COLUMNA VERTEBRAL / Carlos De Mesa Quisbert

De acuerdo a información oficial, el desempleo en Bolivia hoy es de 4,4% y, pese a que ha subido en los últimos dos años, es uno de los más bajos de América Latina; no sólo eso, si se compara esta cifra con la del periodo democrático anterior a 2006 (8,1% en 2005) demuestra una mejora muy importante y destacable. Pero, ¿qué nos dice realmente esta cifra? Hay que tomarla como referida fundamentalmente al área urbana en el contexto de una economía dominada por la informalidad laboral.

Si asumimos que los ingresos del país han sido 11 veces superiores en la última década con relación a un periodo anterior equivalente, es razonable suponer que ese incremento debió traducirse en una muy significativa generación de empleos. La meta de toda sociedad, económicamente hablando, es lograr el empleo pleno y lograrlo sobre la base de que se trate de un trabajo digno, sostenible en el tiempo, vinculado a la capacidad de cada empleado con equidad de género y que garantice el acceso a salud gratuita, y a una jubilación adecuada.

En Bolivia la medición y valoración de la cantidad, y calidad del empleo se enfrenta a muchas dificultades. Uno de los primeros factores tiene que ver con a quién se considera como una persona empleada. La pregunta suele ser muy laxa y referida a los últimos días de actividad del encuestado. Además, no es lo mismo el relevamiento del área urbana que el del área rural. En esta última una buena parte del empleo asalariado es estacional y otra parte es en realidad «empleo” por cuenta propia.

El otro factor para entender la estructura laboral del país, sobre todo en el área urbana, es la informalidad que está en cifras próximas al 70% del total de la economía. La informalidad es de hecho un espacio opaco en el que las cifras no esclarecen gran cosa. Sus mayores problemas tienen que ver con la precariedad, el escaso o nulo acceso a servicios de seguridad social, la inexistencia de aportes para la jubilación y el incumplimiento de las leyes laborales, sobre todo en lo referido a la edad, horas trabajadas, remuneración justa, descanso y vacaciones. Como ocurre en el ámbito fiscal la ley y las obligaciones de su cumplimiento se aplican sólo (y no siempre) a quienes se mueven en la economía formal, lo que además contribuye a exagerar las cargas impositivas y sociales sobre los generadores de empleo, propiciando un círculo vicioso del que no podemos salir.

La pregunta es si el volumen del PIB (más que triplicado en los últimos diez años) tiene una relación directa con la creación de empleos. La respuesta es que no se ha producido número y calidad equivalentes a los requerimientos estructurales del país, especialmente con relación a los jóvenes que entran anualmente como demandantes de fuentes de trabajo. En este punto no se trata de suponer que la ecuación la resuelve un Estado empleador, sea en la burocracia, sea en su propio sector productivo; por el contrario, se espera que las condiciones de bienestar económico, incentivos directos o indirectos a la producción y a las exportaciones propiciarán la creación de nuevas fuentes de trabajo.

En la otra punta, debería suceder también que un incremento de la calidad y el nivel de la educación garantizará mejores oportunidades para conseguir un empleo. Es decir, que más ciudadanos educados y más ciudadanos con grados de especialización profesional recibirán, a su vez, más y mejores opciones de trabajo.

Pero las cifras no acompañan estas premisas. De acuerdo al Cedla, el incremento del empleo se ha dado en sectores como comercio, servicios personales, transporte y construcción. Son rubros que, en términos generales, se sujetan poco o nada a los derechos laborales que reconoce la ley. Alguno de ellos, además, son demasiado dependientes de ciclos de bonanza y recesión, y en situaciones de dificultad tienden a convertirse en volátiles. La otra realidad es que la estabilidad laboral es cada vez menor. Si en 2006 era del 60%, en 2015 fue sólo del 40% (Cedla). A esto se suma la precariedad. De acuerdo al Observatorio Boliviano de Empleo, padecen situación de precariedad en su trabajo 86 de cada 100 personas empleadas. Lo más grave es que el desempleo afecta sobre todo a jóvenes, mujeres y personas con altos niveles educativos. Y para ratificar el efecto de la informalidad sobre el trabajo, recordemos que la OIT (2009) destacaba el hecho de que los jóvenes con empleo informal en el país sumaban nada menos que el 87,4% del total. No es probable que estas cifras hayan cambiado radicalmente en el último lustro.

Si somos rigurosos, debemos aceptar que el empleo es una tarea pendiente del país que requiere de cambios estructurales, una modificación de nuestra matriz productiva y políticas públicas capaces de encarar adecuadamente el fenómeno de la informalidad.

Carlos D. Mesa Gisbert fue
presidente de Bolivia.

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