Observatorio de Género, 17 de mayo de 2012

Ante la violenta agresión perpetrada en contra de Leonor Boyán, enfermera que participó en las movilizaciones realizadas por el sector de salud, condenamos:

● La violación de derechos humanos y garantías constitucionales, el uso excesivo de la fuerza en la aprehensión y arresto de la enfermera Leonor Boyán.
● La criminalización de la protesta social.
● La vulneración de derechos fundamentales que se encuentran protegidos en la Constitución Política del Estado y en Pactos y Convecciones Internacionales de protección de derechos humanos.
● La arbitraria detención y arresto que conllevan la violación de los derechos referidos a la protección de la dignidad humana, la integridad física y psicológica, a no ser torturado ni sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes y en especial el derecho que tienen las mujeres a vivir una vida libre de violencia en la familia y la sociedad.
● La violencia física y psicológica ejercidas por efectivos policiales expresada en el testimonio de la enfermera Boyan quien recibió golpes, fue arrastrada de los cabellos, insultada y amedrentada.
● La gravedad de los hechos obligaron a la enfermera a argumentar un embarazo como acción de defensa, protección de su vida y la consecuente internación en terapia intensiva.
● La naturalización de la violencia y el intento de descalificación del testimonio de una mujer que denunció estos hechos para resguardar su integridad, con argumentos de «un gran teatro».
● La visita realizada por el Vice Ministro Perez, que se presentó en terapia intensiva, junto a un contingente policial, para conversar con la víctima sin la presencia de su abogado defensor como establece la ley.

Frente a estos hechos exigimos:

● Garantizar todas las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción y omisión, asegurando que estos hechos no queden en la impunidad.
● Que en el marco de la Constitución Política del Estado se garantice para Leonor Boyán y su familia, la protección necesaria para asegurar su vida e integridad.
● Garantizar la intervención del Ministerio Publico y las autoridades competentes para concluir con la investigación, la correspondiente acusación y sanción de los agresores, en el marco del respeto a la seguridad jurídica y el estado de derecho.
● Que el Estado cumpla con el deber de garantizar y proteger los derechos humanos de las mujeres, el acceso a la justicia y el debido proceso frente a delitos cometidos por funcionarios del propio Estado.
Nos declaramos alertas y vigilantes hasta que se logre el esclarecimiento de los hechos, la sanción de los responsables y frente a cualquier otro tipo de vulneración de los derechos de las mujeres.
Fuente: Coordinadora de la Mujer, 17/05/2012