El Deber – Juan Carlos Salinas Cortez
Cuatro historias destapan el lío de cientos de personas del país que son sorprendidas por deudas acumuladas por terceros. Legisladores ven fallas.
En 1997, Mirtha Espinoza emprendió un negocio propio. Abrió un vivero. Luego de un año lo cerró. Lo que no sabía era que dejaba una puerta abierta que tras once años el fisco iba a tocar.
En 2008 como era habitual Mirtha fue al banco Prodem para sacar algo de dinero y no pudo hacerlo. El ejecutivo que la atendía le dijo que su cuenta estaba congelada por una deuda que mantenía con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). La noticia le cayó como una bomba.
Ya en Impuestos le explicaron que tenía una deuda que a la fecha llega a los Bs 359.842 y que lo más aconsejable era que contrate un abogado para demostrar su inocencia.
Mirtha recuerda que a partir de ahí comenzó su calvario. Impuestos la acusa de tener una empresa importadora de aceite para vehículos y de no haber tributado durante once años. Ella reclamó y le mostraron un documento de apertura de esa empresa en la que figuraba su nombre y su respectivo NIT, aquel que hace más de una década lo había dado de baja.
Desde entonces ya lleva siete años de trámite en trámite, de soportar la presión del SIN y de sus funcionarios que la llaman y le ‘sugieren’ pagar.
En ese periodo, bajó varios kilos. Se le nota en el rostro. Se volvió depresiva con rasgo de ansiedad y ataques de pánico, por lo que un médico siquiatra del hospital Japonés la atiende con regularidad.
Para demostrar su inocencia se puso a disposición de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en donde le realizaron un estudio grafológico de su firma; tras quince días de análisis los peritos determinaron que la rúbrica que figuraba en su NIT es falsa.
“Ni con estas pruebas Impuestos dio marcha atrás. Solo piensan en cobrar a cualquier precio. En este caso el precio es mi salud, mi vida. Para estar tranquila por la mañana debo tomar alprozalam y por las noches neuril. Esto ha provocado que pierda la memoria. Estoy deshecha”, lamenta Mirtha.
Sin proyección
Yoice Andrea Montezuma vive en Santa Cruz y según los registros del fisco a sus 22 años ya tenía una empresa importadora de maquinaria pesada que no había pagado sus impuestos, por lo que en 2008 el SIN la puso en una lista roja que le impide realizar cualquier transacción financiera y la bloquea para obtener su título profesional de médica general.
Luego de lidiar siete años y de gastar unos $us 5.000 en abogados para demostrar que el NIT que usa la importadora es falso y que su firma no es de ella. Lo único que consiguió es que la supuesta deuda año a año se incremente y que a octubre de 2015 sea de Bs 126.487.
Amargada, depresiva y en una tensa guerra fría con su esposo, por los problemas económicos, Yoice lamenta que impuestos no le brinde más información, y que sus empleados tengan una conducta fría y distante.
Sin posibilidades de proyectar su vida, Yoice optó por irse a La Paz, como buscando escapar de la realidad y a esa cruz que significa tener al Estado siguiéndola como un perro a su presa.
Cobros no realizados
Wilfredo Gómez, canoso y con un aire del comisionado Gordon, es sociólogo y antropólogo. Y desde 2012 tiene una cuenta pendiente con el fisco que asegura resolverá, pero sin pagar un solo centavo de la multa, más de Bs 500.000, que Impuestos le adosa.
Gómez se presenta a la entrevista con una voluminosa cantidad de papeles. Es metódico y firme al explicar que el SIN lo acusa de no pagar impuestos por los trabajos realizados en el periodo junio-agosto de 2007.
Con sus tres talonarios de facturas, Gómez explica que unos ‘pícaros’ le clonaron las facturas 121, girada a nombre de Bustillos Caballero de Ing. Consultores, el 26 de junio de 2007 por un valor de Bs 23.884; la 123, girada al consorcio Caem Sonico, el 9 de junio de 2007, por un importe de Bs 81.250; la 134, a nombre del consorcio Caem Sonico, el 11 de junio de 2007, por un monto de Bs 87.930; la 138, girada al consorcio Caem Sonico, el 19 de junio de 2007, por un importe de Bs 91.500; la 141, emitida al consorcio Caem Sonico, el 27 de junio de 2007, por un importe de Bs 97.120 y la factura 150, girada a Bustillos Caballero de Ing. Consultores, el 7 de agosto de 2007, por un valor de Bs 46.987.
“Tengo estas pruebas, pero en 2013 el fisco igual inicia su ejecución penal y me conmina a pagar una deuda por unos trabajos que no realicé ni cobré”, remarcó Gómez.
Observado en su trabajo
Jimmy Paz, de 26 años, desde marzo de esta gestión carga una piedra que tiene un valor de Bs 500.000. Paz tiene congelada su cuenta bancaria, Impuestos le puso el ojo porque considera que la empresa que abrió, según datos del SIN en agosto de 2010, evadió al fisco por un monto de medio millón de bolivianos y pretenden cobrárselo a él por ser el titular del NIT.
Asustado y preocupado Paz no sabe cómo actuar. Va a Impuestos a pedir información y no se la brindan, pide que le muestren con qué papeles se abrió el NIT y le dicen que no los encuentran.
Deprimido, con un menor rendimiento en el trabajo, Paz ya no cobra su salario de forma íntegra, pues la empresa no tiene dónde depositarlo y el pago al contado no es algo usual. Su situación ya no es bien vista por sus empleadores.
Desde el SIN indicaron que las clonaciones de NIT y facturas son hechos delictivos y deben resolverse ante las instancias judiciales correspondientes, con las sanciones que establece el Código Penal.
Agregaron que para dar con los infractores realizan controles cruzados masivos con la información del libro de compras y ventas Da Vinci para determinar la correcta declaración y apropiación de las facturas y que, luego, evalúan la ocurrencia del hecho generador
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