La mortalidad de los jubilados del sistema de reparto está en un promedio del 4 por ciento. Hasta marzo de este año, la alternativa de jubilación con la pensión mínima logró captar a 743 rentistas.

Un incremento de 150 millones de bolivianos es el gasto adicional que en 2009 tendrá que asumir el Tesoro General de la Nación (TGN) por el costo de la reforma de pensiones encarada en 1996 y que dio lugar al nacimiento del sistema de capitalización individual, manejado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

El aumento se debe, principalmente, al ajuste de las rentas que el Poder Ejecutivo debe hacer cada año para compensar el alza de precios del año pasado.

De acuerdo con datos provenientes del Viceministerio de Pensiones, en el año 2008 se gastaron 3.900 millones de bolivianos, y la previsión para este año es de 4.050 millones de bolivianos.

Sin embargo, la erogación de recursos económicos como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) en los anteriores años ha ido en descenso a partir de 2002. Ese año alcanzaba al 4,5 por ciento, mientras que en 2007 se redujo a 3,4 por ciento y el año pasado, a 2,88 por ciento.

El costo fiscal es el presupuesto asignado para el pago de la renta de los jubilados bajo la anterior Ley de Pensiones, conocida con el nombre de sistema de reparto, que duró hasta 1996.

Asimismo, se destina recursos a la compensación de cotizaciones para aquellos trabajadores que hicieron algún aporte dentro de la antigua normativa y que deben acceder a la jubilación en el nuevo sistema, el pago complementario a los jubilados de la Corporación Social Militar (Cossmil) y beneficios alternativos, entre éstos, la pensión mínima.

El viceministro de Pensiones, Mario Guillén, explicó que una de las causas para el crecimiento de las obligaciones de este año es el ajuste en las rentas de los jubilados del 14 por ciento para compensar la inflación del 11,73 por ciento del año 2008.

El ex director del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) Alberto Bonadona dijo que el mayor componente de este incremento pecuniario es la compensación de cotizaciones, porque el número de beneficiarios obedece a un crecimiento exponencial que se produce desde hace dos años.

Isabel Pantoja, ex intendente de Pensiones, agregó que el costo de la reforma creció debido, principalmente, a beneficios otorgados a los jubilados, como los acuerdos de Caracollo y Patacamaya, firmados el año 2000, que elevaron las rentas en curso de pago de 330 a 850 bolivianos.

A esto se suma la pensión mínima creada en la actual gestión y por la que ninguna persona puede percibir una renta inferior al salario mínimo nacional.

A juicio de Pantoja, si bien el costo comparado con el PIB ha ido disminuyendo, esto es por la bonanza observada de los anteriores dos años, por lo que si la economía se desacelera y retorna el déficit fiscal, el peso será mayor.

Compensación

Las cifras del Gobierno muestran que el presupuesto para compensación de cotizaciones, que hasta diciembre de 2008 benefició a 21.609 jubilados, representó un gasto de 530 millones de bolivianos; es decir, 10 millones más de las proyecciones iniciales de 520 millones de bolivianos. Guillén aseguró que éste es “un margen adicional que no ocasiona ningún desequilibrio”.

Sin embargo, para la actual gestión se presupuestaron cerca de 600 millones de bolivianos.

“El presupuesto que se hace anualmente para el pago de la compensación de cotizaciones considera un crecimiento de la población que empieza a jubilarse, que actualmente bordea los 21.000 beneficiarios, y que sube anualmente 5.000 jubilados”.

Hasta fin de año se calcula que habrá 27.000 jubilados con este reconocimiento del Estado.

Datos del Servicio Nacional del Sistema de Reparto establecen que hasta la fecha se emitieron 100.000 certificados de compensación de cotizaciones, menos del 50 por ciento del calculado, que alcanza a 250 millones.

Guillén informó a este medio que las previsiones señalan que hasta 2050 todavía se tramitarán estas compensaciones.

De acuerdo con Bonadona, este incremento estaba previsto desde la reforma, pero desde hace dos años es exponencial y, en consecuencia, el presupuesto anual se continuará elevando.

Otros componentes

Para medir el costo fiscal, igualmente se deben tomar en cuenta a aquellos rentistas del sistema de reparto, que hasta el mes de marzo de este año llegan a 127.622.

Esta cifra se halla en descenso en un orden de 3 y 4 por ciento por año, como consecuencia de la mortalidad de los jubilados. En 2007 eran 130.851 personas, y un año después su número cayó en 2,01 por ciento, hasta 128.216.

El monto asignado a este sector con el 14 por ciento de ajuste ascendió en marzo a 290 millones de bolivianos, incluyendo el retroactivo de enero. Se calcula que el promedio a partir de mayo esté en 260 millones.

En 2008, el monto fue de tres millones, o sea una variación del 6,12 por ciento respecto de 2007.

En este grupo también se encuentran aquellas personas que optaron por una anticipación con reducción de su pensión.

Además, desde 2006 se calcula el costo derivado de los acuerdos de Caracollo y Patacamaya que no estaban previstos cuando se realizó la reforma.

Guillén reconoció esta situación: “La actualización de las rentas y posteriores convenios han hecho que el costo tenga variaciones respecto de esos cálculos”.

En la cuenta fiscal, asimismo, se halla incluido el monto asignado a Cossmil, que en 2008 llegó a 350 millones de bolivianos, y los beneficios alternativos, a 24 millones de bolivianos.

Renta mínima

Hasta marzo de este año, 743 personas accedieron a este beneficio. Esta alternativa de jubilación fue introducida por el Gobierno en noviembre de 2007 como parte de su política de mejoramientos de las condiciones de acceso a la jubilación. Está destinado a los trabajadores que superen los 60 años de edad y cuyo ahorro individual no les alcanza para financiar una pensión igual al salario mínimo nacional, que es de 647 bolivianos.

Guillén aseguró que este presupuesto no representa una cifra significativa dentro del costo fiscal, es decir, “es marginal, porque una parte está financiada con la compensación de cotizaciones. El grueso de esta prestación se financia con el ahorro individual de cada trabajador y con una fracción solidaria que no es financiada (íntegramente) por el Tesoro”.

El 50 por ciento proviene de la Cuenta Básica Previsional, el 20 por ciento de la Cuenta Individual del propio trabajador y el restante 30 por ciento sale de la Compensación de Cotizaciones.

Guillén agregó que las recaudaciones por este concepto son superiores al ritmo de la demanda de los beneficiarios. Explicó, por ejemplo, que en el mes de marzo se generó un excedente de 250.000 bolivianos.

Bonadona, al respecto, advirtió de que con la nueva Ley de Pensiones que presentó al Poder Ejecutivo la Central Obrera Boliviana (COB) el año pasado, el gasto en pensiones para el Estado puede elevarse todavía más.

La nueva ley está paralizada

Más de cuatro meses han pasado desde la aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados del nuevo proyecto de Ley de Pensiones para reemplazar a la Ley 1732, porque este documento todavía se encuentra en la Cámara de Senadores sin ser debatido.

Sósimo Paniagua, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), explicó a este medio que con la llegada de la nueva Constitución Política, el Congreso Nacional determinó que no se aprobará ninguna ley, excepto sea de mucha importancia, por lo que se considera que la referida normativa sea discutida y viabilizada a través de la próxima Asamblea Legislativa Plurinacional; esto significa que ello se realice luego de las elecciones convocadas para el 6 de diciembre.

El 21 de diciembre del año pasado, en las últimas sesiones de la Cámara de Diputados para completar el año legislativo, el proyecto de ley bajo las características de la propuesta del Gobierno fue aprobado y pasó a los senadores, donde se halla estancado en la Comisión de Hacienda. A la par, este documento planificado por el oficialismo es rechazado por las bases de la Central Obrera Boliviana.

Se cuestiona la administración

Después de 12 años de vigencia de la Ley 1732, el Poder Ejecutivo y la Central Obrera Boliviana (COB) decidieron realizar ajustes al actual sistema de pensiones boliviano para darle una visión más solidaria.

Alberto Bonadona, ex director del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir), explicó que en la propuesta de la Central, el dinero acumulado por el aportante será transferido a una entidad estatal que sustituirá a las Administradoras de Fondos de Pensiones. “Ellos (los del oficialismo) proponen que se vuelva al sistema de reparto, entonces los recursos pasan a una bolsa común”.

El resultado, dijo el experto, sería que un trabajador que aportó primero al sistema de reparto y recibió su compensación de cotizaciones para jubilarse con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), ahora deberá volver a un esquema similar al de reparto; sin embargo, con contará con la seguridad de obtener un beneficio.

En criterio de la Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados, esta medida elevará el costo fiscal para cubrir esta generación, cifra calculada en aproximadamente 30 millones de bolivianos.

Sósimo Paniagua, dirigente de la COB, alegó que, por el contrario, no existe generación intermedia, porque el sistema es flexible, es decir, “todos juntarán sus aportes para obtener una mejor renta”, lo que permitirá que se solvente la pensión, porque en la actualidad el aporte que el trabajador hace sobre el total de su salario sólo es calculado hasta un 70 por ciento, y cuestionó el destino del 30 por ciento restante. Y asegura que existirá un ahorro en la comisión que hoy se llevan las AFP.

El viceministro de Pensiones, Mario Guillén, afirmó que el proyecto gubernamental toma en cuenta a los aportantes del actual sistema y mantiene sus cuentas individuales que administran las Administradoras de Fondos de Pensiones y que pasarían a una administración similar. Entonces, aunque un trabajador haya efectuado un aporte, éste pasará al nuevo sistema de la misma forma, es decir, manteniendo su valor y monto en la nueva administradora.

Paniagua manifestó que se debe tomar en cuenta el crecimiento de los beneficiarios, que en algún momento subirán al grado de ser insostenible y se necesitará recursos del Tesoro General de la Nación. Al respecto, Bonadona dijo que el plan del Gobierno no crea ninguna “generación sándwich” porque mantiene las cuentas individuales de los trabajadores y no las transfiere a la nueva administradora.

La seguridad social en el tiempo

El documento Alerta Laboral, que es publicado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), recoge una cronología de la seguridad social en el país. A continuación, algunos de los datos:

En el siglo XIX se emitieron leyes que definían el derecho a la jubilación de los funcionarios públicos, que estaba financiado con el aporte laboral y el subsidio parcial desde las arcas fiscales del Estado.

En el siglo XX se hizo amplio el concepto de protección, y es así que se creó el ahorro obligatorio obrero para todos los asalariados. Además se instituyó la Caja de Seguro y Ahorro Obrero y normas que implementaron el Seguro Social General y el Seguro de Riesgos Profesionales, aparte que se establecen las prestaciones de salud.

En 1972, durante la dictadura de Hugo Banzer Suárez, se eliminó el aporte estatal dispuesto por el Código de Seguridad Social.

En 1987 se separaron dos regímenes de largo y corto plazo de la seguridad social, y a la par se crearon dos entidades operativas: las cajas de salud y los fondos complementarios de pensiones.

En 1996 se estableció la Ley 1732 de Reforma de Pensiones, que redujo el aporte patronal, con lo que desapareció el aporte estatal.

Más datos

En 1956 se promulgó el Código de Seguridad Social, que admite el beneficio de jubilación.

En 1996s se encaró la reforma del rubro que dio lugar al sistema manejado por las AFP.

En 2008, la Cámara de Diputados aprobó una nueva Ley de Pensiones, que pasó al Senado.

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