Patricia Sánchez Ramos

El mercado laboral boliviano se  caracteriza por  una  creciente precariedad, que  está llegando a extremos, a pesar del buen desempeño que la  economía ha  registrado en  los  últimos años.  Hay  un  poco menos de  desempleo, pero hay  más empleo informal. Menos desempleo, pero más  subempleo. Menos  desempleados, pero más  empleos temporales, con  bajos salarios, sin seguridad social  y sin oportunidades para  el ejercicio de  los derechos laborales.

“Tener empleo en  Bolivia,  cualquiera que sea,  no  es sinónimo de  protección  social”, afirma Bruno Rojas,  especialista de  la Unidad de  Empleo y Derechos Laborales del  Centro de  Estudios  para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), quien define  la coyuntura como un  momento crítico  por  la influencia de las corrientes de  flexibilización laboral que se presentan bajo modalidades de  terciarización, subcontratación y outsourcing, en  consonancia con  tendencias que también se imponen en  la región latinoamericana.

El desempleo castiga sobre todo a los jóvenes, a las mujeres,  a los pobres y cada vez  más  a las personas con  formación profesional, lo que se conoce como “desempleo ilustrado”.

Según  el  CEDLA, alrededor  de   180.000 personas  –entre cesantes y aspirantes- buscan anualmente empleo en  Bolivia, pero menos de  la mitad encuentra una fuente laboral. La cifra puede  variar de  acuerdo a  temporadas en  que se  demande mayor o menor cantidad de  mano de  obra.

Para  Bruno, el perfil del mercado laboral boliviano está signado por  la  vigencia de  un  modelo económico que continúa apostando por  un patrón de acumulación primario exportador que demanda trabajadores poco o  nada calificados, que demanda empleo informal, inestable y con  bajos ingresos.

En su criterio, la solución a este entuerto pasa por  dos factores: un cambio de modelo económico con un enfoque que enfatice  en  la transformación productiva y la incorporación de  valor agregado, y la revalorización de  la legislación laboral  pues, lamentablemente, el incumplimiento a la Ley del  Trabajo es una conducta cada vez más extendida, incluyendo al mismo Estado.

Para  el especialista, el panorama futuro no  se pinta alentador.  Primero, porque el gobierno boliviano ratifica una política de  contención salarial tomando como referencia un  salario nacional mínimo que no  responde a una canasta familiar básica que garantice una vida  digna.

Segundo porque se  mantiene la  vigencia del  Estatuto del Funcionario Público que  no  garantiza un  empleo de  calidad a quienes trabajan en  las instituciones estatales. Tercero, por  las crecientes prácticas de  terciarización. Finalmente, porque los procesos autonómicos están apostando  por   condiciones tremendamente restrictivas a la calidad del  empleo.

Los criterios de  Bruno, contrastan  con  la  posición de  los empleadores que más  bien demandan la flexibilización de  las normas laborales como condición para la creación de  fuentes de  trabajo. Fernando Cáceres, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), afirmó en  una reciente exposición pública que el incremento de  los costos laborales (llámese doble aguinaldo y aumentos salariales) está  desincentivando  la  generación  de  empleo.

Detalló que un  estudio de  la  CNC revela  que en  el  período  2007-2012, la  población ocupada con  empleo estable, vale decir  con  personal en  planilla, con  aguinaldo, con  seguro de  salud y afiliado a alguna AFP) se redujo del  12%  al 8%  a causa de  la creciente carga laboral.

El desempleo golpea a los jóvenes,  a las mujeres, a los pobres y a los  profesionales.

El  sector privado argumenta  que  la flexibilidad laboral  ha  sido  la  causa que permitió  el  despegue  económico de   los llamados “Tigres del  Asia”.

“Esa  visión  nos  asusta”, comenta Rojas, al explicar que “pedir más  flexibilidad significa mayor  abaratamiento  del  costo del  trabajo, más  pobreza, menos ingresos para la familia y  menor calidad de  vida”.

Creciente precariedad

Bruno Rojas ejemplifica con algunas estadísticas  la  creciente precariedad  del empleo en  Bolivia  expresada en  la  inestabilidad laboral (trabajos eventuales), ingresos insuficientes para cubrir una canasta alimentaria, desprotección social, jornadas de  trabajo prolongadas y variables  y desconocimiento y violación de  las normas laborales.

El país  vive la  paradoja de  que el  crecimiento económico no estuvo acompañado  por  una mejor calidad en  el  empleo. Aunque  la   economía  creció   a   tasas  de 6.15% en  2008,  5.17% en  2011  y 6.78% en  2013,  con  el  consiguiente incremento en  ingresos fiscales,  mayores divisas  y cre- cientes  reservas, la  inestabilidad  laboral se elevó en  lugar de  reducirse; el empleo precario extremo en  el período 2001-2011 pasó del  22%  al  57%.   En  esa  década, el empleo informal no  experimentó grandes variaciones, pues  se  mantuvo  alrededor del  60%.

Cerca  de  la mitad de  las personas ocupadas  en   el  ámbito urbano  tienen  empleos precarios (inestables, con  bajos salarios y sin  protección social).     El 65%  de  los ocupados en  las ciudades del eje central y El Alto ganaban (en 2011) por  debajo de la canasta alimentaria estimada en  1.792  bolivianos (un indicador internacional que toma como referencia para medir si los ingresos permiten cubrir las necesidades básicas de  alimentación).

En el ámbito urbano, un  tercio de  los ocupados gana menos del  salario mínimo nacional.  Entre los  obreros y empleados una cuarta parte está por  debajo de  ese  tope referencial. Un reciente estudio revela que en  el municipio  de  La Paz,  casi la mitad de los jóvenes de  entre 15 y 24 años percibe salarios por  debajo de la mitad de un mínimo nacional (por  debajo de  720 bolivianos mensuales).

Para el sector privado, los crecientes costos laborales desincentivan la generación de empleo.

Cerca  del  80%  de  las personas ocupadas en  el sector informal y que trabajan por  cuenta propia, como independientes o asalariados, no cuenta con seguridad social.

Otro  indicador de   precariedad  laboral  es  que, del 56%  de  la población ocupada que está en  condición de asalariado, menos del  20%  accede o  tiene condiciones como para ejercer sus derechos laborales, a pesar de  una profusa legislación laboral. Esto muestra que, en  la práctica,  los  derechos laborales son  objeto de  permanente conculcación. En el primer cuatrimestre del año, 32 sectores laborales han visto vulnerados sus derechos laborales.

La  precariedad del   empleo se  advierte  sobre todo en  el sector del  comercio informal, en  la actividad de  la construcción, las cooperativas mineras. Estos dos  últimos sectores que atraviesan por  un  ciclo favorable (sea  por  el boom de  la actividad o por  mejores precios) disimulan su situación con   ingresos un  poco más  elevados.

Desempleo

La tasa de  desempleo es  una constante pugna entre las cifras  oficiales y las del  CEDLA.  El INE asegura que el desempleo asciende a 3.2%, mientras que el CEDLA calcula  que el desempleo abierto urbano asciende al 7.9% (2011).

Los  segmentos  más   golpeados  con   el   desempleo son  las mujeres (10.5%), los jóvenes (14.5%), los pobres (10.5%) y las  personas con  mayores  niveles educativos con  un  12.5% de  desempleo. Todos  ellos  presentan tasas muy  superiores a las de  desempleo urbano (7.9%).

Como  ejemplo de  lo alarmante de  la situación, una reciente investigación en  el municipio de  La Paz, señala que la  tasa de  desempleo de  los  jóvenes paceños  en 2014  alcanzaba al 22,4%, muy  similar  a la de  los países europeos en  crisis como España, Portugal o  Grecia.  En el  municipio de  La Paz  el  desempleo “ilustrado” se  sitúa en  24.55%.

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