La Paz, 9 de diciembre de 2005. Las propuestas electorales del Movimiento al Socialismo (MAS), Poder Democrático y Social (PODEMOS) y Unidad Nacional (UN), mantienen la orientación de las políticas económicas neoliberales, que favorecen el proceso de acumulación del capital transnacional y de los sectores primario-exportadores, con un rol del Estado como garante de la reproducción del capital privado –fundamentalmente transnacional– en sectores estratégicos de la economía boliviana. La anterior es una de las conclusiones de un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), en el que analiza las propuestas electorales del MAS, PODEMOS y UN, de cara a las elecciones generales del 18 de diciembre próximo. El documento, denominado “Vendedores de ilusiones. Propuestas electorales frente a la demanda social”, busca retomar la agenda de la población y contrastarla con las propuestas electorales de los partidos políticos mencionados. Política fiscal Según el documento del CEDLA, las tres propuestas analizadas pretenden mantener la orientación del actual régimen tributario, haciendo énfasis en el incremento de ingresos estatales a través de una mayor eficiencia en la recaudación de impuestos vigentes (IVA, IT, ICE, IEHD), los cuales gravan el consumo de los hogares. “Desde esa perspectiva, la orientación de la política fiscal de corte neoliberal no se modifica y continúa con la exacción del excedente generado por los trabajadores, en lugar de recaudarlo de la renta capitalista”, agrega. En el caso del MAS, su planteamiento se torna explícito cuando propone la incorporación de un impuesto al ingreso de las personas y, aunque no explica las reglas de este impuesto, su aplicación supondría caer nuevamente en la tendencia de gravar el trabajo, rehuyendo afectar la apropiación de la plusvalía. Por su parte, PODEMOS y UN no discuten la orientación regresiva del régimen tributario actual. Incluso, PODEMOS, en el ámbito de los tributos pagados por las empresas petroleras, abriría la posibilidad de modificar la actual Ley de Hidrocarburos 3058, “suavizando” el cobro de impuestos por parte de campos marginales y pequeños, a través de “premios”, según su nivel de producción y la calidad de hidrocarburos. Deuda externa: dependencia y exacción El documento del CEDLA afirma que en el problema de la deuda externa se debe tomar en cuenta el peso que ésta significa en las finanzas públicas y las condicionalidades que la acompañan, que no son otras que el apoyo a las políticas dirigidas a profundizar la penetración de los consorcios extranjeros en Bolivia. En este marco, el CEDLA sostiene que las propuestas de los partidos analizados no toman en cuenta el peso político de la deuda, y por ello buscan solucionar este problema, en el corto plazo, con su condonación, y así aliviar el considerable peso económico que la deuda externa aún mantiene en el gasto público. PODEMOS y el MAS son los ejemplos más claros de esta propuesta, que busca que se condone el total de la deuda, pero sin analizar la condicionalidad ya presente en la oferta presentada por los países más ricos del planeta (G8), ya en julio de este año. “Por ejemplo, entre los mecanismos de condonación, existe una propuesta de por cada dólar condonado, dólar que se reduce de la futura asistencia crediticia en el futuro”, lo cual, de acuerdo con el CEDLA, tendría como consecuencia una mayor presión fiscal a los contribuyentes para reemplazar, en alguna medida, el ingreso futuro de créditos concesionales al país. Por otro lado, en un escenario conservador de condonación, es decir que sólo se logre lo ofertado por el G8 (deuda multilateral del BM y del FMI), el impacto de la condonación en la disponibilidad anual de recursos podría ser bastante bajo. CEDLA ilustra esta situación con un ejemplo: “de los 277 millones de dólares cancelados en 2004 por concepto de servicio total de deuda, únicamente 44 millones de dólares corresponden al servicio de deuda con el BM y el FMI, es decir el 16% del servicio total. Por tanto, en estas condiciones el monto liberado del servicio de deuda externa no significaría una fuente real de financiamiento público”. Políticas agropecuarias y forestales: beneficios para los exportadores El documento del CEDLA considera que la orientación interna o externa de la producción agropecuaria y forestal, y el problema de la apertura comercial, son dos aspectos centrales para señalar qué clases sociales o fracciones de clase de la sociedad rural boliviana serán las que se beneficien de las políticas estatales a partir del año 2006. En este marco, las propuestas del MAS, PODEMOS y UN privilegian el mercado externo para el desarrollo de los sectores agrícola, pecuario y forestal, asignando para ello un rol central a las cadenas productivas. Por tanto, apuestan a mantener los lineamientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural (ENDAR) promovida por los organismos financieros internacionales, cuya orientación es la inserción de la producción agropecuaria en los mercados de exportación. “La articulación a las cadenas agroexportadoras de los pequeños productores campesinos como proveedores de materias primas bajo las condiciones y precios fijados por los agroindustriales y exportadores, implica reducidos ingresos para aquéllos, puesto que los mayores márgenes del excedente generado serán apropiados por los otros actores de la cadena”, afirma el CEDLA. En el caso del mercado interno, esas tres agrupaciones políticas ofertan lo que los diferentes gobiernos neoliberales han venido promoviendo como la gran política de incentivo para los productores nacionales: el estrecho mercado de las preferencias en compras estatales (desayunos escolares. Centros de salud, cuarteles y cárceles), privilegio pequeño que puede desaparecer con la firma del libre comercio, el TLC, con Estados Unidos. Políticas de tierra El análisis del CEDLA sobre esta temática parte de un tema central, que es la tenencia de la tierra, recurso por el cual existe una disputa abierta entre los terratenientes que se beneficiaron de políticas que les permitieron concentrar las tierras más productivas del país, y los campesinos pobres que se caracterizan por ser propietarios de minifundios asentados fundamentalmente en tierras marginales. A partir de esta constatación, el análisis del CEDLA concluye en que a pesar de algunas diferencias muy puntuales en algunos procedimientos, las propuestas de PODEMOS, MAS y UN plantean su adscripción a la Ley INRA, proclamando como central el otorgamiento de la seguridad jurídica de la tierra, y al concepto de saneamiento como el vehículo que permitirá afectar tierras que no cumplan la función económico social, para su posterior dotación a campesinos sin tierra o con escasez de tierras. Los tres partidos olvidan mencionar que a más de nueve años de aplicación de la Ley INRA, no se ha revertido ni un centímetro de tierras de latifundistas al Estado como resultado del saneamiento. Por tanto, el CEDLA considera que las propuestas de los partidos en función de poder satisfacer las demandas de tierras y territorios comunitarios de origen a campesinos pobres e indígenas, con absolutamente limitadas. La orientación económica de los planteamientos –especialmente las de PODEMOS, UN y MAS- que privilegian el mercado externo como destino de su producción, terminan por favorecer la concentración de la tenencia de la tierra en manos de quienes puedan insertarse de manera “competitiva” en estos mercados (medianos y grandes empresarios agropecuarios y forestales).