Los derechos de los trabajadores informales ya tienen un hogar en Costa Rica y El Salvador
OIT. 26 de julio del 2016
El proyecto, respaldado por la OIT, tiene como objetivo el asesoramiento de los trabajadores informales y el establecimiento de alianzas institucionales para crear estrategias colectivas que faciliten el tránsito de la informalidad a la formalidad.
SAN JOSÉ, Costa Rica (OIT Noticias) – Es un lunes lluvioso en la capital costarricense, pero hay un trajín constante de personas entrando y saliendo del Centro de asesoramiento y vigilancia de los derechos de las personas que trabajan en el sector de la economía informal. Muchos jóvenes, muchas mujeres. “Hay muchas embarazadas que vienen solas” dice Kattia Barquero, coordinadora de la recién inaugurada oficina.
Este Centro y el que también está en marcha en la capital de El Salvador, ambos conocidos como “Casa de los Derechos”, tienen como objetivo propiciar canales y mecanismos que contribuyan a la formalización de las y los trabajadores de la economía informal. Barquero cuenta que los trabajadores informales suelen pertenecer a los grupos de población más vulnerables, es decir, mujeres y migrantes.
“Hay muchos vendedores ambulantes, también mujeres que se dedican al trabajo doméstico. Al carecer totalmente de protección social, están a merced de sus empleadores, frecuentemente sufren maltrato psicológico y físico. La mayoría de ellos no conoce sus derechos, aunque eso va cambiando poco a poco”, apunta Barquero quien además es secretaria de organización de SINTRACOPEA (Sindicato de Trabajadores Comerciantes Patentados Estacionarios y Afines).
Los Centros han sido establecidos en el marco del proyecto respaldado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “Promover el respeto de los derechos laborales de los trabajadores de la economía informal en Costa Rica, El Salvador y Honduras”, y aprobados a través de Mesas Municipales de Diálogo Tripartito. Fueron creados con la ayuda de organizaciones de trabajadores informales regionales de esos países.
La idea clave de estos Centros es la de promover el respeto y cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras informales, además de establecer alianzas con otras instituciones con el fin de diseñar estrategias colectivas que faciliten el tránsito de la informalidad a la formalidad.
Allí se brinda información sobre trámites municipales (como por ejemplo, solicitudes de patentes); se ofrecen servicios de mediación en situaciones de conflicto con las autoridades municipales; y se presta asesoría legal para el ejercicio de actividades laborales. Los trabajadores informales también reciben formación en el desarrollo de capacidades en empleabilidad y emprendimiento y en fortalecimiento de organizaciones.
Barquero puntualiza que el proyecto ha estado basado en todo momento en las directrices de la Recomendación nº204 de la OIT “Sobre la transición de la economía informal a la economía formal”.
En el transcurso del primer mes el Centro de San José ha atendido ya a más de 300 personas. Para su promoción, los coordinadores han recurrido a las nuevas tecnologías. “WhatsApp y Facebook han sido medios muy útiles para comunicar la existencia de los Centros, y para realizar un seguimiento constante de las personas que ya han acudido a ellos”.
Además de diseñar e implementar el proyecto, la OIT ha emitido recomendaciones para su sostenibilidad y ayudado a capacitar a los funcionarios que trabajan allí, pues a partir del agosto del 2016 está previsto que las Casas de los Derechos comiencen a funcionar de forma independiente.
Los funcionarios han recibido formación en materias de migración, legislación laboral, derechos humanos, política y fomento del liderazgo.
Magnitud del empleo informal en Costa Rica y El Salvador
Según la Encuesta Continua de Empleo (ECE) de Costa Rica del 2014, 825 mil personas tienen un empleo informal (323 mil son mujeres). Seis de cada diez trabajadores dependen de un patrón, empresa o institución; el resto son microempresarios (trabajan de forma independiente).
De acuerdo a la misma encuesta, la población ocupada con empleo informal se concentra en la franja de edades de 25 a 34 años y de 45 a 59. Asimismo suele tener bajo nivel educativo: el 76 por ciento de los ocupados no habían terminado la educación primaria y el 11% se había quedado en la secundaria; sólo el 13 por ciento restante cuenta con estudios universitarios (el 15% de las mujeres).
La mayoría de los trabajadores informales trabajan en una finca o empresa local (42 por ciento); el 28 por ciento dentro de su propia vivienda o la de su patrono (siendo mujeres la mayoría); y el 19 por ciento en la calle o vía pública, como trabajadores por cuenta propia, desempeñando una actividad económica relacionada con el comercio, transporte y almacenamiento.
El 38 por ciento de los trabajadores dependientes en la economía informal reciben un salario por debajo del salario mínimo.
En cuanto a El Salvador, en el 2014 casi tres cuartas partes (72,2 por ciento) de los trabajadores no agrícolas sufren de informalidad. Según datos del mismo año, el 42 por ciento de los hombres y el 55 por ciento de las mujeres en el área urbana tienen empleos informales en diversos sectores – destacando el sector doméstico en el caso de las mujeres.
Una de las causas para la prevalencia de la informalidad entre las mujeres (sobre todo en el sector doméstico) en El Salvador es la flexibilidad que da el trabajo en la economía informal para conciliar el trabajo productivo y reproductivo, todavía en manos de las mujeres. A esto contribuye la inexistencia de una política pública para el cuidado de las personas dependientes.
Mención especial merecen los microempresarios (el 80 por ciento de los cuáles están en la informalidad), que se encuentran en una situación de precariedad y vulnerabilidad jurídica y económica, con procedimientos y costos de formalización inalcanzables para la gran mayoría. Las mujeres son mayoría dentro de este sector; el 70 por ciento de ellas que deciden emprender un negocio lo hacen como un medio de subsistencia, y encuentran dificultades adicionales para acceder al crédito, tecnología y formación.
Tanto en Costa Rica como en El Salvador, acciones para transitar a la formalidad están incluidas en las actuales políticas nacionales de empleo, sincronizando mecanismos de abordaje entre gobiernos, organizaciones de empleadores y sindicatos.
Pero la gente común, como dice Kattia Barquero, “acude a las Casas de los Derechos cuando se siente perdida. Allí te orientarán cuando no sabes ni siquiera por dónde empezar”.
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