Presentación El año 2005 ha sido atravesado por tres grandes acontecimientos: i) la articulación del impulso autonómico en la región del Oriente; ii) las movilizaciones en demanda de nacionalización de hidrocarburos focalizada principalmente en Occidente, ambos sucesos ocurridos en el primer semestre; y iii) las elecciones generales y de prefectos que marcaron el segundo semestre y se realizaron al finalizar la gestión como corolario de una profunda crisis estatal desatada en el país desde el año 2000, producto de 20 años de política neoliberal y debilitamiento constante del sistema político. Una larguísima lista de hechos dan cuenta del avance y evolución que caracterizó la crisis estatal en el 2005. Una maraña de actores, temas y sucesos fueron tejiendo la “ingobernabilidad” que marcó los primeros seis meses del año. Carlos Mesa en la presidencia, por un lado, permitió la exacerbación del regionalismo enarbolado por la oligarquía “camba” que, al cabo de poco tiempo, se convirtió en un planteamiento infranqueable con brazos operativos, militares e ideológicos. Los cívicos cruceños pasaron a exigir la autonomía departamental hasta doblar el brazo del poder central con comprobadas intenciones de controlar únicamente los recursos naturales y sus réditos, en desmedro del resto del país. Por otro lado, el Presidente falló con Occidente, falló con la ciudad de El Alto y el Altiplano que en el 2003, después de la llamada Guerra del Gas, lo avalaran como sucesor de Gonzalo Sánchez de Lozada. Su incapacidad y falta de voluntad para tomar partido por las grandes mayorías, germinó un gran levantamiento indígena y popular en mayo y junio, por la nacionalización de los hidrocarburos y la “toma del poder”. Desde las comunidades indígenas, los barrios y las minas, la gente se desplazó a la sede de gobierno para asediar al poder constituido. La insurrección no sólo demostraba el fracaso de 20 años de neoliberalismo y privatización de los recursos más importantes del país, sino transparentaba —en la protesta— la exclusión secular desde la Colonia y de estos 180 años de vida republicana. La acción colectiva en las calles forzó la caída del Presidente que quiso “equilibrar” los intereses de las transnacionales y los intereses de las mayorías empobrecidas. Pero además, los hombres y mujeres en lucha impidieron que dos representantes de la oligarquía asumieran el mando. Voltearon a tres presidentes, se podría decir. El hastío no cabía de tan evidente. La decisión de los movimientos sociales dio una nueva lección en la historia, pero también se puso sus propios límites. No contaban con un proyecto unitario, ni un liderazgo, ni un plan para lo que se murmuraba en las calles: la toma del poder. Así fue que una vez cumplida su misión, se replegaron a su vida cotidiana. Esa vida sencilla que busca empleo, que crea su propio empleo, que sobrevive con el salario del patrón. En el poder, los movimientos sociales dejaron a un nuevo sucesor sin muchas luces en su anterior función, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Éste convocó inmediatamente a elecciones generales y de prefectos. En la economía, Eduardo Rodríguez Veltzé dio continuidad a las políticas que Mesa había iniciado principalmente en el tema agrario. Así, al inaugurarse el proceso electoral, el sistema volvió a recomponerse. Incluso podría decirse que la institucionalidad democrática recuperó el vigor perdido aunque con algunos exabruptos parlamentarios (caso “conflicto por los escaños”). De este modo fue madurando, en el curso del proceso, una tendencia más amplia de rechazo a las políticas del modelo, al accionar de los partidos tradicionales, a la estafa de las transnacionales y a otros males propios del sistema vigente. A la par, fue creciendo la necesidad y voluntad de cambio, expresada tantas veces en las calles y carreteras. Con estos elementos se llegó a las urnas el 18 de diciembre y el resultado no pudo haber sido más contundente: 53,7 por ciento para el Movimiento Al Socialismo. Los votantes fueron bien claros, castigaron a los partidos tradicionales y apostaron a que un conocido dirigente, político e indígena asumiera el mando del país. Alguien decía en los primeros festejos, “esta es la victoria de todos”. Quizá así sea para muchos, pero al cerrar el 2005 apenas empezaba el primer tramo del cambio prometido. Queda mucho por ver. El escenario previo Analistas, periodistas, parlamentarios y dirigentes sociales coincidieron en calificar el inicio del año 2005 como el tiempo de la incertidumbre política. El Gobierno de Carlos Mesa llevaba poco más de un año en el poder y aún no había cumplido dos de sus compromisos más importantes con la población: aprobar la nueva Ley de Hidrocarburos en base al mandato del referéndum (realizado en julio del 2004) y aprobar la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente. En el tintero quedaba otro tanto de medidas prometidas y no cumplidas del Plan Mesa —su programa de gobierno— sobre todo en materia económica y social. El signo de la incertidumbre fue alimentado con la última medida del 2004, tomada por Mesa el 30 de diciembre. Un aumento del 23 por ciento en los precios internos de los combustibles o lo que se conoce como “gasolinazo” desató de norte a sur del país varias manifestaciones de rechazo generalizado a su gestión. Inmediatamente, los sectores organizados como la Central Obrera Boliviana y la central Obrera Regional de El Alto anunciaron medidas de presión contra esa disposición calificada de “antipopular”. Con ese antecedente, el Gobierno inició la gestión 2005 arrastrando además una crisis política producto de la disputa entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Sin ningún apoyo en el Congreso Nacional, Mesa se debatía entre la confrontación con los parlamentarios en torno al proyecto de Ley de Hidrocarburos y varios otros frentes “antigasolinazo” como los cívicos cruceños, empresarios, juntas vecinales, trabajadores sindicalizados, desocupados, campesinos sin tierra, indígenas, entre algunos, que empezaron a pedir a una sola voz la renuncia de Carlos Mesa y el adelantamiento de elecciones. En ese contexto, en el que el “gasolinazo” y la crisis política fermentaban la incertidumbre, la ciudad de El Alto protagonizó, en la primera quincena de enero, un paro cívico y movilizaciones de presión para expulsar a la empresa transnacional Aguas del Illimani que privatizó —en esa ciudad y en La Paz— el servicio de agua potable y alcantarillado, desde 1997. Una serie de denuncias acumuladas desde meses anteriores maduraron la protesta a la cabeza de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve). Estas medidas forzaron la aprobación de un decreto supremo en el que se establecía la rescisión del contrato de concesión entre el Estado boliviano y la empresa AISA. El presidente solitario La salida política de Mesa fue el chantaje político amenazando con la renuncia a la presidencia, si se mantenían las medidas de presión en Oriente y Occidente. En El Alto su jugada surtió efectos a su favor, se llegó al término del conflicto del agua, pero en Santa Cruz las medidas se profundizaron. La capital cruceña era un caos. So pretexto de revertir el “gasolinazo”, se develaron los intereses autonomistas de algunos grupos vinculados al poder empresarial cruceño. Brigadas cívicas tomaban oficinas, cercaban autoridades, amenazaban y amedrentaban a quienes estuvieran en su contra. El Gobierno, en ese periodo, no descalificó esas acciones ni reprimió a los responsables de cometer actos ilegales, entre ellos varios jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista un brazo ideológico y operativo del Comité Cívico Pro Santa Cruz y de la agrupación Nación Camba que pasaron a liderizar la autonomía departamental. Un fuerte financiamiento de parte de los empresarios, ganaderos y exportadores solventó una campaña “por la independencia de Santa Cruz, contra el centralismo andino”, la que derivó en una concentración inédita en esa ciudad (cabildo abierto del 28 de enero). Allí se determinó exigir un referéndum para demostrar el apoyo popular a las autonomías departamentales. Las organizaciones sociales cruceñas, tanto obreras como campesinas e indígenas, empezaron a debatir y alinearse con la propuesta del Comité Cívico bajo una fuerte presión y estado de violencia. Varios sectores de migrantes “collas” padecieron el hostigamiento de los herederos de la oligarquía “camba”. En esos días, se publicó la propuesta del Comité Cívico Pro Santa Cruz que contenía la nueva estructura económica, política y administrativa autónoma del departamento. Uno de sus ejes centrales era el control de los recursos naturales —hidrocarburos, madera, agua— y la profundización del neoliberalismo con intensidades racistas en varios tramos del documento. Para desinflar las ínfulas autonómicas, dado que día a día el Comité Cívico amenazaba con nombrar su propio gobierno autónomo, el Gobierno aprobó un decreto supremo que determinaba la elección directa de prefectos para junio del 2005 con lo cual se viabilizaban las autonomías departamentales. Los “autonomistas” obtenían así su primera victoria sobre el Gobierno central, elegir a su primera autoridad de manera independiente. Esta decisión despertó críticas en varios sectores pues mostraba a un Presidente demasiado vulnerable ante la oligarquía “camba” vinculada estrechamente a los intereses de las transnacionales petroleras. Pese a algunas manifestaciones esporádicas de apoyo popular a Carlos Mesa realizadas en esos días —los llamados “pañuelos blancos”— este fue el momento en que su Gobierno empezó a andar cuesta abajo. Agenda de Octubre vs. Agenda de Enero O Agenda de El Alto vs Agenda de Santa Cruz La precariedad del Gobierno de Mesa era evidente. Organizaciones sindicales, campesinas e indígenas de Occidente se pronunciaron en rechazo a la elección de prefectos y anticiparon movilizaciones porque consideraron que el Presidente actuaba con demasiada celeridad para atender las demandas autonómicas —agenda de enero—, en lugar de dar curso a la Asamblea Constituyente y la Ley de Hidrocarburos —agenda de octubre—. Pese a esa amenaza, Mesa continuó dando rienda suelta a los “autonomistas” cruceños, lo que permitió que la brecha regional se ensanchara en el país manifestando profundas diferencias de intereses políticos, económicos, culturales e históricos. En cierta medida, el presidente Mesa hizo del bloque autonomista el sostén de su Gobierno, escaso ya de legitimidad. En este escenario, el Movimiento Al Socialismo como principal fuerza de la oposición parlamentaria, también respaldó las medidas del Gobierno desde el Congreso Nacional. Hubo tímidos cuestionamientos que no alcanzaban a revertir el proceso iniciado a través del cual la llamada “unidad nacional” quedaba en entredicho. Pero es necesario recalcar la ambigüedad con la que actuó el MAS, por cuanto mientras sus dirigencias políticas respaldaban a Carlos Mesa en el Congreso, las bases sindicales masistas amenazaban con movilizarse en pro de la Constituyente. Mesa intentó entonces alcanzar el consenso político sellando un acuerdo entre los poderes del Estado en base a cuatro puntos: ley para elección de prefectos, ley de convocatoria al referéndum autonómico, ley de hidrocarburos y ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente. En la visión del Gobierno esa agenda unía los intereses de las distintas regiones del país. Sin embargo, la fragilidad de ese acuerdo se reflejó en el empantanamiento parlamentario. Ninguna de las normas propuestas avanzó, por lo que nuevamente surgieron las voces de descontento en el ámbito político, empresarial y de las organizaciones sociales. Se empezó a hablar del “desgobierno”, la “ingobernabilidad”, la necesidad de “recuperar la institucionalidad democrática” e incluso de la “reactivación económica” que Mesa había dejado estancada por atender los intereses de la oligarquía “camba”. El Gobierno probó un tercer cambio de gabinete en su administración, en medio de las críticas de las organizaciones alteñas que esperaban la pronta rescisión del contrato con Aguas del Illimani. El proceso de esa negociación fracasó una y otra vez, por lo que los dirigentes de la Fejuve iniciaron una huelga de hambre (21 de febrero) exigiendo que el Gobierno viabilice tres temas: agua, hidrocarburos y Asamblea Constituyente. Mientras se rearticulaba el movimiento vecinal y cívico de El Alto, a través de asambleas y ampliados, los alcaldes de El Alto y La Paz manifestaron su respaldo al Gobierno y desahuciaron las medidas de presión en torno al agua. Mesa intentó de nuevo definir una agenda nacional para lo cual propuso un “encuentro nacional”, un “pacto social”, un “diálogo” con los movimientos sociales, regionales y políticos. Fueron rondas de reuniones poco fructíferas que se desarrollaron en medio de bloqueos de caminos en Potosí y Tarija (en demanda de carreteras), y en Camiri donde los cívicos y organizaciones indígenas exigían que se incorpore en la nueva Ley de Hidrocarburos una filial de YPFB en esa ciudad. La imposibilidad de llegar a acuerdos mínimos en el “diálogo nacional” impulsado por Mesa dejó el terreno fértil para que corriera la voz de que una conspiración se articulaba contra el Gobierno. Entre los protagonistas se identificaba a los políticos del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) supuestamente comandados por Gonzalo Sánchez de Lozada desde EEUU, se hablaba de los cívicos cruceños e incluso de sectores militares, por lo que el fantasma del “golpe” circulaba en varios ámbitos del país, posibilidad que ni el MAS ni las organizaciones sindicales descartaban por completo. El camino del caos estatal A principios de marzo, la Fejuve de El Alto —con sus dirigentes en huelga de hambre por varias semanas— dio cumplimiento a las resoluciones de las juntas vecinales de ejecutar un nuevo paro cívico en demanda del cumplimiento del decreto firmado por Carlos Mesa, según el cual se terminaba el contrato con la empresa transnacional Aguas del Illimani. Se iniciaron los bloqueos de las carreteras más importantes de esa ciudad que conectan con otras ciudades del eje troncal y la región del Lago Titicaca. En otros cuatro departamentos se mantenían bloqueos intermitentes debido a demandas regionales y relacionadas con la aprobación de la Ley de Convocatoria de la Asamblea Constituyente. Ante esa articulación de protestas, el MAS anunció un bloqueo contundente del país si el Congreso Nacional no daba paso a una nueva Ley de Hidrocarburos que estableciera el 50 por ciento de regalías petroleras. Por su parte, el Comité Cívico de Santa Cruz presionaba para que también se aprobara la Ley de Referéndum Autonómico. Con todos esos frentes “en pie de lucha”, el presidente Mesa renunció al cargo (6 de marzo) y dejó en manos del Congreso Nacional su aceptación, alegando que su Gobierno no podía conducir un país con dirigentes radicales y carreteras bloqueadas. El anuncio de Mesa tuvo sus efectos. En El Alto bajó la intensidad de las protestas. Las voces de desesperación política no se dejaron esperar bajo los siguientes enunciados: “la democracia está en peligro”, “acecha el vacío del poder” y “desestabilización del gobierno”. Tanto en el Congreso como en las organizaciones sociales, la opinión dominante calificó la renuncia como un “chantaje”. Pese a esa primera reacción, los parlamentarios decidieron no aceptarla e intentaron reconducir la crítica coyuntura con un pacto entre el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. El acuerdo de los dos poderes señalaba: a) Aprobar a la brevedad posible una Ley de Hidrocarburos; b) Sobre la base de los consensos regionales, impulsar el tratamiento para la aprobación de los instrumentos legales que garanticen la realización de la elección de prefectos, el referéndum sobre las autonomías departamentales y la convocatoria a la Asamblea Constituyente; c) Convocar de manera conjunta a un acuerdo nacional que promueva la producción, el empleo y la inclusión social; d) Exhortar a la suspensión de las medidas de presión y bloqueos que se ejecutan en el país, en el marco de un acuerdo nacional, que promueve la estabilidad democrática y la paz. En ese momento, se encontraban en pugna, en el Congreso Nacional, dos proyectos de Ley de Hidrocarburos: aquel de la Comisión de Desarrollo Económico, impulsada por el MAS y aquel presentado por Carlos Mesa. Con todo, en virtud del pacto firmado, una larga reunión entre Gobierno y partidos políticos (MIR, MNR, UCS, ADN, NFR, FRI) definió viabilizar el proyecto de Ley de Hidrocarburos que no incluía la migración de contratos, el aumento de regalías a 50 por ciento, la refundación desmembrada de YPFB y el veto de los pueblos indígenas a las transnacionales. Es decir, las principales propuestas del MAS quedaban excluidas de la nueva norma y se consensuaba el 18 por ciento de regalías y el 32 de impuestos. Esta medida despertó la reacción del MAS y nuevas amenazas de presión, por lo que la Iglesia Católica, el Defensor del Pueblo y la APDHB auspiciaron una nueva versión de “diálogo nacional”. Para ello, Mesa tuvo que disculparse con Evo Morales por las acusaciones que le hiciera de forma pública. Morales aceptó participar en el “diálogo”, pero aprovechó para condicionar esa reunión a la participación de las organizaciones que conformaban el recién creado Pacto de Unidad Nacional (conformado el 8 de marzo por una lista larga de organizaciones nacionales, departamentales y regionales). El acercamiento fracasó porque no hubo acuerdo en el 50 por ciento de regalías petroleras que exigía el Pacto de Unidad. La situación de los sectores movilizados era la siguiente, por un lado, el paro alteño fue suspendido por la paulatina pérdida de fuerza en las juntas vecinales. El conflicto del agua quedó a merced de nuevas negociaciones con el Gobierno, Alcaldías, Fejuves (El Alto y La Paz) y Superintendencia de Servicios Básicos. Por otro, sectores cocaleros e indígenas realizaban bloqueos esporádicos en algunas carreteras. A los pocos días, Mesa volvió a sorprender al país. Presentó un proyecto de ley para convocar a elecciones y renovar así los poderes Ejecutivo y Legislativo. No se trataba de una renuncia explícita y menos irrevocable, se trataba de una aparente entrega voluntaria del poder para solucionar la crisis. Mesa demostraba así, su incapacidad y debilidad para sortear los focos de conflicto con la política “equilibrista” que impartía desde el Gobierno. Esa medida repentina arrancó la tregua de los sectores sociales movilizados, principalmente cocaleros del Chapare e indígenas de Conamaq, que detuvieron sus protestas. En el Congreso, los parlamentarios no aceptaron la propuesta por lo que Mesa se vio forzado a anunciar que terminaría su mandato hasta el 2007. Criticó que los políticos se hayan aferrado a sus “curules” en lugar de paso a una “necesaria renovación” en los espacios de poder. No faltaron las voces de hastío que pedían a Mesa una renuncia definitiva; otras opiniones apoyaban su gestión, incluidas varias organizaciones sociales que decían no estar en contra de la democracia. Así se produjo una nueva pausa en la crisis. Desde el Estado conformaron “comisiones de prevención de conflictos”, proyecto al que se sumaron varias organizaciones sociales sobre todo ligadas al Movimiento Al Socialismo. Esta adhesión resquebrajó el llamado Pacto de Unidad, fue cuando organizaciones sociales de todo el país se autoconvocaron para realizar el 1er Encuentro Nacional por la Nacionalización de los Hidrocarburos, que se realizó en la ciudad de El Alto con más de cien organizaciones presentes de todo el país. Entre sus resoluciones se determinó la organización inmediata de encuentros departamentales con el mismo temario para confluir en una gran movilización fijada para el 1º de Mayo, Día del Trabajo. De este movimiento formaban parte la COB, las centrales obreras departamentales y todos sus afiliados sindicalizados, las centrales regionales, campesinos e indígenas principalmente de Occidente. Este hecho consumó la escisión del movimiento social. Por un lado, las organizaciones ligadas al MAS profundizaron su demanda de Asamblea Constituyente y se abocaron a la definición del número de sus participantes. Varias ONGs, cooperación internacional, prensa e instancias del Estado dirigieron sus esfuerzos a ese debate. Por otro lado, se configuraba un bloque social orientado específicamente a la nacionalización de los hidrocarburos donde no estaba ausente la discusión en torno a la “toma de poder”. Las organizaciones como Fejuve, COR El Alto, Federación de Campesinos Tupaj Katari, Bartolina Sisa, Sin Tierra, COB y otras, comenzaron a ensayar propuestas políticas que relacionaban la nacionalización “sin indemnización” con el cambio total del Estado boliviano. Ciertamente, el debate interno de las organizaciones no trascendía en los medios ni en los poderes del Estado. De ahí que la ruptura entre el Estado y la sociedad comenzaba a dar señales claras de un evidente distanciamiento. Prueba de ello fue que, durante el debate sobre la Ley de Hidrocarburos en el Congreso (el cual se alargaba en el mes de abril), el MAS anunció que haría consultas con las petroleras para definir su posición sobre mantener el 50 por ciento de regalías o sumarse al 18 por ciento que proponía el Gobierno. Esta acción demostraba la posición ambigüa del MAS en uno de los temas más importantes para la solución de la crisis boliviana. Al finalizar abril (30), el Senado —después de Diputados— terminó el tratamiento del proyecto de Ley de Hidrocarburos aprobando 18 por ciento de regalías petroleras y 32 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Esta decisión dividió al Congreso definitivamente: por un lado, los partidos tradicionales, y, por otro, el MAS y el MIP como oposición. Pero además se creó una ruptura entre el Congreso y el Gobierno que consideraba que el proyecto aprobado no era beneficioso para el país pues atentaba los intereses de las petroleras transnacionales. Las fuertes señales de crisis —aplacada débilmente por unos días— retomaban su rumbo. El cerco por la nacionalización del gas Para los primeros días de mayo, el Congreso a través del “rodillo” aprobó la nueva Ley de Hidrocarburos con el 18 por ciento de regalías, derrotando al MAS que planteaba el 50 por ciento. Este documento fue enviado al Ejecutivo para que en diez días lo promulgue, observe o devuelva al Congreso. Se desató el descontento social ante lo cual Mesa convocó a los movimientos sociales al “diálogo”, pero fracasó porque incluyó entre sus invitados a Jaime Paz Zamora y a Tuto Quiroga. Los dirigentes de las organizaciones rechazaron totalmente esa posibilidad. En ese ambiente, la primera marcha por la nacionalización de los hidrocarburos y el cierre del Parlamento, convocada por la Fejuve de El Alto, fue contundente y masiva. Participaron la COB, magisterio, desocupados y otros sectores. Desde la localidad de Caracollo, se inició la marcha (16 de mayo) de los sectores aliados al MAS exigiendo que el Congreso aprobara el 50 por ciento de regalías petroleras. En las carreteras Potosí-Sucre-Tarija y La Paz-Oruro-Cochabamba, los mineros cooperativistas bloqueaban por el gas y por demandas sectoriales. El 17 de mayo, Carlos Mesa devolvió la Ley de Hidrocarburos al Congreso sin ninguna modificación. Ese mismo día, Hormando Vaca Diez presidente del Congreso promulgó la nueva Ley 3058. En la noche, Mesa presentó al país su Plan Económico Social “Bolivia Productiva y Solidaria”. Su plan no alcanzó a convencer a nadie. En varias ciudades del interior, en las minas, en el Altiplano y El Alto de La Paz empezó a articularse —a través de cabildos y asambleas— el movimiento por la nacionalización de los hidrocarburos. La marcha “masista” que partió con la consigna del 50 por ciento, llegó a Senkata (23 de mayo) y fue recibida con silbidos alteños por la posición que llevaba. Esa ciudad ya se encontraba en paro cívico. Más tarde, en la Plaza de San Francisco, Evo Morales exigió la realización de la Asamblea Constituyente frente a un gran cabildo de marchistas, mas no la nacionalización. La reacción de varios sectores fue calificar de “traidor” a Morales. Por su parte, en el Oriente, los cívicos de Santa Cruz decidieron “autoconvocarse” para el referéndum por la autonomía de ese departamento. El proyecto se puso en marcha avalado por el decreto emitido en mayo por Carlos Mesa. El Gobierno continuó criminalizando la protesta de los movimientos sociales, descalificando a sus dirigentes sin considerar que día a día crecían los bloqueos de caminos y las huelgas de hambre. Sumada a la percepción general de que el Gobierno había perdido la brújula del poder, el Congreso Nacional pasó a ser blanco de serias críticas, cada vez más crecientes, bajo la consigna de “cierre del Parlamento”. Miles de comunarios de las 20 provincias del departamento de La Paz convulsionaron la sede de gobierno exigiendo la renuncia del presidente Carlos Mesa, la nacionalización de los hidrocarburos y la Asamblea Constituyente. La Paz estaba cercada y su corazón político, la Plaza Murillo, asediado. Cabe recordar que al levantamiento indígena y popular, se sumó la rebelión de algunos militares a favor de la nacionalización. Estos fueron identificados y enviados a la justicia. El rumor de “golpe” enrarecía aún más el clima político. Se mencionaba que otras fracciones militares invocaban la instauración de un gobierno militar vía “golpe” al mando de varios estratos del poder: se rumoreaba la Embajada de EEUU, sectores oligarcas “cambas”, parlamentarios “cambas”, petroleras y otros. El 31 de mayo fue el día de mayor tensión social. Una vanguardia de mineros sindicalizados y tropas de comunarios del Altiplano intentaban tomar la Plaza Murillo a punta de dinamitas, mientras los distritos alteños se dividieron y bloquearon toda la ciudad. La represión no se dejó esperar, llovieron gases y balines por doquier. En medio del levantamiento, el Congreso simulaba sesionar para tomar determinaciones, sin embargo, sus miembros actuaban bajo una lógica burlesca de suspensión y convocatoria, y viceversa, enfureciendo aún más los ánimos de los sectores movilizados. La renuncia definitiva Junio se inició con ocho departamentos bloqueados. En Santa Cruz, la Unión Juvenil Cruceñista atacó violentamente a campesinos sin tierra que pretendían ingresar a la ciudad. El brazo operativo del Comité Cívico expresaba así el tinte racista de su organización aunque ninguno de sus miembros fue sancionado. Debido a los bloqueos, varias empresas instaladas en El Alto amenazaron con trasladarse a otras regiones del país o a los puertos de Chile y Perú, buscando mayor seguridad y garantía para sus actividades Según los empresarios, por cada día de conflicto social en el país, Bolivia dejó de percibir 8,3 millones de dólares. En su afán de atenuar los conflictos, Carlos Mesa optó por emitir un decreto supremo de convocatoria al referéndum autonómico y la elección de miembros de la Asamblea Constituyente para el 16 de octubre. Este hecho incentivó a los sectores cívicos de Santa Cruz y Tarija a definir la realización del referéndum para agosto, pero cayó mal entre el resto de la población. Por su parte, el Congreso seguía postergando sus sesiones lo que derivó en el pedido de renuncia de su presidente, Hormando Vaca Diez. Los parlamentarios argumentaban que no podían sesionar con el Congreso rodeado por manifestantes, por lo que decidieron trasladarse a Sucre, la capital. Ante este panorama de levantamiento generalizado, Carlos Mesa presentó su renuncia por segunda vez en el año en medio de negociaciones emprendidas por la Iglesia. El Congreso no tenía más opción que aceptarla, pero quedaba la duda en torno al sucesor. Las manifestaciones se trasladaron a Sucre —donde se dirigían los parlamentarios para sesionar— y con ellas se trasladaron la represión y la tensión política. Ningún sector aceptaba que Hormando Vaca Diez, presidente del Congreso o Mario Cossío, presidente de Diputados, asumieran el mando. El 9 de junio, día de la sesión congresal, el ambiente se agitó más aún con la muerte del minero cooperativista, Carlos Coro Mayta. Movidas intensas de los parlamentarios anunciaban una posible fuga de éstos de la capital, por lo que los sectores organizaron el cierre de la ciudad. Crecían los rumores de “golpe”. En el resto del país, surgieron las huelgas de hambre como polvorín (alcaldes, prefectos), todas en oposición a que Vaca Diez fuera presidente. La consigna de la nacionalización comenzó a ser reemplazada por estas voces que sólo querían una sucesión constitucional que devolviera la “tranquilidad” al país. Por la noche, finalmente los parlamentarios iniciaron la sesión en la Casa de la Libertad, en la que ambos presidentes de las cámaras renunciaron a sus ambiciones y dieron paso a la sucesión presidencial con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé quien recibió la misión de llamar inmediatamente a elecciones. Esta medida desarticuló los bloqueos y paros que ya asfixiaban a las ciudades desbastecidas de combustible y alimentos. La tregua social, forzada por los órganos de poder, congeló la demanda de nacionalización de los hidrocarburos que fuera el motor del levantamiento de mayo y junio. Cifras optimistas Durante el periodo de restauración del orden, varios organismos internacionales y nacionales iniciaron una campaña que destacaba el importante lugar de los hidrocarburos en la economía boliviana. El Banco Mundial indicó que el valor de las ventas al exterior llegó a los 2.254 millones de dólares. El 37,57% correspondía a hidrocarburos y el 20,22% a minerales. El Instituto Nacional de Estadística (INE) anunció que la economía de Bolivia había crecido un 3,91 por ciento durante el primer trimestre del año gracias al empuje del sector de hidrocarburos. Según el nuevo Gobierno, pese a la incertidumbre que generó la promulgación de la nueva Ley de Hidrocarburos, las empresas capitalizadas que operan en el sector petrolero obtuvieron una utilidad neta mayor a 156,8 millones de dólares entre 2004 y 2005; el monto era superior en 53,8 millones respecto del periodo anterior. Esto significaba que el sector hidrocarburos seguiría siendo el puntal de la economía del país, por lo que se justificaba la rápida aplicación de la nueva Ley de Hidrocarburos que aumentaba los impuestos a las petroleras en 32 por ciento y 18 por ciento de regalías. Para completar, un informe de una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) estableció que hubo un buen comportamiento de la economía nacional en el primer semestre del 2005. El FMI proyectó incluso que la perspectiva hasta finales de año era positiva considerando el aumento de ingresos por el nuevo régimen tributario para el gas. Las empresas transnacionales como Repsol–YPF, Petrobras, la francesa Total y la inglesa BP determinaron cumplir con la Ley 3058 en lo referido a la aplicación del IDH a pesar de los reparos que presentaron en contra de esta nueva norma. En ese mismo periodo, estas empresas lograron que el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé postergara la “migración” obligatoria de contratos para que su sucesor se hiciera cargo de las negociaciones. La nueva Ley de Hidrocarburos aumentó en por lo menos 300 millones de dólares al año, los recursos económicos a favor del Estado por explotación y comercialización de esos recursos. Sin embargo, los ingresos para el TGN se verían mermados debido al inicio de un nuevo conflicto entre gobiernos municipales, universidades, pueblos indígenas y otros sectores que reclamaban la coparticipación tributaria del IDH. Se anunciaron medidas de presión cumplidas más adelante. La gestión de la transición En el plano cívico, el comité de Santa Cruz quiso preparar su referéndum autonómico para agosto. Ante esa presión, el Senado sancionó las modificaciones al artículo 93 de la Constitución Política del Estado para acortar el mandato presidencial. Rodríguez Veltzé, a su vez, promulgó la reforma a la CPE y emitió un decreto de convocatoria a elecciones generales y de prefectos. Además promulgó una Ley para la Elección de Constituyentes y la conformación de los consejos Preconstituyente y Preautonómico. El Comité Pro Santa Cruz aceptó esa normativa pero exigió que el referéndum sobre autonomías se establezca para julio del 2006, junto con los comicios para elegir a los constituyentes. Entre tanto, los partidos políticos se pusieron en carrera electoral. La decisión de llevar adelante elecciones nacionales abrió otro frente de disputa política pues la Brigada Parlamentaria Cruceña exigía la recomposición de la Cámara de Baja, con lo que Santa Cruz podría aumentar de 22 a 26 sus escaños parlamentarios, según los resultados del Censo del 2001. Sin embargo, este pedido fue bloqueado debido a la presión de las brigadas parlamentarias de La Paz, Oruro y Potosí que plantearon que la nueva redistribución de escaños, sobre la base del Censo 2001, fuera definida en la Asamblea Constituyente. Estas posturas provocaron un encendido regionalismo. El comité cruceño entonces apeló al Tribunal Constitucional para que dirimiera en la controversia. Por su parte, poblaciones como Camiri presionaron para que el Gobierno cumpliera tres demandas: refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, regalías para provincias productoras y conceder al municipio la base operativa de la institución. Ante estas presiones, el Gobierno no puso fecha a la reestructuración de YPFB y a la creación de la Gerencia de Exploración y Explotación en Camiri. Por otro lado, los cívicos cruceños y tarijeños decidieron proclamar la desobediencia civil en rechazo a lo que denominaron la violación del Estado de derecho por parte de los poderes constituidos. El Gobierno aplicó con los cívicos una negociación de bajo perfil hasta aplacar sus ínfulas autonomistas inmediatistas. En lo económico, el Banco Central de Bolivia apostó fuertemente a la “bolivianización de la economía” y el sistema financiero comenzó a aplicar medidas orientadas a dinamizar la revaloración del boliviano en el mercado nacional. Al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda suscribió un convenio de donación con recursos provenientes de la cooperación de Holanda por cinco millones de dólares destinados al Plan Nacional de Empleo de Emergencia (Plane III) con la intención de generar 166 mil empleos eventuales en todo el país. El tema agrario tuvo un doble tratamiento por parte del Gobierno, por un lado, dejó en suspenso cuatro decretos aprobados por Carlos Mesa que favorecían a los grandes propietarios y, por otro, empezó a ejecutar 15 millones de dólares en la “política de tierras” heredada de su antecesor con claros lineamientos del Banco Mundial, cuyo fundamento es la compra-venta de ese recurso. La entelequia parlamentaria Con estas medidas, el Presidente transitorio fue pasando el tiempo hasta que se instaló el clima electoral desde el 5 de septiembre, plazo determinado por la Corte Nacional Electoral para la presentación de candidatos a la Presidencia de la República. Fueron ocho: Evo Morales (MAS), Jorge Quiroga (PODEMOS), Samuel Doria Medina (UN), Felipe Quispe (MIP), Gildo Angulo (NFR), Eliseo Rodríguez (FREPAB) y Eliseo García (USTB). Cuando el cronograma electoral se cumplía de manera normal, el 22 de ese mes, el Tribunal Constitucional emitió un fallo a favor del Comité Cívico de Santa Cruz por el cual se ordenó al Legislativo redistribuir los escaños en función de los datos poblacionales del Censo del 2001. La decisión del Tribunal desató una guerra entre los departamentos beneficiados (Santa Cruz y Cochabamba) y perjudicados (La Paz, Potosí y Oruro), poniendo en riesgo las elecciones, por cuanto la pugna regional mostró su mayor radicalidad en el seno del Congreso, la que hasta el final no logró ser superada. Las pugnas político-regionales y la comunicación de la CNE respecto a la imposibilidad técnica de realizar las elecciones generales y prefecturales en la fecha prevista (4 de diciembre) obligaron al presidente Eduardo Rodríguez, el 2 de noviembre, promulgar un decreto supremo que redistribuyó los escaños para la Cámara de Diputados (Santa Cruz gana 3 y Cochabamba 1; Oruro y Potosí pierden 1 y La Paz 2), y otro postergando los comicios para el 18 de diciembre. La decisión presidencial finalmente fue aceptada por la totalidad de los departamentos, con lo que el panorama político se calmó y las campañas electorales prosiguieron su rumbo. En este conflicto, los parlamentarios y su entelequia demostraron una vez más que su forma de hacer política excluye a la población, la que sólo espectaba cómo se peleaban y distribuían los “curules” a nombre de representación democrática. En el plano social, la gente estaba más ocupada en conseguir una garrafa de gas porque éstas empezaban a escasear en el mercado interno. El problema fue endilgado por el Gobierno, la Superintendencia de Hidrocarburos al contrabando, al uso de ese combustible por parte de los transportistas y a la especulación, en tanto que las transnacionales petroleras insistieron en que el desabastecimiento se dio por el “sorprendente” aumento en la demanda de GLP. Finalmente se conoció que el desabastecimiento de GLP en el Occidente del país fue resultado de la disminución en la producción de ese energético por parte de las empresas transnacionales, medida que algunos sectores interpretaron como un chantaje de aquéllas para presionar en la modificación de la nueva Ley de Hidrocarburos 3058, a la que de manera reiterada calificaban como confiscatoria y atentatoria a las inversiones privadas. En lo político, el conflicto generado por la escasez de GLP derivó en la renuncia del ministro de Hidrocarburos Jaime Dunn, luego de que éste fuera censurado por la Cámara de Diputados a raíz de una interpelación presentada por varios parlamentarios. Entre tanto, los municipios y la universidad pública de todo el país persistieron en su demanda para acceder a recursos de coparticipación tributaria provenientes del IDH. La demanda estuvo acompañada de medidas de presión como marchas, bloqueos y huelgas de hambre. Como resultado de arduas negociaciones entre el Ejecutivo, el Legislativo, los municipios y las universidades, los recursos para el Tesoro General de la Nación fueron reducidos al 42%, (equivalente a $us 175,8 millones), en tanto que se destinó el 58% (equivalente a $us 241,3 millones) para los departamentos, lo que hace un total de $us 417,1 millones (recaudación anual del IDH). A pocas semanas de logrado el acuerdo con los municipios y universidades, el Gobierno decidió ampliar la exportación de gas natural a la Argentina de 6,5 a 7,7 millones de metros cúbicos diarios (mmcd), argumentando que el acuerdo formaba parte de una agenda energética bilateral que incluirá un programa para concretar la construcción del Gasoducto del Noreste Argentino (GNA). TLC: ¿demanda obrera? Los primeros días de octubre, el subsecretario de Estado de EE.UU. para el hemisferio occidental, Charles Shapiro, anunció que Bolivia no puede ingresar a negociar el TLC con EE.UU., hasta que consiga un consenso interno, que se conseguiría recién con el próximo gobierno y la Asamblea Constituyente. Ante el anuncio de Shapiro, el gobierno afirmó que continuará con las gestiones para que el país ingrese al proceso de negociación entre los EE.UU. y Colombia, Ecuador y Perú, para la firma del TLC. Con el claro propósito de presionar a las autoridades, sectores fabriles de las empresas que exportan productos a EE.UU., en el marco del ATPDEA, iniciaron esporádicas marchas callejeras de apoyo a una eventual firma del TLC con ese país. Las manifestaciones obreras estuvieron encabezadas por sus jefes: los empresarios exportadores. Ellos solicitaron al presidente Rodríguez, a través de su ente gremial, cuidar el mercado estadounidense para la exportación boliviana y le pidieron que trate de ingresar al TLC, aprovechando la reunión que sostendría en Mar del Plata (Argentina) con George Bush. Tras la reunión de Mar del Plata se conoce que al no haber logrado entrar como negociador pleno, Bolivia quedó al margen del TLC que se negocia entre EE.UU. y Colombia, Perú y Ecuador. “Ahora sólo queda convencer al país del norte para que acepte una negociación bilateral”, afirmó la Cámara de Exportadores de La Paz. En la Embajada Norteamericana se informó que Bolivia se mantuvo como observador por la falta de decisión del Gobierno en 2004, cuando gobernaba Carlos Mesa. Escasez de GLP, “migración” de contratos y elecciones El mes de octubre estuvo marcado por la permanente y diaria escasez de GLP, ocasionando filas y bloqueos cotidianos en las ciudades de La Paz y El Alto. El problema no pudo ser resuelto por las autoridades de la Superintendencia pese a la puesta en marcha de algunas medidas que resultaron inútiles. Por otra parte, la segunda quincena de octubre se comenzaron a conocer solicitudes de varias petroleras transnacionales que operan en el país para que el gobierno postergue y amplíe el plazo de la “migración” de los Contratos de Riesgo Compartido, que, según la Ley de Hidrocarburos, fenecía el 15 de noviembre. Los pedidos de las transnacionales adujeron que “el país atraviesa una etapa política rodeada de incertidumbre”. En respuesta, el 22 de octubre, el Poder Ejecutivo aseguró que no se ampliaría el tiempo de negociación con las empresas petroleras. «Nunca hemos hablado de plazos adicionales, nosotros cumplimos la ley en su cabalidad», aseguró el renunciante ministro de Hidrocarburos, Jaime Dunn. Sin embargo, el 15 de noviembre, fecha límite para la “migración” de contratos entre las petroleras y el Estado, ninguna empresa hizo el cambio. Ese mismo día, el presidente Rodríguez envió un mensaje al Congreso solicitando que subsane las “falencias estructurales en el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley de Hidrocarburos que jurídicamente dificultan su aplicación y obstaculizan de manera determinante la adecuación plena de los contratos de riesgo compartido”. Simultáneamente, las empresas petroleras solicitaron un nuevo plazo para conciliar. A los pocos días (23 de noviembre), ocho empresas petroleras hicieron conocer su aceptación a la petición del presidente Eduardo Rodríguez de dejar en suspenso el inicio de arbitrajes internacionales contra Bolivia hasta el 30 de junio de 2006 y como contraparte pidieron continuar hasta esa fecha con la negociación sobre la conversión de sus contratos. Empero, de no llegar a un acuerdo con el Estado, en medio del proceso, advirtieron que iniciarán juicios internacionales. Fue en ese ambiente que el 26 de noviembre fue posesionado el nuevo ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, quien se comprometió a terminar los reglamentos de precios y comercialización, además de hacer el mayor esfuerzo para llevar a cabo la “migración” de contratos como establece la Ley de Hidrocarburos 3058. No lo consiguió. Los conflictos por tierra-territorio son frecuentes en el país y el fin de año no fue la excepción. El primer día de noviembre, se denunció que el Comité Cívico y la Asociación de Ganaderos de Concepción y San Javier (Santa Cruz) secuestraron a funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), quienes realizaban trabajos de replanteos y desalojo de terceros en el territorio de Monte Verde, ubicado en la provincia Ñuflo de Chávez. Sin embargo, éste y otros conflictos de tierra quedaron en statu quo en diciembre, mes que se caracterizó por las campañas electorales, las elecciones y los resultados que de ellas emanaron, dando el triunfo a Evo Morales Ayma, candidato del MAS, quien obtuvo el 53,7 por ciento de los votos, lo que le abrió el paso a la Presidencia de la República de manera directa. En el proceso, se conoció la adhesión de varias organizaciones sociales al proyecto masista que, según su programa de gobierno, no escapa a los lineamientos centrales del modelo neoliberal aunque su discurso diga todo lo contrario. Esa adhesión al MAS por oposición a los partidos tradicionales, al modelo, al intervencionismo norteamericano e incluso por identidad cultural, definió un voto casi orgánico traducido en el abrumador triunfo electoral. Esta situación consolidó la figura de la organización social como partido político, un partido que ahora es también Estado. ¿Es posible separar intereses sociales y estatales bajo la misma sigla? Se pintan nuevos desafíos para las organizaciones. Con estos hechos se cerró un nuevo capítulo en la historia boliviana, en el que los protagonistas fueron sin duda los movimientos sociales y las petroleras transnacionales, mediadas por el sistema político. La coyuntura iniciada con el triunfo del MAS abre una nueva época plagada de promesas así como de expectativas de parte de las mayorías indígenas y de trabajadores de todo el país. ¿Vuelve la incertidumbre?