Han pasado casi tres años desde que el Gobierno de Evo Morales aprobara el Decreto Supremo 2869 con la finalidad de que los derechos laborales, conculcados con la aplicación de las medidas de libre contratación, fueran recuperados. Sin embargo, como en los peores tiempos del neoliberalismo, encontrar estabilidad en el trabajo y un salario justo es casi una utopía. Uno de los mecanismos más utilizados por las empresas para abaratar los costos de producción ha sido la flexibilidad contractual, tanto en lo que hace al ajuste del número de trabajadores como en las formas o modalidades de contratación. De esta manera el aumento en la tasa de rotación en el empleo, la inestabilidad e incertidumbre laboral han pasado a ser casi una norma entre los trabajadores asalariados. Así lo señala el boletín Alerta Laboral No. 58, publicado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). Esta es una situación que no parece haber cambiado sustancialmente con la puesta en vigencia de medidas dirigidas a restaurar los principios y normas que garantizan los derechos laborales (D.S. 28699). Con los derechos conculcados Según la encuesta sobre desempleo e ingresos, realizada en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí, el CEDLA afirma que, el 2008, solamente el 51,3% de los trabajadores asalariados en las principales ciudades del país tuvo un contrato por tiempo indefinido; en tanto que el 28% estuvo sujeto a un contrato a plazo fijo y el 20,7% fue un trabajador eventual. En algunas ciudades como El Alto y Cochabamba el porcentaje de asalariados permanentes cae muy por debajo del 50% –acelerado por los procesos de subcontratación– y, en otras como La Paz, se eleva hasta cerca del 60%, un porcentaje que sigue siendo reducido. Este rasgo que, tiende a convertirse en estructural, tiene una gran influencia en el nivel de los salarios medios. “Por lo general, quienes no tienen un contrato de trabajo permanente están sujetos a formas de pago a destajo o por obra y no reciben otros beneficios adicionales al salario (bonos, subsidios, primas)”, señala el documento. Pero esto no se queda ahí, puesto que los trabajadores, en muchos casos, están excluidos del acceso a las prestaciones sociales de corto y largo plazo, lo que supone una disminución adicional de su salario (por efecto de los gastos en salud, maternidad, lactancia), además de un mayor riesgo de desprotección social en la vejez. “Es así que el aumento de las formas de contratación eventual o temporal ha sido una pieza clave para el logro de los objetivos de abaratamiento de los costos variables y el aumento de las tasas de ganancia empresarial, mientras crece la explotación del trabajo”, se indica en el análisis. Pero, además, esta estrategia sirve al empleador para llevar al extremo la fragmentación de los trabajadores y la competencia entre sí, con el consiguiente debilitamiento de la organización sindical y de las luchas por la mejora de sus condiciones laborales. Doble explotación Tomando como referencia al conjunto de ocupados en las principales ciudades del país, durante el 2008, un trabajador eventual ganaba en promedio la mitad de lo que recibía un trabajador permanente y un trabajador contratado a plazo fijo solamente llegaba a recibir dos tercios del salario de aquel. Es así que el CEDLA llega a la conclusión de que, a mayor inestabilidad laboral la explotación crece y se verifica que el plus valor que se extrae de los trabajadores temporales o eventuales es extremadamente alto, más aún considerando que la intensificación del trabajo y la extensión de las jornadas de trabajo rigen por igual para este grupo de la población ocupada. De esta manera se evidencia que, existe una relación directa entre la inestabilidad en el empleo y la desprotección social. La información disponible permite ver que solamente el 38% de todos los asalariados aporta para su jubilación. En otros términos casi dos de cada tres ocupados difícilmente puede aspirar a una renta de vejez que le permita vivir con dignidad cuando éstos lleguen a la edad de jubilación. De manera consistente con la información que proviene de los registros administrativos, se puede verificar que el acceso a las prestaciones sociales es un privilegio de pocos trabajadores en el sector privado, tanto empresarial (tres de cada diez) como semiempresarial (dos de cada diez), y que el mismo no está garantizado para todos los que trabajan para el Estado (ocho de cada diez), sobre todo si lo hacen en calidad de obreros en alguna de las empresas públicas de reciente creación (seis de cada diez). Con todo, es destacable la gran diferencia en la cobertura de estos servicios a los trabajadores del sector estatal, respecto a los del sector empresarial, es decir, en las unidades económicas organizadas de la manera típicamente capitalista, es una de las manifestaciones de que la generación de empleo fue extremadamente reducida en el 2008. En estos términos, una fracción cada vez mayor de los trabajadores vinculados al llamado sector “formal” de la economía, acceden a empleos cuya calidad se asemeja a los que se ofrecen en el sector “informal”. Siguiendo el mismo análisis, se puede evidenciar que dada su creciente inestabilidad laboral, los obreros están expuestos a una mayor desprotección social en comparación con los empleados en todos los sectores del mercado de trabajo, lo que sumado a los bajos niveles salariales que obtienen los sitúa entre el grupo de ocupados sujetos a una precariedad laboral extrema. Según el CEDLA, la tendencia sostenida a la reducción de los costos laborales, representa la fuente principal de la plusvalía –acrecentada por la plusvalía extraordinaria que se obtiene de los trabajadores temporales y eventuales– a la que se suman las otras fuentes que provienen de la extensión de la jornada de trabajo y su intensificación. De esto resulta una distribución cada vez más desigual del ingreso disponible entre el capital y del trabajo. Para mayor información haga click aquí