Ante la duda sobre la fiabilidad de los datos proporcionados por el INE, urge tomar medidas a fin de transparentar la información que difunde esa oficina estatal. La transparencia y el acceso a la información es un derecho que el Estado y la población deben preservar.

Un país es confiable para sus habitantes e instituciones, y para la comunidad internacional si cuenta con información oportuna y confiable sobre aspectos que muestren con transparencia los grados de avance por la adopción de políticas estatales correctas o, al contrario, el estancamiento por la aplicación de medidas erráticas, sobre todo en materia económica. Uno de esos indicadores es el que tiene que ver con el empleo y desempleo, real y comprobable.

Por primera vez, tras dos años de preparación, el Instituto Nacional de Estadística ha publicado datos trimestrales de empleo y desempleo por ciudades principales del país, incluida la urbe alteña. La última información oficial era del 2007, con estimación al 2008 y 2009, por parte de la Unidad de Análisis de Política Económica del Poder Ejecutivo, con el contraste del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, cada uno con su propia metodología y, por tanto, con su propio dato.

En la línea de consolidar una sola fuente de información, la encuesta de donde se obtienen los datos, según el INE, tiene una cobertura de 8.532 viviendas cuyos habitantes en edad económicamente activa son entrevistados en cuatro momentos del año. Para el 2009, la entidad estatal señaló que la tasa de desempleo en el primer trimestre fue del 9,4%, bajando el segundo y tercer trimestre a 7,7% y 7,1%, respectivamente, y una nueva subida en los últimos tres meses al 7,4%. Esta fluctuación muestra el efecto de la crisis internacional hasta marzo del año pasado, con una posterior tendencia de estabilidad en cuanto a la desocupación.

Esta tasa es comparable con lo sucedido en América Latina en la pasada gestión, siendo más baja que el 8,4% promedio estimado por la Organización Internacional del Trabajo para toda la región. Como se sabe, se considera ocupado a todo individuo de 15 años o más que durante la semana anterior a la encuesta haya trabajado una hora o más por remuneración, una hora o más por cuenta propia o 15 horas o más como familiar no remunerado.

Para el empresariado boliviano, las cifras de desempleo dadas por la administración del presidente Evo Morales Ayma no son creíbles y no reflejan la caída de las exportaciones ni de los ingresos por la baja de precios internacionales de las materias primas el 2009, por efecto de la crisis financiera internacional. Los empresarios consideran que los elevados niveles de desocupación en el país sólo serán reducidos si el Estado apoya decididamente a ese sector y diseña políticas orientadas a buscar mercados para la producción nacional.

Ante la duda sobre la fiabilidad de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, urge tomar medidas a fin de transparentar la información que difunde esa oficina estatal, ya sea con el concurso de institutos privados o con la colaboración de centros de investigación de universidades públicas. Además, cualquier persona debería tener acceso a la metodología utilizada por el INE para la obtención del porcentaje de la tasa de desempleo en Bolivia, a fin de evitar susceptibilidades o que se ponga en duda la credibilidad de los datos publicados trimestralmente por esa entidad. La transparencia y el acceso a la información es un derecho que tanto el Estado como la población deben preservar.

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