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Bolpress • Seis de cada diez trabajadores ganan por debajo del costo de alimentos

La encuesta del CEDLA brinda además información acerca del subempleo por ingresos. ¿Qué es un subempleado por ingresos? Se trata de trabajadores cuyos ingresos no cubren el costo de una canasta básica normativa de alimentos, la misma que debería llegar a Bs. 1.288.
Esta es una de las características observadas en la encuesta realizada por el CEDLA en cinco ciudades de Bolivia (La Paz, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba y Potosí). Según el estudio algunas de las razones para que se produzca el mismo tienen que ver con la inflación -con un alto impacto en el costo de los alimentos- y las estrategias empresariales de reducción de costos laborales.
Estos algunos de los datos más relevantes sobre subempleo:
• 6 de cada 10 trabajadores no alcanza a generar los ingresos mínimos para cubrir el costo de una canasta básica normativa de alimentos (Bs. 1.288).
• El porcentaje de subempleados por ingresos es más alto entre las mujeres (64%) que entre los hombres (57%).
• El Alto es la ciudad donde los salarios e ingresos del trabajo son más bajos, elevando el subempleo al 72%.
• El subempleo por ingresos en Potosí alcanza, aproximadamente, a 52%, siendo el más reducido de las ciudades estudiadas
• En el sector empresarial el subempleo por ingresos llega al 63,7%.
• En el sector semi-empresarial el mismo alcanza a 63,2%.
• Y en el sector familiar o cuentapropista se registra un 59,9%.
• El 78% de los obreros es subempleado por ingresos. Es decir que éstos son los trabajadores, que obtienen los más bajos salarios.
• El 73.1% de los trabajadores de la Industria (en su mayoría obreros) son subempleados por ingresos.
• En el sector Comercio se registra un 64,4% de subempleados por ingresos.
• En tanto que en la Construcción se registra un 57,2%. En éste como en los anteriores sectores, tradicionalmente la fuerza de trabajo ha sido sub-remunerada.
Las propuestas para reformar la Ley de Pensiones, tanto del Gobierno como de la COB, omiten la responsabilidad que tienen el Estado y los empresarios de aportar para la jubilación de los trabajadores, afectando, de esta manera, la sostenibilidad del sistema.

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