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Página Siete • Sólo uno de los 7 contratos de CAMC tiene crédito chino • 24/03/2016

Una investigación de Página Siete reconstruye la ruta del dragón chino en Bolivia. La firma empleó cuatro razones sociales.

De los siete contratos que el Estado adjudicó a la  empresa China CAMC, entre 2009 y 2015, sólo el de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tuvo financiamiento del Export Import Bank of China (Eximbank). El resto recibió fondos  del Banco Central de Bolivia (BCB) y de  la Gobernación de Cochabamba.
En el caso de YPFB, el   crédito   suscrito con el Eximbank -para la compra de  tres perforadoras-  no estaba condicionado como consideró el  vicepresidente,  Álvaro García Linera, al referirse a los préstamos  que el Estado suscribe con otros países: “El crédito chino (…) establece la necesidad de que  venga acompañado con una empresa de ese país”.
En un informe dirigido al presidente Evo Morales,  el 30 de junio de 2011, el entonces ministro de Hidrocarburos y Energía,  José Luis Gutiérrez Pérez, explicó que “de acuerdo con el artículo 2, numeral 2.5., del Contrato de Crédito con Eximbank existe la facultad del prestatario de recurrir a otros proveedores (alternativos a CAMC)”.
Adjuntó, asimismo, el texto del numeral 2.5. en el que se lee:  “los productos, tecnologías  y servicios adquiridos mediante el uso de los fondos del crédito deberán ser adquiridos preferentemente de China”.
Actualmente,  una comisión mixta, dependiente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, investiga los contratos que el Gobierno adjudicó a la  CAMC, entre 2009 y 2015, por supuesto  tráfico de influencias. Esta comisión se conformó luego de que se conociera que su gerente comercial, Gabriela Zapata, fuera por años pareja del presidente  Evo Morales. Zapata  fue despedida de la empresa y actualmente se encuentra recluida en el penal de Obrajes por cargos  de tráfico de influencias y por una presunta “usurpación de funciones”, entre otros.
Asimismo, la empresa  china  está inhabilitada para presentarse a  licitaciones y no podrá adjudicarse proyectos estatales durante los próximos tres años.
¿Y los otros seis  contratos?
Los contratos con CAMC por  la  construcción  y puesta en marcha del Ingenio Azucarero San Buenaventura; por la Planta Industrial de Sales de Potasio y por el tramo I de la vía férrea Bulo Bulo – Montero fueron financiados con créditos BCB, según se lee en la Ley 396, del 26 de agosto de 2013, que especifica el motivo de los préstamos.
Mientras que los contratos por los  tres paquetes de construcción  de la presa Misicuni, que también fueron adjudicados a la firma china, “son financiados con recursos de  la Gobernación de Cochabamba”, informaron  el asambleísta por ese departamento  Mario Orellana  y   el investigador del  Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU), Julián Pérez, quien ha seguido de cerca el proceso.
En el caso de los contratos financiados con préstamos del  BCB,    la Ley 396  en su artículo  7 establece el crédito a la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA) para la puesta en marcha del Ingenio Azucarero.
Mientras que en el artículo 8 se establecen  modificaciones al Art. 26 de la Ley 317 que da luz verde a  la  puesta en marcha del Sistema de Transporte Férreo en el Tramo Bulo Bulo-Montero.
En el caso de la Planta Industrial de Sales de Potasio, el artículo 9   de la Ley 396  establece el   “Crédito Interno del Banco Central de Bolivia a favor de la Comibol” -de la cual depende la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos-  para diversos proyectos, entre ellos los referidos a la investigación, pilotaje, producción e industrialización de cloruro  de potasio.
De estos siete contratos  suscritos entre el Estado y CAMC, tres fueron por contratación directa: YPFB, EASBA y la Planta Industrial de Sales de Potasio. Otros tres, los correspondientes a los  paquetes 1, 3 y 4  del Emprendimiento Misicuni II, fueron adjudicados por excepción. El único contrato que la empresa china se adjudicó por licitación fue el del tramo I  Bulo Bulo – Montero.

¿Adjudicaciones forzadas?
Expertos en el área legal y autoridades coinciden en que las adjudicaciones a la china CAMC dejan “grandes interrogantes” que la actual comisión de legisladores, que  investiga estos procesos de adjudicación, no está  respondiendo.  Una de las  observaciones que señalan es que   la empresa no siempre habría cumplido con los requerimientos establecidos por el Estado y que pese a esto fue contratada.
En el caso de YPFB, por ejemplo, el contrato inicial era por la compra de equipos para la implementación de redes de gas. Meses después se firma una primera adenda en la que se define la adquisición  de tres perforadoras.
Considerando que el crédito de  Eximbank no era  condicionado, “¿por qué no se acudió directamente a los fabricantes para la compra de  estos equipos? ¿Por qué se  insiste en contratar a CAMC  cuando esta empresa inicialmente  había cotizado los equipos para redes de gas con precios notoriamente elevados?”, cuestionó el  analista en tema de hidrocarburos,   Hugo Del Granado.
Durante el proceso de contratación a CAMC también se registró  otra irregularidad, pues    YPFB  suscribió  el contrato de compra de los equipos con la firma china en mayo de 2009, seis meses antes de que se  promulgara el DS 358, de noviembre de ese año,  en el que recién se autoriza la suscripción del contrato de  crédito con el Eximbank.
Esta forma de   adjudicación contraviene  a  la Ley 2042, de Administración Presupuestaria. La norma establece, en su artículo 5,  que “las entidades públicas no podrán comprometer ni ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no declarados en sus presupuestos aprobados”.
Página Siete  intentó hacer las consultas correspondientes al presidente de la estatal petrolera, Guillermo Achá, durante la visita a los campos donde funcionan las perforadoras adquiridas mediante  CAMC. La visita fue organizada por la comisión que investiga los contratos. Sin embargo,  en la oportunidad  la autoridad no atendió a los medios.
Falta de experiencia
En el caso de los  contratos del Emprendimiento  Misicuni II,    se llamó a una  contratación por excepción para los cuatro paquetes ofertados. De éstos,  los paquetes 1, 3 y 4 fueron adjudicados a CAMC, mientras que el 2 fue para la  mexicana Tecno Suelo.
Para el paquete 1  de  construcción de la presa, que es el más grande,  se presentaron tres empresas, “una de ellas,   Del’Acua-Migema que tiene  55 años de experiencia y 35 obras relacionadas con la construcción de presas”, explicó Pérez.
En esa oportunidad, CAMC presentó 11 obras, pero de éstas sólo cinco están  relacionadas  con la construcción de presas.  El experto indicó que le “llamó la atención que la comisión evaluadora  de Misicuni le otorgue a CAMC la máxima calificación en el ítem de experiencia en construcción de empresas. De esa forma  se excluyó a Del’Acua-Migema con el  argumento de que el personal no era  el calificado”.
Pérez explica que tampoco hubo  un proceso de verificación de la documentación que presentó CAMC, pues en su propuesta pone una lista de personal que está altamente calificado, “pero si  visitan el lugar  verán que de los nueve puestos más importantes, referidos a la construcción,  sólo dos están trabajando. El resto es otro  personal,
¿cuál es el currículum de estos nuevos técnicos?”.
Por último, durante el proceso de contratación  CAMC  presentó en su experiencia dos obras  construidas entre 1996 y 2000. “Nosotros nos preguntamos  cómo  es posible esto si la empresa ha sido creada en China en 2001”.
Consultado sobre el tema, el exgerente de Misicuni  Jorge Alvarado, quien llevó adelante el proceso de contratación  de los cuatro paquetes durante su gestión, aclaró  que el DS 0181 permite la contratación por excepción cuando se resuelve un contrato con otra empresa. En el caso de Misicuni ya se había resuelto contrato con el anterior consorcio. “Teníamos que  hacer el contrato a la brevedad posible y reiniciar la obra cuanto antes para no dejarla paralizada  por, al menos,  dos años”.
Según Alvarado, la comisión que  calificó  a las empresas estableció  que Del’Acua-Migema no cumplía con los requisitos establecidos en el Documento Base  de Contratación (DBC), “pues el gerente de obra no tenía la experiencia requerida”.
Sobre la actual planilla señaló que se ha realizado sólo un cambio, ya que uno de los técnicos se  enfermó. “De acuerdo con el DBC, el profesional que sustituye  tiene que tener la  experiencia del mismo nivel o superior. En este caso se ha cumplido”.
Papeles incompletos
En el caso de la construcción y puesta en marcha de la Planta Industrial de Sales de Potasio, el senador Víctor   Hugo Zamora, miembro de la comisión  que investiga dicha adjudicación, sostuvo que se contrató a la CAMC pese a que la empresa tenía una   licencia de negocio caducada. “Su vigencia era  únicamente  hasta 2014”.
Según Zamora, la firma no podía participar en el proceso de adjudicación “pues no  tenía su documentación respaldatoria completa”.
En el caso del contrato para el tramo I de la vía férrea Bulo Bulo – Montero,  CAMC no presentó  el formulario C-2 el día de la apertura de sobres. Lo hizo  al día siguiente, se lee en  el informe de la comisión calificadora. Pese a esto, el documento incluye  el formulario en el informe final, donde la comisión indica que la firma china cumplía con todos los requisitos y recomienda su contratación.
El contrato fue resuelto a finales del 2015  porque la empresa incumplió con  el cronograma de construcción y ocasionó demoras en la obra, informó entonces  el ministro de Obras Públicas, Milton Claros. Actualmente  se cobraron dos boletas de garantía por 96,1  millones de bolivianos.
Contratación directa pese a todo
En el caso del Ingenio Azucarero San Buenaventura, Ramiro Lizondo, gerente de la estatal EASBA, indicó que licitación para la  adjudicación de la construcción y  puesta en marcha del ingenio quedó desierta porque las empresas habían enviado propuestas por encima del precio referencial.
Posteriormente se realizó invitaciones a 13 de las empresas que se acercaban al precio, pero que de éstas sólo tres se presentaron, entre ellas la firma china. “En ese proceso CAMC también fue descartada porque presentó una boleta de garantía de un banco chino y la norma señala que este documento debe ser extendido por un banco boliviano”.  Sin embargo, las otras dos empresas que habían enviado sus documentos completos, y a tiempo, no cumplían con los requerimientos técnicos, por lo que este segundo proceso también fue desestimado.
Fue de esa forma que se optó por la invitación directa, “dado que se agotaron los esfuerzos”. Entonces, la comisión recomendó la contratación de  CAMC, ya que para la segunda propuesta “había bajado su precio y comprometía la tecnología que se buscaba”.
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