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Procuraduría buscará nulidad de fallo sobre el caso Rurelec

EL GOBIERNO DEFINE SU POSICIÓN SOBRE EL LAUDO ARBITRAL DE LA HAYA

Afirman que el Estado respeta el laudo, pero que tiene el derecho de ejercer recursos para que sea declarado nulo, según el reglamento de arbitraje.

Lidia Mamani/ La Paz
El procurador general del Estado, Hugo Montero, anunció ayer que se buscará la nulidad del  fallo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que obliga al Estado a pagar a Rurelec  28,9 millones de dólares, más los intereses desde mayo de 2010.
«De acuerdo con el procedimiento arbitral, a las normas internacionales y al derecho holandés, porque Holanda fue la sede del arbitraje, se puede pedir una anulación del laudo ante tribunales holandeses en los próximos tres meses”, explicó.
Sin embargo, dijo que Bolivia también puede pedir  una aclaración al Tribunal  sobre algún término que no esté claro.
Según Montero,  el Estado boliviano «es respetuoso” de los fallos de los tribunales, pero el equipo técnico legal y económico de la Procuraduría    analiza  distintas alternativas disponibles en el reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
Según los fundamentos de la resolución o laudo del tribunal arbitral, el Estado vulneró el artículo 5 del Tratado Bilateral de Protección a las Inversiones entre Bolivia y el Reino Unido (TBI), al no haber compensado económicamente  a Rurelec por la nacionalización de  la empresa eléctrica Guaracachi.
El mencionado artículo expresa que «(…) cuando se nacionalicen las inversiones de capital de nacionales o sociedades de una de las partes contratantes debe haber una justa compensación. Ésta  deberá responder al valor de mercado de las inversiones de capital inmediatamente antes de la fecha de hacerse efectiva la expropiación (…)”.
El procurador precisó que la Corte nunca cuestionó  la legitimidad y legalidad de la nacionalización, que es un derecho de un pueblo soberano a recuperar el control de sus empresas  estratégicas, debido a que se «especula” que la misma fue «ilegal”.
«Lo que entró en juego en este tema fue la oportunidad del pago y eso no ha sido por culpa de Bolivia, sino por negligencia y el capricho de una empresa que quería cobrar 142 millones de dólares, cuando en realidad no había invertido esa cantidad”, enfatizó Montero.
El pago por las acciones
Según el procurador, la Corte admitió la mayoría de las objeciones planteadas por el Estado, lo que derivó en la reducción  en un 80% de la compensación que reclamaba  Rurelec.
El monto demandado ascendía a  142,9 millones de dólares, pero el laudo determinó un pago de 28,9 millones de dólares, además de los intereses.
«El monto no (es) definitivo, porque Bolivia aún puede hacer uso de los recursos previstos en el reglamento”, reiteró.
Rurelec señala que el Tribunal concluyó que la expropiación fue «ilegal” y calculó una indemnización de 35,54 millones de dólares, al 31 de enero de 2014, que se  incrementa diariamente a una tasa de  interés de 5,6331% anual, hasta la fecha en que  la suma sea abonada por el demandado  a la compañía demandante y expropiada.
Punto de vista
Hugo de la fuente  Experto en Derecho
«El fallo de La Haya es definitivo”
Son fallos definitivos, seguro (sobre el anuncio de nulidad) se está buscando un procedimiento previo dentro de la misma Corte (La Haya) con respecto a la nulidad, pero la lógica  es que un fallo es inapelable.
En el caso de que  habría  un defecto y realmente sea relevante, entonces posiblemente la misma institución (el Tribunal) tendrá que tomar una decisión, pero la lógica es que es un fallo inapelable.
En este proceso (de Rurelec) no tenemos que tomar el fallo como perdedores o ganadores; en algunos casos, una de las partes obtiene el mayor beneficio.
La demanda de Rurelec era por un monto mucho más elevado, que ascendía a 142 millones de dólares. Pero el Tribunal  falló por un monto cercano a  29 millones de dólares, es decir, la tercera parte de lo que demandaban y es una suma que se tiene que pagar.
Todo acuerdo de inversión que se firma en el país está sujeto a un arbitraje internacional. Ésa es la forma que toda inversión extranjera se protege.
Evo afirma que respeta laudos internacionales
El presidente Evo Morales afirmó a   yer que respeta los fallos internacionales  sobre arbitrajes, al referirse al fallo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que obliga al Estado a indemnizar a Rurelec por la nacionalización de la empresa Guaracachi.
Sin embargo, dijo que no comparte con los arbitrajes internacionales, debido a que las empresas privadas «siempre ganan y nunca el Estado”.
«En el tema de  Guaracachi, hay un equipo jurídico a la cabeza (encabezado por) del procurador, que está estudiando la vía que hay que tomar.  Nosotros respetamos las decisiones internacionales, aunque no comparto con los arbitrajes porque siempre ganan las empresas privadas y nunca el Estado, pero respetamos”, indicó en una conferencia de prensa.
En marzo de 2012, Rurelec oficializó la demanda de arbitraje contra el Estado boliviano ante un tribunal internacional, con un reclamo de compensación de 142,9 millones de dólares  por la nacionalización del 50% de sus acciones expropiadas en la Empresa Guaracachi S.A.  el 1 de mayo de 2010.
Según Rurelec, la Corte determinó que Bolivia debe indemnizar con  35,5 millones de dólares  y pagar otros  5,5 millones de dólares por dividendos que no fueron pagados antes de la nacionalización.
El procurador Hugo Montero dijo que el laudo sólo definió 28,9 millones de dólares, más los dividendos e intereses.
Confirman que se sancionará a  capitalizadores de Guaracachi
La Procuraduría General del Estado (PGE) confirmó ayer que se sancionará a los que fueron responsables de la capitalización de la empresa eléctrica Guaracachi
«Con respecto al informe de sancionar a responsables, esto es cierto.  No nos olvidemos que la capitalización ha sido el mayor daño que se ha hecho a las empresas estatales y eso está sujeto a un estudio y análisis”, precisó cuando se le consultó sobre sanciones contra los responsables  que con sus acciones comprometieron los intereses patrimoniales del Estado.
La Empresa Nacional de Electricidad fue capitalizada en 1996, durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada; en ese entonces, el ministro de Capitalización era Alfonso Revollo. Para ese proceso, la compañía se dividió en tres: Corani, Valle Hermoso y Guaracachi.
Montero afirmó que durante el proceso de arbitraje entre el país y el Reino Unido hubo ciudadanos bolivianos que fueron a atestiguar contra del Estado boliviano, aunque no precisó de quiénes se trataba.
«Esto no implica que los queremos amenazar, pero hay que tomar en cuenta  de dónde vienen los intereses que han estado en juego”, afirmó.
El Estado nacionalizó las acciones de la empresa Guaracachi America Inc. (GAI) en la Empresa Eléctrica Guaracachi S.A. el 1 de mayo de 2010 mediante el Decreto Supremo 493.
El inicio de procesos civiles y penales también se aplicará para el caso  Quibórax. Actualmente el Estado espera la resolución del Tribunal Arbitral.
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