La Prensa / 30 de enero de 2014

La nueva entidad se encargará de administrar los 9.000 millones de dólares de las dos AFP para el pago de las rentas y quedará bajo tuición del Ministerio de Economía.

Los dos ejecutivos de la Gestora Pública de Seguridad Social, que reemplazará en sus funciones a las dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), percibirán un sueldo mensual de 70 mil bolivianos, y el personal con menor rango cobrará 30 mil bolivianos.

Así lo establece el Decreto 2248, que fue promulgado el 14 de enero de 2014, que define el objeto, la constitución, los estatutos y la competencia de la nueva entidad, pero además cuenta con dos anexos en los que se aclaran los ingresos que percibirán los principales ejecutivos de la Gestora: el Presidente del Directorio, la Gerencia General, la Gerencia Nacional, el Auditor Interno Principal, las gerencias regionales y la Subgerencia Nacional.

La norma establece que la Gestora estará bajo tuición del Ministerio de Economía y sus principales ejecutivos están «obligados a prestar Declaración Jurada de Bienes y Rentas ante la Contraloría General del Estado».

Llama la atención que «el régimen laboral de la Gestora se sujetará a la Ley General del Trabajo», cuando el Gobierno intentó que todos los empleados de las empresas estatales se sujeten al Estatuto del Funcionario Público, situación que motivó, incluso, que los trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) amenacen declarar medidas de presión.

UNA MEDIDA CUESTIONADA. El viceministro de Pensiones, Mario Guillén, explicó recientemente que la Gestora empezará a funcionar en los próximos 18 meses y que el dinero destinado para que empiece a funcionar será delimitado en función al costo del nuevo software que administrará los aportes de los casi 1,7 millones de afiliados a las dos AFP. Informó que ambas entidades administran actualmente alrededor de 9.000 millones de dólares y que ofrecerá una jubilación digna a los trabajadores independientes que viven en poblaciones intermedias, proceso que no realizan las dos administradoras privadas, «además de captar a aquellas personas que tienen una dependencia laboral, deberíamos captar a aquellas personas independientes. Tenemos que ir donde están estas personas, por ejemplo, en poblaciones intermedias, a las cuales las AFP no llegaban porque no era rentable».

Respecto de la decisión, mediante decreto, de que se paguen elevados sueldos, el secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación de Fabriles de Bolivia, Vitaliano Mamani, declaró a la red Erbol que sus afiliados están «sorprendidos y no se sabe si vamos a tener utilidades para que los trabajadores podamos jubilarnos dignamente o es que la utilidad que va a generar nuestro ahorro individual se va ir en el salario del personal».

Dijo desconocer si la Central Obrera Boliviana (COB), a través de su comisión de Seguridad Social, participó en la negociación para establecer estos montos, por lo que su sector convocará a un ampliado nacional la próxima semana, para hacer conocer su posición por que considera que se trata de consumar «un atentado al ahorro de los trabajadores».

Un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) señala que hasta la gestión 2013, el número de jubilados en el país alcanzaba a 131.964 y que la pensión promedio en el sistema de reparto llegaba a unos 2.600 bolivianos, pero más del 80 por ciento recibe un monto menor. Algo más, el 60 por ciento de los 54 mil jubilados del sistema de capitalización individual financió su pensión con el ahorro acumulado en su cuenta individual con un promedio de 2.962 bolivianos y seis de cada diez perciben un ingreso menor. Y mientas la mayoría recibe rentas bajas, las dos AFP obtuvieron un ingreso de 6,7 millones de dólares como utilidad neta en la gestión 2012, con un ingreso de 30 millones de dólares por concepto de comisiones y un gasto administrativo elevado de 21 millones de dólares.

6.7 millones de dólares fue la utilidad de las dos AFP en la gestión 2012 y cobraron 30 millones por las comisiones.

El patrimonio inicial de la gestora se constituirá con recursos del Tesoro General de la Nación, por lo que se autorizó al Ministerrio de Economía  transferir como aporte de capital 80 millones de bolivianos. Después de publicarse el respectivo decreto, la entidad «elevará una terna al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia a efectos de la designación y nombramiento del Gerente General de la Gestora». También se establece que «el periodo de transición para el traspaso de la administración y pago de la Renta Universal de Vejez, se iniciará una vez resuelto el contrato suscrito entre la APS y la asociación accidental La Vitalicia BISA SAFI, Gestora de la Administración y Pago de la Renta Dignidad y Gastos Funerales y finalizará al iniciarse las actividades de la Gestora. Las bases de datos e informes finales firmados por el Director Ejecutivo de la APS deberán ser entregados en un plazo no mayor de un  mes antes del inicio de actividades de la Gestora».

La Autoridad de Pensiones (APS), «durante el periodo de transición y bajo su responsabilidad, deberá asumir las funciones y obligaciones de la Gestora en cuanto a la administración del pago de la Renta Dignidad y gastos funerales a cargo del fondo de la Renta Universal de Vejez» y se convierte en responsable del proceso de transferencia entre cada una de las AFP y la Gestora, para lo que se debe emitir una normativa reglamentaria para alcanzar tal propósito.

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