Manifestaciones y huelgas contra el aumento de salarios dispuesto por el gobierno de Bolivia pusieron fin a un período de gracia concedido por la clase obrera al izquierdista presidente Evo Morales.
El gobierno decidió establecer en cinco por ciento el tope máximo para los aumentos salariales generales, y en tres por ciento para los de policías y militares, mientras elevó el sueldo mínimo nacional a 679 pesos bolivianos (unos 96 dólares), 32 pesos más que el de 2009.

El gobierno decidió establecer en cinco por ciento el tope máximo para los aumentos salariales generales, y en tres por ciento para los de policías y militares, mientras elevó el sueldo mínimo nacional a 679 pesos bolivianos (unos 96 dólares), 32 pesos más que el de 2009.

Además de la manifestación de este martes de obreros industriales en La Paz, educadores y trabajadores de la salud pública y la minería efectuaron una huelga de 24 horas, mientras esposas de agentes policiales rasos iniciaron un ayuno contra el escaso aumento que no permite recuperar el poder adquisitivo perdido, alegan.

Marchas pacíficas se celebraron en otras ciudades del país.

La reacción sindical organizada por un grupo disidente de dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), es la primera que se expresa contra Morales desde que asumió su primer mandato en enero de 2006.

Quedó además al descubierto una fractura en la principal central sindical y el desconocimiento al secretario ejecutivo de la COB, el minero Pedro Montes, a quien un sector acusa de traicionar la lucha obrera por adherirse al oficialismo.

El aumento impulsó a la calle a trabajadores fabriles que llegaron hasta las inmediaciones de la sede del gobierno. Una persona fue herida por la explosión de una carga de dinamita en la puerta del Ministerio de Trabajo, y al menos 15 fueron detenidas en los disturbios.

Desde su despacho, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, justificó la asignación del incremento, el más bajo del gobierno de Morales, y argumentó que supera en mucho la inflación registrada en 2009, que fue de 0,26%, según el estatal Instituto Nacional de

Estadística.

Arce consideró excesivas las demandas de los trabajadores de la salud, que reclaman aumentos de hasta de 26 por ciento, para compensar la suba de precios de los alimentos.

Morales estrenó su mandato presidencial en 2006 con un 13,7% de incremento salarial y mantuvo los aumentos en un promedio anual de 8,7 por ciento hasta el año pasado, según un análisis del no gubernamental Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).

«En cuatro años no hubo cambios. La reactivación productiva no se ha concretado y por lo tanto no se generan mayores ingresos fiscales, no se generan empleos en sectores como los hidrocarburos, la minería, la agricultura y los bosques. No podemos seguir en silencio», dijo a IPS el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Guido Midma.

Sesenta por ciento de los trabajadores perciben ingresos que no alcanzan para adquirir la canasta básica para una familia de cinco miembros, estimada en 1.288 bolivianos (182 dólares) y que mide solamente los gastos en alimentación y no considera otros, como salud, transporte y vivienda, explicó Rojas.

Entre 2006 y 2009, el incremento promedio del salario mínimo nacional real «fue de apenas 1,4% que, considerando el incremento nominal del cinco por ciento propuesto por el gobierno para 2010, determinará un aumento real promedio anual reducido de 2,3%», señala un estudio del Cedla.

El gobierno decidió destinar para este año 1.806 millones de dólares a la inversión pública, un monto apreciable para una economía que genera un producto interno bruto (PIB) anual de unos 17.000 millones de dólares.

Otro sector en conflicto es la policía. Una veintena de esposas de uniformados de bajo rango protagonizan una huelga de hambre y rechazan el incremento de tres por ciento anunciado por el gobierno para los sueldos de policías y militares.

Un agente policial raso percibe 1.000 bolivianos (unos 142 dólares) por mes, y muchos están desplegados en zonas distantes de sus hogares, lo que genera disgregación familiar y obliga a los uniformados a vivir en condiciones de extrema pobreza, explicaron las huelguistas.

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