DESDE EL MIRADOR
Mario Castro

Desde que se ha recuperado la democracia en el país, hace algo más de tres décadas, en la sucesión de la cita a las urnas se han hecho muchas promesas para capitalizar votos. El más trillado de los ofrecimientos ha sido el de la creación de empleos. En la mayor parte de ingenuos ciudadanos, los políticos  han despertado ilusiones, pero ha sido evidente que pusieron al descubierto la alta dosis de demagogia de sus campañas electorales con el manido anzuelo de «puestos de trabajo para todos”. No hubo que esperar mucho para que se desvanezcan sus compromisos.
El reclamo no puede evitar convertirse al mismo tiempo en denuncia y queja. La demanda tiene la identidad del que exige un derecho. Es, además, el argumento auténtico para que el actual Gobierno realice estudios serios de este problema, que tiene vieja data, para su atención urgente en escala nacional.
Desde otros ángulos,  últimos informes del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), se  asegura que existe un 80% de empresas que estarían dentro de la informalidad, tan sólo un 10% en la formalidad y un notable 10% de población desempleada. A propósito de esta última referencia, si traducimos a cifras el dato, cerca de 400 mil personas no tienen fuente de trabajo.
La referencia más o menos aproximada es que desde el año 2000 salieron del país unas 20.000 personas  anualmente y esto lo relacionamos con la falta de empleo, porque mucha gente se va con la idea de encontrar ocupación afuera.
Algo habrá que hacer imperiosamente para evitar la fuga de capacidades de profesionales u obreros que pueden aportar positivamente al país. La exigencia de empleo no puede tener como respuesta el discurso como nos acostumbraron.  La acción tiene que guardar lealtad con las ofertas por el derecho a trabajar, sin la promesa destinada al olvido.
Los indicadores regionales relativos a la economía que se han publicado en el último tiempo expresan un cuadro de situación claro, con sus matices particulares en cada país. Evidentemente, no se puede pretender una homogeneidad en el área de la que formamos parte. De ahí que  la desaceleración económica, así como las tasas de desempleo en nuestro país,  sean una realidad que se avecina y que en la actualidad es una tensión poco alentadora.
No pensamos ser alarmistas ni especulativos. Cuidadosos estudios ya enfocaron  los problemas que se desprenderían irremediablemente de las bajas cotizaciones del petróleo y de los minerales en el mercado internacional. Conscientes de haber prestado la mayor atención al extractivismo  y haber insistido en que nuestra economía descanse en el producto de  esos dos rubros  nos llevaría a ese callejón cuya salida exige imaginación, sensatez  y voluntad política, para por lo menos atenuar la caída de la economía  y un incremento en la falta de empleo.
Este panorama plantea desafíos concretos e inmediatos, porque el empeoramiento de la situación laboral implica que la crisis se refleja en la  situación de las personas.  Afecta tanto a los grupos más vulnerables -pobres- como a la clase media que ve sus expectativas de mejoramiento frustradas.
Pone una vez más en evidencia la urgente necesidad de avanzar  en procesos de diversificación y de desarrollo productivo que impulsen una transformación de las economías en la dirección de un crecimiento más sostenido  con  más y mejores empleos.  Ese sigue siendo el norte de la agenda de mediano y largo plazo, políticas macroeconómicas y del mercado laboral para mitigar los efectos de la desaceleración, en las empresas grandes, medianas y pequeñas, en  los puestos de trabajo, en los ingresos.

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