En la ciudad de El Alto, 10,5 personas de cada 100 se encuentran sin trabajo, y en La Paz, el 9,2 por ciento, lo cual las ubicó como las urbes con mayor desempleo en el país en 2008.

Así lo revela un informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) que registró el año pasado una tasa de cesantía de 10,2 por ciento. Esto significa que 182.000 personas buscan un empleo y no lo encuentran.

Los resultados surgieron de una encuesta laboral realizada en La Paz, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba y Potosí.

La Prensa intentó comunicarse tres veces con el director de Trabajo, Javier Viscarra, para conocer su opinión, pero su celular estaba apagado.

A diferencia de la cifra de la sede del Gobierno, la falta de empleo en Santa Cruz llegó a 7,3 por ciento y en Cochabamba, a 6,5 por ciento. La tasa más baja se registró en Potosí, con 6,4 por ciento, debido al repunte de la actividad minera y el alza de precios de los minerales en 2008.

Según el análisis de la entidad, la falta de empleo afecta más a las trabajadoras del servicio doméstico (12,4 por ciento) por el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, sobre todo en la clase media.

Bolivia cerró la gestión 2008 con una inflación de 11,85 por ciento, lo que hizo que las personas puedan comprar cada vez menos con sus ingresos.

De acuerdo con el CEDLA, la contratación de trabajadores para las tareas propias del hogar disminuyó debido al alza en los precios de los alimentos.

Los otros sectores que han expulsado fuerza de trabajo son: la industria, donde el desempleo llegó al 7 por ciento; la construcción y el transporte, 6,3 por ciento, y el comercio, 5,3 por ciento.

Sin embargo, el transporte, en La Paz y Potosí; la construcción, en El Alto, y la manufactura, en Santa Cruz, son los sectores que tienen tasas más altas de trabajadores parados.

Para el economista Alberto Bonadona, la elevada tasa de desempleo en La Paz y El Alto tiene una de sus explicaciones en la incertidumbre originada por la no renovación de la Ley de Promoción Comercial Andina y de Erradicación de las Drogas (ATPDEA) en Estados Unidos, que perjudicó sobre todo a las fábricas de textiles.

También está la pérdida de dinamismo de la actividad turística debido al clima de confrontación regional que se vivió el año pasado.

Para el analista, este año la situación puede tornarse más complicada a raíz de la crisis financiera internacional que ya comenzó a golpear al país con la caída de los precios de los minerales y de los ingresos por el gas.

En La Paz, al menos cuatro cooperativas cerraron actividades y más de diez ingenios tomaron la misma decisión en Potosí. Además, empresas grandes como Sinchi Wayra reajustaron turnos. La encuesta del CEDLA permitió también evidenciar que uno de los grupos que no pueden conseguir empleo y por tiempo prolongado en La Paz son los ex trabajadores de las reparticiones estatales (13,4 por ciento).

Esto como consecuencia del proceso paulatino de renovación de la planta de funcionarios públicos y el ascenso al poder de un partido político (MAS) diferente a los que gobernaron el país en los últimos 20 años.

En cambio, en Santa Cruz, quienes tropiezan con este problema son los trabajadores de empresas privadas.

En Cochabamba y Potosí, el desempleo se asentó particularmente en el sector semiempresarial, una forma muy extendida de organización de la producción en la manufactura y los servicios.

Sin embargo, en el ámbito familiar (trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados), la falta de empleo es menor (2,9 por ciento) que en otros rubros.

Esto significa, según el CEDLA, que este sector mantiene su carácter de refugio frente al desempleo para un contingente grande de fuerza laboral, en particular las mujeres.

Este segmento, a su vez, tropieza con la discriminación por género en la distribución de ingresos por la actividad.

A pesar de que constituyen el 53,5 por ciento de los trabajadores en el país, las mujeres sólo reciben el 32 por ciento de la masa global de ingresos. El resto se lo llevan los varones.

Sólo el 51,3 por ciento del empleo es estable

Durante la pasada gestión, sólo el 51,3 por ciento de los trabajadores asalariados del país tuvo un contrato por tiempo indefinido.

Así lo revela un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) y que refleja la precariedad de las condiciones laborales existente en el país.

Los datos indican que un 28 por ciento estuvo sujeto a un contrato a plazo fijo y el 20,7 por ciento fue un trabajador eventual.

En algunas ciudades como El Alto y Cochabamba el porcentaje de asalariados permanentes cayó muy por debajo del 50 por ciento, acelerado por los procesos de subcontratación; mientras que en otras, como La Paz, se elevó hasta cerca del 60 por ciento, pero sigue siendo un porcentaje reducido.

Esta situación se presenta a pesar de la vigencia de normas emitidas por el actual Gobierno que prohíben la libre contratación. Más aún, cuando rige la prohibición de que las empresas mineras procedan con despidos y ajustes salariales.

Según el CEDLA, por lo general, quienes no tienen un contrato de trabajo permanente están sujetos a formas de pago a destajo o por obra y no reciben otros beneficios adicionales al salario (bonos, subsidios, primas).

En abril de 2008, más de 300 trabajadores de la textilera Makitesa cumplieron una huelga de 24 horas reclamando el pago de salarios de dos meses, aportes a la Caja Nacional de Salud, a las administradoras de fondos de pensiones y el subsidio de lactancia.

De acuerdo con el CEDLA, la inestabilidad laboral llega a extremos tales que los obreros temen hacer ejercicio de sus derechos, como tomar vacaciones o salir unos días para una atención médica y al retornar no encontrar su empleo.

El sindicato de una conocida empresa textilera, según el CEDLA, denunció que la gente tiene miedo de que si toma los 15 días de descanso o solicita baja médica, no tendrá más empleo.

Los datos

La entidad obtuvo los datos de una encuesta realizada en cinco ciudades del país.

Los resultados permitieron conocer las características del empleo en cada urbe.

Además de la falta de políticas de generación de fuentes sostenibles de empleo.

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