Editorial

DISCRIMINACIÓN SALARIAL

La Paz, viernes 6, mayo 2011.- Muchas veces los organismos laborales se han pronunciado en contra de los altos sueldos de algunos funcionarios del Estado y de empresas públicas, por considerarlos un insulto y una provocación a un pueblo mayoritariamente pobre, con un alto índice de desempleo y con una mayoría que apenas consigue ganar algo para el sustento diario en la economía informal. Se trata de una natural reacción frente a la injusticia, pero también lleva algo de frustración e impotencia, aspectos que fueron analizados hace ya hace varios años en el seno de las organizaciones sociales. La cuestión no es protestar porque algunos sectores ganen más, sino mejorar los salarios de todos, nivelándolos con las remuneraciones óptimas.

Esta debería ser la nueva lucha de los trabajadores en general, pero especialmente de la Central Obrera Boliviana, que en lugar de criticar los altos sueldos de alguno sectores, debería centrar su motivación hacia el mejoramiento de la calidad salarial e incorporación plena de los millones de trabajadores de la informalidad a la plenitud de la protección en seguridad social y prestaciones salariales de ley.

El tema fue puesto en debate por algunas organizaciones a propósito del anuncio del gobierno de incrementar los sueldos en hasta un 66 en el sector hidrocarburos, que generó reacciones por considerar un privilegio que no condice con las legislación vigente que busca evitar las desigualdades, penaliza la discriminación, y, sin embargo, esta es una flagrante muestra de discriminación. Lo peor es que se premió a un sector que no produce nada, solo administra lo que las petroleras privadas producen. YPFB no ha perforado un solo pozo desde su reorganización. Pero, el poder tiene esas peculiaridades como premiar lealtades.

Lo cierto es que los trabajadores están en vísperas de reorganizar la cúpula de la Central Obrera Boliviana, y una de las ponencias es un cambio de visión que permita fortalecer al movimiento de los trabajadores, incorporando a su lucha a todos el sector informal, para que pueda tener acceso a los beneficios sociales de ley. Las organizaciones sociales están también analizando una serie de aspectos económicos y sociales para fortalecer sus argumentos en la nueva gestión sindical.

Sin duda estas ideas potenciarán a la nueva dirigencia de COB, para lo cual debe manejar información precisa con la que pueda proyectar sus demandas, para no caer en planteamientos que sean rechazados por inconsistentes, como ocurrió con una canasta familiar armada empíricamente.

Los nuevos argumentos deben estar sólidamente respaldados, sobre la base de estudios y trabajos actualizados e informes oficiales, que siempre es posible conseguirlos. Por ejemplo, ya para nadie debe ser un secreto que la cuenta de los gastos en remuneraciones del sector público muestra un incremento importante durante el último quinquenio. Un reporte del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), señala que el aumento del gasto en remuneraciones, de poco más de 950 millones de dólares en 2005, subió hasta más de 1.800 millones de dólares en 2009. Esto significa el doble de lo presupuestado y sin embargo, los salarios, por lo menos para maestros y trabajadores de salud, no se han incrementado en esa proporción. Naturalmente, en este aumento, no figuran los incrementos de sueldos dispuestos este año y menos el que se destina al sector de hidrocarburos, con lo que la diferencia es mucho mayor.

Lo que ha ocurrido es un «altísimo crecimiento de las remuneraciones del gobierno central, es decir, del pago a la plantilla burocrática del Estado, cuyo crecimiento vegetativo no corresponde a una política dirigida a la mejora de la eficiencia de la gestión pública», según CEDLA, que explica que, al parecer, «el objetivo de esta dinámica del gasto salarial se debe, más bien, a razones políticas». El análisis señala que la elevación del gasto fiscal reside en el crecimiento de los gastos corrientes destinados al funcionamiento del aparato burocrático. Una de las conclusiones de ese organismo de investigación, señala que «frente a esa priorización que hace el gobierno, obviamente no hay cabida para un incremento del salario de los trabajadores basado en las necesidades humanas de éstos y en el propósito de impulsar la producción nacional».

La recomendación que está tomando cuerpo es que en las próximas demandas de los movimientos sociales no se critique el incremento privilegiado de salarios para algún sector, sino se busque la nivelación hacia arriba en el marco de las normas de igualdad de derechos y de los principios de lucha contra la discriminación.

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