Ropavejeros proponen dar factura por producto ilícito

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Ropavejeros proponen dar factura por producto ilícito

Erbol
El dirigente de los comercializadores de ropa usada de la ciudad de El Alto, Tomás Quispe, propuso hoy al gobierno nacional pagar impuestos por la venta de ropa usada, para ingresar al mercado formal, pese a que esta actividad está prohibida desde 2007.
“Si el gobierno nos permite la importación (ropa usada) vamos a pagar impuestos, así también vamos a dar factura en algunas tiendas, pero no en las ferias ni en las calles porque ellos venden al detalle”, señaló Quispe a Erbol.
El dirigente indicó que continúan vendiendo ropa usada porque el gobierno no cumplió su compromiso de reconvertir al sector en pequeños productores de prendas de vestir, y mucho menos garantizó un mercado para sus productos, como señala el decreto supremo 28761.
El decreto supremo 28761 en su artículo 3 prohíbe la importación de prendería usada a partir del 21 de abril de 2007, de manera indefectible, y la comercialización a partir del 1 de marzo de 2008.
El artículo 5 de la norma señala que beneficiará al sector con la reconversión productiva mediante créditos, tecnología, y el acceso a mercados para la exportación.
“Ofrecimientos para reconversión hemos tenido varias veces, pero lamentablemente ninguno de ellos se ha cumplido porque el gobierno no tiene un programa preparado para poder cambiar a nuestro sector, porque somos 250 mil jefes de familia a nivel nacional y es difícil recambiar a tanta gente, por eso no hay resultados de este tema”, manifestó.
Agregó que presentaron una propuesta técnica al Ministerio de Desarrollo Productivo pero “lamentablemente no nos han respondido, parece que ni si quiera han tenido voluntad de darle una lectura a esa propuesta técnica, donde señala que nosotros no queremos ser informales, queremos salir de la informalidad a la formalidad y tributar en nuestro país”, señaló.
Pagan impuestos municipales
El dirigente de los comercializadores de ropa usada dijo que todas las organizaciones del rubro cuentan con personería jurídica y pagan los impuestos de ley en los municipios.
“Cada organización asentada en las diferentes calles y avenidas, a nivel nacional, contamos con nuestra personalidad jurídica, tenemos ordenanza municipal emitida por el concejo municipal en los diferentes departamentos y pagamos nuestro tributos, por tanto los municipios nos reconocen como comerciantes”, apuntó.
Señaló que de esa actividad viven 250 mil familias, y si el gobierno está dispuesto a asegurarles 250 mil fuentes de trabajo, ellos dejarán de inmediato sus comercios.
“Es difícil encontrar empleo en el país y es por eso que si dejamos de vender la ropa usada no podremos mantener a nuestras familias, si el gobierno puede que nos ofrezca 250 mil fuentes de trabajo porque de otra manera no vamos a poder dejar este labor”, apuntó.
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