Hablar de Empresas Públicas en la actualidad, es entrar en un debate de si estas son o no rentables; que si generaron los suficientes ingresos; o si están acumulando pérdidas. El hecho es que la mayoría de los opinadores económicos tomaron una posición parcializada con la oposición política del país, buscando agresivamente demostrar que las empresas públicas son simplemente una ilusión y lo único que se logró en estos 12 años de gestión fue una alucinación de desarrollo y bienestar económico.

El informe publicado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) sobre el desempeño de las Empresas Públicas, muestra una mezcla de datos, los cuales no obedecen a una metodología de análisis financiero.

Asimismo trata de relacionar todas las fuentes de recursos de las empresas (créditos, aportes de capital, etcétera) a los resultados del ejercicio, demostrando de manera tendenciosa que las empresas son incapaces de generar ingresos suficientes para poder cubrir sus costos operativos, debiendo recurrir al TGN para solventar su funcionamiento.

Pero en realidad, este estudio lo que hace es confundir a los lectores, toda vez que, desde un punto de vista técnico, no diferencia la parte económica y la parte financiera de la empresa.

La información publicada por el CEDLA dio lugar a que analistas del sector adopten la misma posición, sin haber realizado el análisis correspondiente de los datos y la crítica de los mismos.

A esto se suma el hecho de que, basado en los datos que el SEDEM brindó sobre las empresas que tiene bajo su tuición, pudo establecer que ésas presentan indicadores favorables, lo que denuncia que existe una serie de contradicciones entre las opiniones y los hechos reales respecto al tema.

Para poder contextualizar la verdad de las empresas públicas, es preciso remitirnos a los datos de la publicación hecha por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Las Empresas Públicas en el Nuevo Modelo Económico Boliviano, donde los datos expuestos demuestran que en el período 2005-2016 éstas generaron 41.014 millones de bolivianos como utilidades netas siendo YPFB la principal aportante.

Sin embargo, sin la participación de la empresa petrolera, estas llegan a generar 3.838 millones de bolivianos.

Para determinar estos resultado se relacionan los ingresos provenientes de la venta de productos y/o servicios de las empresas con los costos y gastos operativos y no operativos de la misma, y no así al flujo de efectivo de caja tal como lo muestra el estudio realizado por el CEDLA.

A esto tenemos que adicionar que las utilidades netas vienen de deducir las depreciaciones de los activos fijos, que en algunos casos como en la Agencia Boliviana Espacial (ABE), la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y la Empresa de Transporte por Cable Mi Teleférico, son valores grandes que llegan a afectar el resultado.

Sin embargo, esto no representa una salida de efectivo como tal, permitiéndoles contar con la liquidez suficiente para poder afrontar sus obligaciones para la siguiente gestión.

Uno de los aspectos donde el CEDLA y sus seguidores se equivocaron y tratan de confundir, es el relacionado a los recursos que percibieron estas empresas como aportes de capital y créditos, los cuales tuvieron como finalidad la adquisición de los activos necesarios para la implementación de las plantas de producción y no así el de financiar los gastos corrientes como sostienen algunas publicaciones.

Por su parte, las subvenciones destinadas a Emapa están orientadas a estabilizar los precios de ciertos productos de la canasta básica, con la intención de controlar los shocks externos que podrían afectar el consumo de las familias bolivianas.

Por otra parte, existe la intención de distorsionar la realidad cuando se ingresa al análisis de aquellas empresas que recién iniciaron operaciones el 2018 como Easba y las que aún no lo hicieron como Mutún, arguyendo que estas sólo generan pérdidas siendo que en realidad y como ocurre con todos los emprendimientos ya sean privados o públicos, que toda empresa nueva sufre de un proceso de adaptación y maduración en el mercado del cual es participe, aspecto que no es considerado en ninguno de los criterios expuestos en el análisis.

A todo esto, es importante hacer énfasis en que los criterios vertidos no cuentan ni con el mínimo contenido técnico que haga caso a un método de análisis financiero establecido, puesto que en su intención de demostrar que las empresas públicas son ineficientes, dejan de lado aspectos como el contexto económico, la diversificación de los productos o la regulación de los mercados en el sentido de que estas empresas al ser nuevos agentes económicos se convierten en competidores directos de las empresas privadas ya establecidas, devolviéndole al consumidor la atribución de poder elegir productos a bajos precios, rompiendo la hegemonía de aquellas empresas que lo único que buscan es la apropiación del excedente del consumidor.

Si realizamos un análisis a los ratios financieros para la gestión 2016 de manera consolidada, sin la participación de la empresa petrolera, se puede observar que indicadores como el ROE arroja un dato de 3,7% y un ROA de 1,4% y para 2017 de 6,4% y 2,2% respectivamente; además de considerar que a lo largo de los últimos 10 años el patrimonio de las empresas se incrementó en 381%, aspecto que denota la robustez de las empresas públicas y su capacidad de autogestión y autosostenibilidad.

Por lo expuesto, el análisis realizado por el CEDLA no hace mas que utilizar erróneamente los datos que fueron base para su evaluación de las empresas públicas, confundiendo entre recursos destinados a gasto corriente con recursos que son destinados a la formación bruta de capital, que en términos financieros tienen una diferente forma de interpretación, aspecto que no se pone de manifiesto en la investigación realizada por el citado centro de estudios.

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