a la consulta previa e informada que la nueva Constitución ha establecido a favor de los pueblos indígenas y originarios cuando se pretende ocupar o afectar su territorio con obras o actividades de distinta naturaleza, como es el caso dramático de la carretera que se prenden construir con capital y empresas brasileñas, en el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure, sin la previa e informada consulta a las comunidades indígenas que lo habitan ancestralmente y que son su legal y legítimo propietario. En la misma dirección, el gobierno impulsa la legalización de los productos transgénicos, manipulados y comercializados bajo el control monopólico de ocho transnacionales que atentan contra la diversidad y los ciclos de la vida y la integralidad complementaria de los seres vivientes, sometiendo a las comunidades campesinas e indígenas a los productores agrarios y a los consumidores a la absoluta dependencia de ganancia de las transnacionales que, desde modo, se hacen dueñas de la reproducción de la vida para mercantilizarla”.

El principal dirigente de la CSUTCB, Roberto Coraite, calificó a quienes critican la Ley de Revolución Productiva, Comunitaria y Productiva como “enemigos del proceso de cambio”. Denunció que la oposición no ha descansado para boicotear el trabajo. “Y lo podemos evidenciar inclusive infiltrándose en algunas de nuestras organizaciones”. El objetivo de la ley –según fuentes gubernamentales- es asegurar la seguridad y soberanía alimentaria, evitar la escasez de productos agrícolas, apoyar al pequeño campesino y diversificar la producción.

Una nueva ley fue promulgada en el país del proceso de cambio; sin embargo, se evidenció que el slogan de gobernar obedeciendo al pueblo es simplemente una promesa porque se gobierna sólo escuchando a algunos sectores afines al gobierno y no al pueblo que pretende la profundización del proceso de cambio y no su tergiversación…

Alex Contreras Baspineiro
Periodista y escritor boliviano

alexadcb@hotmail.com

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