Este 2019 tendría que comenzar a funcionar la Gestora Pública de Seguridad Social (GPSS) en reemplazo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), haciéndose cargo del sistema integral de pensiones. Ello ha generado opiniones de alerta entre algunos analistas. Otros expertos consideran que no hay que alarmarse, pero se debe mantener el respeto a la institucionalidad del sector.

Datos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) detallan que hasta el 30 de septiembre de 2018 (último dato disponible en su sitio web), los fondos del sistema integral de pensiones, es decir el ahorro jubilatorio de los bolivianos, superaron los 16.962 millones de dólares.

La cifra es actualmente casi el doble de las Reservas Internacionales (RIN) del Banco Central de Bolivia (BCB), que está por debajo de los 9 mil millones de dólares.

Así, los únicos recursos económicos que superan los fondos de pensiones hoy en día son los depósitos del público en los bancos privados. Según datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), a octubre de 2018 los depósitos bancarios alcanzaron a Bs. 166.640 millones, equivalentes a 23.942 millones de dólares. Un tercio de estos depósitos provienen precisamente de los fondos de pensiones manejadas por las AFPs, como se ve a continuación.

Los fondos de pensiones y el sector bancario

De los casi 17 mil millones de dólares de los fondos de pensiones, un 45,8% (más de 7.607 millones de dólares) está invertido en depósitos a plazo fijo en los bancos privados de Bolivia. Esto significa que casi la tercera parte de los depósitos bancarios proviene de las inversiones realizadas por las AFPs con los fondos de pensiones.

Al respecto, el investigador del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD), Luis Carlos Jemio, explica que “estos depósitos son utilizados por los bancos para financiar sus préstamos al sector privado nacional, lo que convierte a los fondos de pensiones en una de las principales fuentes de financiamiento para el sector privado”.

Pero el experto afirma que los fondos de pensiones también son “una fuente importante de financiamiento para el sector público”.

En ese sentido, un 23,9% de los fondos está invertido en títulos del gobierno, incluyendo bonos del TGN, cupones de bonos del TGN, letras del Tesoro y bonos de gobiernos subnacionales, que en total equivalen a más de 3.959 millones de dólares. “Es decir, prácticamente toda la deuda interna emitida por el SPNF, que no sea con el Banco Central, está en manos de los fondos de pensiones”, puntualiza el investigador.

A estas inversiones que las AFPs realizaron en títulos públicos “hay que agregarle las inversiones que éstos realizaron en bonos de deuda soberana, que en octubre de 2018 totalizan Bs. 5.675 millones”, equivalentes a más de 815 millones de dólares, es decir el 4,9% del portafolio de los fondos de pensiones.

Jemio se refiere a los bonos soberanos que Bolivia emitió en años anteriores por valor de mil millones de dólares, y que al final de cuentas fueron adquiridos en su gran mayoría por las AFPs que operan en Bolivia, y no así por interesados internacionales como se decía originalmente.

De cualquier manera, los fondos de pensiones “proveen de una fuente de financiamiento de largo plazo al sistema financiero y a la economía”, afirma. Sin embargo, ese financiamiento no necesariamente llega a las empresas que más lo podrían necesitar, por lo que su impacto está limitado.

Empresas se benefician poco

Expertos bolivianos advierten que esa gran porción de los fondos jubilatorios depositados en los bancos privados y en el propio Estado no llega a capitalizar a las empresas que más necesitan esos recursos, por lo que el efecto potenciador de estos recursos en la economía queda limitado.

Efectivamente, bajo el esquema actual, la gran mayoría del ahorro jubilatorio beneficia a la gran banca privada, otros intermediarios financieros privados y al Estado: Según un reporte oficial (APS), apenas el 6,54% de los fondos de pensiones se invierten de manera directa en las empresas bolivianas.

“El mecanismo de asignación de recursos a los diferentes sectores productivos de la economía debe ser normado por el Estado, impulsando el mercado de valores, como alternativa al sector bancario, por ser este altamente restrictivo, ya que presta sólo al que ya tiene”, dijo al respecto una fuente consultada.

En ese sentido, los préstamos que realiza la banca al sector privado quedan restringidos a las empresas que tienen un patrimonio hipotecable y/o un flujo demostrable lo suficientemente elevado; es decir, a las que “ya tienen”. Las empresas pequeñas, medianas o nuevas no pueden cumplir con las condicionalidades de la banca privada, quedando excluidas de esta oportunidad de financiamiento.

De ahí que, según esta interpretación, un mercado de valores más desarrollado y bien impulsado y normado a través del Estado podría ser el mecanismo más adecuado para que este otro universo de empresas pueda capitalizarse y generar también un mayor beneficio al resto de la economía.

La continuidad neoliberal: Estatizar y extranjerizar

El otro asunto referido a la GPSS está contenido en la nueva Ley de Pensiones 065, que ya no es tan nueva ya que fue promulgada el año 2010. Es mediante dicha ley que se crea Gestora Pública de Seguridad Social a Largo Plazo para que, tras años de retraso, comience a funcionar, supuestamente desde marzo este año.

El Artículo observado de esta ley es el 143, que dice textualmente: “Las inversiones realizadas en el extranjero no deberán ser mayores al cincuenta por ciento (50%) de cada Fondo administrado”.

Cuatro años después, en 2014, la Central Obrera Boliviana (COB) apoyó la exportación de ese 50% del ahorro jubilatorio (que hoy en día rondaría los 8.500 millones de dólares considerando que el total se acerca a los 17 mil millones dólares, según la APS al 30 de septiembre de 2018), con el argumento de aumentar los rendimientos de los aportes de los trabajadores.

En efecto, los rendimientos en los últimos años han sido sumamente magros: en 2014 estaban por encima del 3%, en 2015 por encima del 4%, en 2016 por encima del 5%, en 2017 en poco más del 3%. Para 2018 el promedio fue de aproximadamente 2,4%, el más bajo en 21 años.

Sin embargo, el argumento de exportar el ahorro jubilatorio para mejorar sus rendimientos no tiene ningún sustento real, ya que los mercados financieros internacionales donde se pretende prestar estos recursos siguen en sus niveles históricos más bajos.

Como referencia se tiene que la inversión de las RIN en el extranjero el 2016 generaron retornos acumulados de menos del 1%, y en 2017 de apenas 1,17%. En el primer semestre de 2018 (último informe del Banco Central disponible por ahora), el rendimiento fue de 0,78%, por lo que se podría esperar optimistamente un 1,5% acumulado en 2018. Son rendimientos claramente inferiores a los que generan las AFP actualmente, pese a su baja rentabilidad.

Mientras tanto, la medida significará en los hechos potenciar fábricas, empresas y bancos de los países que reciban estos recursos (mejorando la situación de los trabajadores de aquellos países), mientras las empresas bolivianas no podrían contar con ese ahorro interno, debilitándose el desarrollo de los propios trabajadores bolivianos.

En todo caso, según afirmó el director de Investigación, Evaluación y Análisis Socioeconómico (IEA Economía Bolivia), Gustavo Rodríguez, la baja en la rentabilidad de los aportes de los trabajadores se debe a la falta de políticas gubernamentales.

Según su interpretación, el Estado debe exigir a ambas AFP (en el futuro lo deberá hacer la GPSS) que se invierta en diversas áreas más allá de la banca privada y el propio Estado.

En este caso, la propuesta de canalizar el ahorro interno hacia las empresas bolivianas puede generar no solo una mejor rentabilidad de los fondos, sino también un efecto multiplicador en la economía al capitalizar a quienes más generan empleo y riqueza.

Los riesgos y las exageraciones

Entre los analistas más críticos del MAS se viene advirtiendo del riesgo de que, como se dijo antes, una vez que los fondos pasen a manos de la estatal GPSS, el gobierno pueda disponer de esos recursos para financiar su gasto y su déficit.

Los ejemplos esgrimidos son los del Fondo para la Revolución Industrial y Productiva (FINPRO) y el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH), que se convirtieron a dólares y se traspasaron a otras cuentas del Banco Central para reforzar las RIN que vienen cayendo constantemente.

Sin embargo, otros expertos como el economista Alberto Bonadona no creen que ese tipo de maniobras sean tan factibles.

“Todos desconfían de que se dé un mal uso a los millonarios recursos acumulados en el sistema de pensiones”, reconoce Bonadona, pero considera que aspectos como la institucionalidad, la ingeniería administrativa y financiera en las que operan las AFP es “robusta”, y que el Gobierno la ha respetado hasta ahora.

Efectivamente, si se diera, sería “una expropiación grotesca y las instituciones de la seguridad social son un blanco fácil y millonario. Si se cambian las reglas de juego, sería de pavor, pero ahora no hay nada de eso. Sólo se debe esperar que este respeto continúe, con Gestora o sin ella”, puntualiza.

Por su parte, Jemio considera que una vez que empiece a funcionar la GPSS, el gobierno “tiene que evitar la tentación de financiar el abultado déficit fiscal con una mayor colocación de títulos públicos en los fondos de pensiones, para que no se produzca un desplazamiento (“crowding-out”) del financiamiento al sector privado”.

Desde el punto de vista de los especialistas del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), lo que Bonadona considera “robusta”, en realidad ha servido para que las AFPs acumulen “jugosas utilidades” sin tener una obligación de mejorar los rendimientos de los fondos, que más bien, como se ha visto, han disminuido en esta década.

Para el CEDLA, tanto la privatización de los fondos de pensiones de la época neoliberal, como la reforma del MAS el año 2010, han beneficiado a las APFs y no a los trabajadores: el promedio de ganancias de las AFPs en el período 2005-2010 era de 6,2 millones de dólares anuales, mientras que en el período 2011-2016 llegó a los 8,9 millones de dólares anuales.

Esto mientras los trabajadores “están condenados a obtener rentas miserables cuyos niveles están muy lejos de los del último salario percibido y, peor aún, del valor de la canasta alimentaria”.

En todo caso, todo el sistema de pensiones, con o sin Gestora Pública, deberá ser revisado de pies a cabeza para que realmente beneficie a trabajadores, empresas bolivianas y a la economía en su conjunto.

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