Si bien por ahora descartan cualquier parangón con lo que sucede con Venezuela, donde todo se “confisca” a manos del Estado tanto empresarios, trabajadores y expertos, desde posiciones distintas, al final coinciden en señalar que las últimas medidas dictadas el pasado 1 de mayo, en especial por  la  nueva Ley de Empresas Sociales, es abiertamente político-electoral. A esa normativa se suma el anuncio del doble aguinaldo y el decreto del incremento salarial que, en conjunto, buscan en el fondo recuperar en algo la deteriorada popularidad del presidente Evo Morales.

“Creo que saben que la continuidad está en riesgo, aún con Evo de candidato pueden perder, y forzar su candidatura los desgasta más. Por eso deben “recuperar” apoyo político y proyecto político”, señala sin mayor duda Jimena Costa, politóloga y diputada de la oposición.

Por su parte, Bruno Rojas, investigador del Cedla (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario) asegura que la Ley de Empresas Sociales  es una medida totalmente salomónica. Al contrario de lo que manifiestan los empresarios, argumenta que solo se pone en la incertidumbre a la seguridad laboral y donde más bien se libera de responsabilidad plena a las empresas en su cumplimiento de todas las obligaciones hacia sus trabajadores. “No hay una intención del Gobierno de afectar la propiedad privada; al contrario, los empresarios ya conocían un decreto supremo anterior frente al vacío legal que había en el país. Esta ley con algunas especificaciones ratifica ese decreto. Por entonces los empresarios no dijeron nada. Llama la atención la reacción del sector”, enfatiza Rojas.

En esa línea, Iván Arias Durán, analista político, señala que el Gobierno hace tiempo que ya no le interesa la “gestión gubernamental”, ahora toda medida está orientado a satisfacer el núcleo duro del MAS que cada vez disminuye, con las medidas como la Ley de Empresas Sociales.

“Efectivamente con esta medida nos está diciendo que empresario que se dedique a hacer política, inmediatamente le van a caer con leyes de asalto a la propiedad privada. El Gobierno está decidido a todo, con medidas totalmente irresponsables”, señaló Arias.

Una norma y otra afrenta. “Misión cumplida”, fue la frase contundente que deslizó el primer mandatario tras firmar la norma durante el acto central por el 1 de mayo en la ciudad de Oruro.

La Ley establece que una empresa social será constituida por los trabajadores activos de una compañía privada que se encuentre en quiebra o liquidación conforme al Código de Comercio. También cuando exista cierre o abandono injustificado, cuya finalidad es reactivarla en defensa de las fuentes laborales.

La “misión cumplida” de Morales, tiene que ver básicamente con el Decreto Supremo Nº 1754, del 7 de octubre de 2013, cuando dicha norma ya ordena constituir “empresas sociales”. Para el investigador Rojas, es muy curioso que durante cinco años el empresariado no haya dicho nada, más aún cuando está contemplado en la nueva Constitución Política del Estado de 2009.

“Los empresarios están en una innecesaria tensión, cuando ellos deberían exigir políticas de desarrollo productivo, en términos de generar nuevas inversiones y mejores empleos. No apunta a expropiar o quitar en cualquier momento por cualquier razón o motivo. Ellos están ampliamente protegidos por otras normativas, mientras que  el trabajador no tiene salvaguarda a sus propios intereses.”, precisó.

Otras reacciones. Desde la perspectiva política, Costa argumenta que dicha ley busca matar dos pájaros de un tiro:  primero, recuperar algo de apoyo de los trabajadores y “revolucionarios” debido al severo desgaste; y segundo, desgastar la institucionalidad fuera del Estado. “Ya destruyeron la estatal, ahora les toca a los empresarios, sobre todo los medianos y pequeños, para fortalecer la dependencia del rol del Estado y dominar mejor. Para nada no afecta a los grandes empresarios (socios del Gobierno) porque no están en riesgo”, señaló.

Carlos Cordero, analista político, añade que la nueva Ley es una señal clara del Gobierno a los empresarios, que en el fondo expresa la colectivización de la propiedad privada. “Pero en contrapartida, es oportunidad para que el empresariado, pueda concluir que del Gobierno no deben esperar nada bueno sino este tipo de políticas. Ojalá se den cuenta de ello, argumenta Carlos Cordero, analista político.

Sin embargo, Amilcar Barral, diputado por Unidad Nacional, afirma que la medida como está escrito es una afrenta directa a la propiedad privada, más aún para los pequeños empresarios y medianos. “No deja de ser preocupante, dado que esa afrenta no es nueva; al contrario, es práctica común en países como Venezuela, en este momento.

“Esta normativa nos pone en alerta. El mensaje forma parte de un modelo socialista que implantó Chávez y ahora con Nicolás Maduro en Venezuela donde se ha agravado aún más. En ese ámbito, el gobierno de Evo Morales innecesariamente se ha ganado otro frente de conflicto”, precisó.

Mientras el sector empresarial se declaró en estado de emergencia con anuncios de presentar un recurso de inconstitucionalidad de la nueva norma, desde La Paz la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) planteará al presidente Evo Morales que ese sector quede exento de la Ley de Creación de Empresas Sociales, que da a los trabajadores la posibilidad de administrar compañías en riesgo de cerrarse, informó el pasado miércoles un dirigente.

“La Conamype va a presentar una propuesta al presidente, en la audiencia que se está solicitando como Conamype, de que en la reglamentación de la ley, la micro y pequeña empresa esté eximida de entrar en el tema de las empresas sociales”, señaló Néstor Sandi, presidente de Fedemype.

La última determinación del sector empresarial

Panorama. Mientras la crítica apunta a que los empresarios privados durante el largo periodo de 12 años de gobierno de Evo Morales han gozado como ningún otro sector del país de los mejores ingresos generados por el auge de la materias primas, este sector ve un deterioro de la relación público -privado con el Gobierno.

Acciones. Para los empresarios la Ley de Empresas Sociales, mantiene su carácter confiscatorio, enfrentando a trabajadores y empleadores y generando expectativas desmedidas e irracionales como las que amenazan con la toma inmediata de más de 100 empresas.

Por esa razón el empresariado ha decidido convocar a un Congreso Empresarial Nacional del  sector privado, a objeto de definir el futuro de las relaciones con el Gobierno.

Además, se han propuesto gestionar la presentación ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, de una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de creación de Empresas Sociales, por ser una herramienta para la confiscación de la propiedad privada y vulnerar el derecho a la libre empresa.

Punto de vista

‘De cualquier manera es una seria advertencia’

Carlos Cordero
Analista político

“Independientemente cuánto impacto tenga esta Ley de Empresas Sociales en plazo inmediato, está la señal política. De cualquier manera es una seria advertencia del Gobierno  al sector privado que invierte, que arriesga su capital y que lucha por generar empleo.

Es un tema que no debe dejarnos de llamar la atención. Lo preocupante es que el empresario que tenga una acusación que está en quiebra o que no tenga la posibilidad de cumplir sus responsabilidades, definitivamente va a tener que acudir a la justicia, pero a una justicia como el que tenemos, se prevé una suerte de incertidumbre e inseguridad en todos los sentidos, no solo para el empresario, sino también para los trabajadores.

Es realmente una medida muy preocupante, con una advertencia sin atenuantes. Ojalá que el empresariado privado entienda, que todas las concesiones que les hizo el Gobierno, sobre todo el empresariado cruceño, se den cuenta que no deben esperar nada bueno del presidente Evo Morales; excepto la confiscación de la propiedad privada.

Con estas medidas el empresariado tiene que haber aprendido que delante de un guante de seda esta el guante de hierro del Gobierno que, con el paso del tiempo, pretende quitar la propiedad privada, confiscar y fortalecer el aparato estatal”.

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