El Gobierno se impuso ante los trabajadores al conseguir que se apruebe, en el ampliado de la
Central Obrera Boliviana (COB), este viernes 12 de noviembre, el proyecto de la nueva ley de
pensiones el que, según lo señalaron autoridades hace dos semanas, iba a ser consensuado con la
dirigencia en reuniones reservadas, lo que indica que no ha sido analizado por las bases las que,
por tanto, lo desconocen.
Según notas de prensa, 40 organizaciones fueron las que aprobaron en documento y votaron
para que el proyecto se remita a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y sólo hubo cuatro
votos en contra: las Centrales Obreras de Oruro, Potosí y Chuquisaca, y la Confederación
Nacional en Educación Rural de Bolivia. Esa aprobación, aunque sea mayoritaria, refleja el
distanciamiento que existe entre la dirigencia sindical y las bases, situación que puede
convertirse en peligrosa, cuando los trabajadores cuestionen su contenido, el que también
recaería sobre sus dirigentes y, respecto del mismo gobierno, por no haberla socializado antes de
enviarla a la ALP, donde está por descontado que se aprobará sin revisión, si es que se procede
con la misma metodología respecto de algunos anteriores proyectos, como sucedió con la Ley
contra el Racismo y toda Forma de Discriminación:

Expertos

A fin de conocer los alcances de este proyecto, hemos pedido la opinión y el analisis de dos
especialistas —Carlos Arze Vargas y Alberto Bonadona Cossío— quienes coinciden en que el
mayor peso de la sostenibilidad del nuevo sistema, recaerá nuevamente sobre los trabajadores, lo
que significa que, básicamente, no habrá cambios respecto al actual sistema.
Veamos primero el análisis de Carlos Arze Vargas, director del Centro de Estudios para el
Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), quien señala que el proyecto del nuevo sistema de
pensiones mantiene el espíritu neoliberal del anterior, principalmente por cuatro elementos: 1.
hace recaer el mayor peso del financiamiento sobre los trabajadores; 2. el aporte patronal es
mínimo; 3. el Estado no aporta. Veamos:

Mayor responsabilidad a los trabajadores

Los trabajadores sostendrán el sistema con un mayor porcentaje de aporte: el 13%,
constituyendo la principal fuente de financiamiento.
Además, el llamado Fondo Solidario, cae también sobre los trabajadores, los que todavía
tienen sus aportes en el viejo sistema, en el CC; sin embargo, este fondo irá mermando hasta que
desparezcan esos rentistas, lo que significará a futuro, que los trabajadores activos deberán
aumentar sus aportes para que siga habiendo ese fondo solidario. Lo paradójico en el nuevo
proyecto es que los mismos trabajadores activos aportarán para sí mismos su fondo solidario, con
el 0,5 de su total ganado.

El Estado protege a los patrones

El aporte de la patronal es mínimo: 3%. Esta condescendencia hacia la patronal, no se acerca
al 21% que en el Código de Seguridad Social de 1956 fijaba a los empleadores. Se supone que
ahora, según los postulados del Gobierno “de ser un proceso hacia el socialismo”, mínimamente
las políticas públicas deberían tender a igualarse a las conquistas de la Revolución del 52.
Aumentar este porcentaje, debería ser una exigencia de los gobernantes, monto que no sería
sino recuperar, en algo, parte del salario no pagado por la patronal al trabajador, es decir,
recuperar un poco de la plusvalía.

El Estado no aporta nada

En el nuevo proyecto, el Estado no aporta ni un centavo para la jubilación de los ciudadanos,
lo mismo que en el actual sistema de las AFP de Capitalización Individual. Si contribuyera el
Estado sería una redistribución de los aportes que hacemos al erario público a través de los
impuestos que pagamos, directa o indirectamente.
Sin embargo, nuevamente la posición del gobierno al liberar al Estado, como aportante, se
hace incongruente ya que no actúa como lo hicieron los gobiernos neoliberales. Veamos por qué:
en 1956 (Código de Seguridad Social), durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro del período
de la Revolución Nacional, el Estado aportaba entre el 1 y 5 %, de acuerdo a la necesidad
particular del jubilado; en 1972 (Ley 1141), durante la dictadura militar de Hugo Bánzer, el
Estado dejó de aportar; en 1987 (Ley 924 y DS 21637), durante el gobierno neoliberal de Paz
Estenssoro, el Estado se hizo responsable de aportar con el 1 %; en 1990 (D.S. 22578), durante el
gobierno neoliberal de Jaime Paz Zamora, el Estado aporto con el 1,5 %; finalmente, en 1996
(Ley 1732), durante el gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada, el aporte del Estado
se anuló.
Veamos el siguiente cuadro sobre la evolución de Seguro Social, elaborado por Carlos Arze,
desde 1956 hasta 1996, cuando se instaura las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP),
quien señala que “la trayectoria de Seguridad Social en el país es la de reducción paulatina y
sostenida de la responsabilidad de empresarios y Estado para financiamiento, especialmente del
régimen de largo plazo.”
Las anteriores y otras observaciones más a la Nueva Ley de Pensiones, Carlos Arze las anota
a continuación:
—La propuesta es neoliberal, pues preserva principio del ahorro individual para los
asalariados, cambiando únicamente las “barreras” de acceso a prestaciones (60 años, 60% de
salario, etc.).
—La Renta Solidaria perpetúa las rentas bajas y es medida coyuntural y política,
“beneficiando” a grupos excepcionales de trabajadores.
—La sostenibilidad del Fondo Solidario depende de incrementar aportes laborales.
—Plantea demagógico régimen solidario semi-contributivo para independientes y salarios
bajos, financiado por aportes laborales, impuesto a ingreso personal y aporte patronal para
terceros.
—La cobertura de fondo solidario no llegará a sectores más pobres, debido a las condiciones
prevalecientes en el mercado del trabajo. Probable beneficio para sectores medios de sectores
terciarios y asalariados de bajos salarios.
—Riesgo de mayor precarización de las relaciones laborales e informalización por estrategias
empresariales de flexibilización.
—Orientación anti-obrera del gobierno, pues atenta a la reposición de la fuerza de trabajo,
única fuente de plusvalor (capital), al desconocer la responsabilidad empresarial y estatal de
financiar SS.
—Refuerza explotación de asalariados al cargar el peso del financiamiento de la Seguridad
Social sobre sus espaladas, bajo el argumento de que los asalariados serían privilegiados.

Bonadona: el riesgo es un proceso inflacionario

Alberto Bonadona, economista y especialista en pensiones, señala que la implementación del
nuevo sistema puede provocar un proceso inflacionario, ya que la cantidad de personas que se
jubilarían, puede llegar a más de 180 mil, y no sólo a 30 mil que dice el gobierno. Entonces, de
aumentarse el número de jubilados, la nueva administradora de pensiones tendría que disponer
de un monto similar al presupuestado para el gobierno central.
En cuanto a la fuente de financiamiento, Bonadona señala que se estaría proponiendo la
malversación, ya que se utilizaría “el 20% de la recaudación de primas de riesgo (el profesional y
el común), aporte solidario de trabajadores dependientes y personas naturales que tienen ingresos
altos a partir de los 13 mil bolivianos.”
Para evitar ellos, Bonadona propone que para garantizar la sostenibilidad el nuevo sistema, se
debería diseñar una escala diferenciada a los salarios, de manera de quien gane más, debe tributar
más

Conclusiones

Evidentemente, el Nuevo Sistema de Pensiones que se pretende hacer aprobar en la ALP, en
su esencia seguirá siendo neoliberal, al descargar sobre los trabajadores, el mayor aporte.
Asimismo, demagógicamente habla de Fondo Solidario, pero a costa exclusiva de los mismos
trabajadores. Como dice el saber popular, el gobierno está ganando indulgencias con avemarías
ajenas.
Estamos de acuerdo con Arze cuando señala que la patronal es la que debería aportar más,
medida viable, pues así lo hizo el Estado con las empresas petroleras, al cargarles mayores
impuestos. De esta manera, ahora debería tenderse en el nuevo proyecto de pensiones: aplicar un
impuesto sobre las utilidades netas de las empresas y así financiar el fondo para las jubilaciones.
Si bien la propuesta de Bonadona, de crear una escala impositiva diferenciada sobre los
salarios, donde los que ganen más tributen más, puede ser viable para financiar los fondos de las
pensiones. Consideramos que es la patronal la que debe entregar el aporte mayor, porque así se
recupera algo de la plusvalía.
Varios dirigentes sindicales han aceptado el proyecto de ley de pensiones, con el argumento
de que mejorarán las rentas de los que menos ganan, aún así, consideramos que son insuficientes,
ya que ahora un trabajador con 25 años de aporte, con un salario 1.500 bolivianos ¿qué hará con
una renta de jubilación de 1.100 bolivianos, aunque haya subido ésta de la actual de 376
bolivianos? Por eso consideramos, que con estas medidas se está entrando a un debate
distraccionista, con el que desvía la atención hacia el tema central que debía encarar la dirigencia
de la COB, el tema salario, que debe ser digno, suficiente y resultado de una fuente de trabajo
estable.
Cuando ese salario satisfaga todas las necesidades del trabajador y su familia, cuando cubra
en su totalidad los gastos de la canasta familiar, mínimamente para cinco miembros, entonces sí
la dirigencia de la COB debería sentirse orgullosa y negociar una ley de pensiones, porque
entonces se atendera a uno de los principales derechos de los trabajadores; solo así podrá
reproducirse la fuerza laboral. Lo contrario, es lo que está haciendo la dirigencia cobista,
contener las protestas a costa de la miseria de los asalariados y no asalariados.

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