La Marea.com. 01 de febrero de 2017

Varias enfermas denuncian la desprotección que sienten al ser dadas de alta en el proceso de recuperación y el copago farmacéutico al que tienen que hacer frente. Beatriz Figueroa, que inició la batalla en 2013, vuelve a entregar firmas al Gobierno para que modifique la ley.

“Tengo 51 años. Me diagnosticaron cáncer de mama con 45. He salido de mi casa este último año días contados. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) considera que puedo trabajar en otra profesión que no sea la mía, cuando para muchas cosas de mi vida cotidiana necesito apoyo. Estoy en la unidad de dolor desde hace un año y me operé en octubre por quinta vez. El dolor crónico y las secuelas de los tratamientos me incapacitan hasta para ir a la compra”, cuenta la periodista y abogada Beatriz Figueroa, que asegura no recordar la última vez que durmió siete horas seguidas. “Para escribir en un teclado uso guantes y, aun así, el dolor en las yemas de los dedos no me permite excederme. Después de seis años fuera del mercado laboral, y si voy con la verdad por delante, es decir, aclarando que he tenido cáncer y que sigo con revisiones, ¿qué crees que me responden? Solo este mes he ido a 13 o 14 citas médicas. A ver qué empresario aguanta eso”, prosigue.

Figueroa emprendió en 2013 una batalla para facilitar la reincorporación laboral de los enfermos de cáncer, protegerlos económica y jurídicamente y que puedan recibir, si fuese necesario, la incapacidad permanente. “Yo tengo concedida una incapacidad total que me supone una miserable pensión de 550 euros. El INSS me la denegó en tres ocasiones y acudí a los tribunales. En agosto tuve que rechazar un trabajo y, en los últimos meses, ofertas como colaboradora en prensa y asesoramiento. Lo hice por responsabilidad porque no cumpliría. Qué más quisiera yo que incrementar mis escasos ingresos, pero me es imposible con mi salud. Esta realidad se repite en uno y en otro de los testimonios que recibo y nadie hace nada”, lamenta.

Han pasado cuatro años desde que esta mujer de Vigo mantuvo una huelga de hambre. Este jueves vuelve a Madrid a entregar firmas, en esta ocasión en el Ministerio de Sanidad -suman casi 600.000- que piden una modificación de la Ley de la Seguridad Social e incide de manera especial en el copago farmacéutico: “Cuando inicié mi denuncia pública, hice saber a la ciudadanía y a los medios de comunicación las consecuencias de la Ley del Medicamentazo de 2012, con el gobierno del PP. Los tratamientos largos no son solo cosa de los pensionistas. A los no tan jóvenes con enfermedades crónicas o tratamientos largos (enfermos oncológicos y otras patologías graves), a los que no se nos reconoce la incapacidad permanente, mientras nos recuperamos, esta ley nos hace pagar el 40% de nuestros medicamentos. Muchos enfermos cobran indignos subsidios de 426 euros después de años y años cotizando”, denuncia.

Desprotección e indefensión

Mercedes Valverde, diagnosticada de cáncer de mama en 2009, se muestra también indignada: “Estamos desprotegidos y totalmente indefensos. A mí, por no darme, no me dan ni una discapacidad del 33%. Los trabajos me duran lo que me duran. Ahora mismo estoy en el paro. Cuando dices que tienes que ir a una revisión y a otra y a otra, no te reanudan el contrato, se curan en salud”. Cuenta como una pesadilla su experiencia en una fábrica de carpintería de aluminio: “Cargaba puertas y ventanas para meterlas en un horno y a los 20 días me tuve que ir a urgencias, tenía el brazo como un chorizo, dolores insoportables de espalda… y me mandaron al paro. Desde septiembre no me llaman a una sola entrevista y todo ello lleva un deterioro psicológico importante que influye en la enfermedad. A veces es peor que el propio cáncer. Parece que no sirves para nada… Yo no puedo ir a un gimnasio para fortalecer mis músculos porque no tengo dinero, ni a un curso de inglés, mira qué tontería…”.

Mercedes, de La Coruña, va a cumplir 49 años en abril: “Con 40 caí enferma, tenía una empresa, me di de baja y cuando me tuve que reincorporar no tenía fuerza ni estaba preparada psicológicamente, con una edad muy complicada y con el handicap de la enfermedad y las secuelas. Yo no puedo limpiar casas, ni coger peso… ¡Y me han dado de alta para cualquier trabajo! Te dicen que estás estupenda, que estás guapísima y que a trabajar”.

El Gobierno rechazó en 2015 una proposición de ley presentada por el BNG a instancias de Figueroa que protegía a estas personas mientras se recuperan. Mercedes, por ejemplo, afirma que durante cinco años ha estado con una quimio oral a modo de prevención: “No es tan fuerte pero deteriora las articulaciones, huesos y demás. Una caja me duraba menos de un mes. Y aunque no sea mucha cantidad de dinero, para las que no tenemos ingresos significa todo. Porque luego están los ibuprofenos para el dolor, los paracetamoles, los nolotil, los medicamentos de la depresión, para dormir, para la ansiedad… Te ves en la calle, sin un duro, en paro, sin una prestación, con dos hijos y una hipoteca. Abocada al fracaso total”, concluye.

Con estos relatos de fondo, ambas mujeres insisten en que sus casos no son los peores. Citan a Magdalena Martínez, mariscadora en la ría de Pontevedra de 58 años, a quien la Seguridad Social también le dio de alta a los pocos meses de ser operada de cáncer de mama: “La señora inspectora del INSS que me dio el alta debe de creer que las almejas llegan solas a su plato. Para que ella saboree una sabrosa almeja sin el más mínimo esfuerzo, una mariscadora trabaja muy duro. Mi  trabajo depende de las mareas, meter mi cuerpo hasta las rodillas en el agua fría, sea verano o invierno, llueva o caliente el sol y clavar un rastrillo (gancha), que pesa más de 15 kilos, en la arena para extraer la preciada almeja durante 8 horas al día”.

Peticiones a la Defensora del Pueblo

Beatriz mantendrá también este jueves una reunión con un responsable del área de sanidad y política social de la Oficina de la Defensora del Pueblo, la única institución que, a petición de ella misma, está trabajando en el asunto. “La Ley de Empleo prevé la adopción de programas destinados a fomentar el empleo de las personas con especiales dificultades de integración en el mercado laboral, pero no incluye entre los beneficiarios a quienes padecen o han superado un cáncer o enfermedad grave pese a que sus tratamientos médicos y secuelas provocan serias deficiencias que pueden ser de carácter permanente”, argumenta la Defensora del Pueblo en un escrito en el que pregunta a distintos organismos del Gobierno y de las comunidades autónomas si van a incluir a los pacientes oncológicos o de otras enfermedades graves en los programas de fomento del empleo entre personas con especiales dificultades de integración en el mercado del trabajo. Estos datos serán incluidos en un informe que, según explican a La Marea desde la Oficina de la Defensora del Pueblo, aún está en tramitación.

La petición de Figueroa en el Ministerio de Sanidad, como motivo de la celebración el próximo 4 de febrero del Día Mundial del Cáncer, se suma a otras reivindicaciones como la inclusión de una casilla en el IRPF para la investigación de esta enfermedad y la reclamación de fondos para proseguir con un proyecto de investigación de la Universidad de Granada.

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