Pablo Stefanoni

El vicepresidente boliviano Alvaro García Linera acusó a la Central Obrera Boliviana de “contrarrevolucionaria” luego de que la debilitada entidad gremial declarara una huelga general indefinida desde el lunes, presionada por el radicalizado sindicato de obreros fabriles. La medida es en rechazo al aumento salarial del 5% dispuesto por el gobierno para trabajadores públicos y privados, exceptuando a militares y policías, que sólo verán incrementarse sus salarios en un 3%.

Con todo, es dudoso efecto real de la medida de fuerza y ayer comenzaron negociaciones con el gobierno: la COB está lejos de ser la “gloriosa” organización obrera que desfilaba fusil en mano en los años 50, o que paraba de punta a punta el país en los 80, y su discurso trotskista radical suele ser bastante testimonial. El paro general del pasado martes 4 de mayo tuvo un impacto menor, aunque un grupo de fabriles intentó tomar violentamente el Ministerio de Trabajo. Acusan al jefe de la COB, Pedro Montes, de haberse vendido al Gobierno.

No obstante, la decisión sindical alteró los ánimos en el oficialismo en medio de un crecimiento de las demandas sociales que incluyen una huelga de hambre de esposas de policías rasos y de dirigentes fabriles. Un conflicto menor en los Yungas de La Paz (al noreste de la sede de Gobierno) por el lugar de instalación de una empresa estatal procesadora de cítricos creció ante la inacción oficial hasta poner en pie de guerra a campesinos de dos comunidades enfrentadas, con un bloqueo de doce días que aisló a la región. Hasta que este viernes el Gobierno decidió romper violentamente el corte de ruta desencadenando una verdadera pueblada, con varios heridos y un estudiante muerto.

García Linera dijo no dudar “que detrás de la huelga pueden estar funcionarios de la embajada de Estados Unidos que, como no pudieron con golpe de Estado contra el presidente Evo, con el revocatorio, con (intentos de) asesinato, buscan ahora debilitar desde adentro, utilizando una justa demanda obrera para obtener un rédito político contrarrevolucionario”. El vice boliviano recordó que los paros de la COB acabaron con el gobierno izquierdista de Hernán Siles Zuazo en los años 80, abriendo paso a la derecha en medio de una infernal hiperinflación.

Ese fantasma sigue vivo. El ministro de la Presidencia, Óscar Coca, argumentó que “el gran riesgo es que se genere un proceso inflacionario si no se consideran adecuadamente la base productiva y el incremento de la masa salarial”. Al tiempo que García Linera destacó que los bonos sociales implementados por Evo Morales son salarios indirectos e insistió en que para redistribuir más debe generarse más riqueza. “Ser un gobierno de trabajadores no significa ser gobierno demagogo”, remarcó. Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, “en 2009, el 31% de los trabajadores ganaba menos del salario mínimo y el 60% menos de dos salarios mínimos, ni siquiera el equivalente al costo de una canasta normativa alimentaria”. Algunos sectores cuestionan la próxima compra un avión presidencial francés y armas rusas por más de 150 millones de dólares.

Mientras fabriles y maestros rechazan el aumento del 5%, los policías piden que se reconsidere el 3% que les toca a los uniformados. Pero las medidas de presión de sus esposas –ellos no tienen derecho a huelga- recibieron una sorpresiva respuesta del viceministro de Régimen Interior y ex diputado del MAS Gustavo Torrico, quien instó a los policías a vivir a “pan y café” si no les alcanza el sueldo. Dijo que él mismo usó esa alternativa cuando no tenía ingresos suficientes.

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