Trabajadores en salud, contratos flexibilizados y derechos laborales limitados

(PIEB) De acuerdo a la Encuesta de Empleo Urbano del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) de 2011 que la población ocupada en el sector salud, en el eje central urbano del país (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz), abarcaba a 49.862 personas, hombres y mujeres que representan cerca del 12 por ciento del total de trabajadores del sector estatal. Así lo informó la institución de investigación en materia laboral.

“Se trata de trabajadores administrativos, médicos, auxiliares de enfermería, personal de limpieza y otros trabajadores de servicios sujetos a contratos con salarios y derechos laborales desiguales y discriminadores propios de un proceso de flexibilización laboral que hoy, como muy pocas cosas en el país, goza de buena salud”, señala el CEDLA en el informe sobre la situación de derechos laborales “Más asalariados, menos salarios”.

En el mencionado reporte se señala que el propio Estado, en su condición de empleador, es el primero en atentar en contra de los derechos de sus trabajadores bajo el pretexto de considerarlos “servidores públicos”. “Constitucionalmente, el Estado es el responsable de velar por la garantía de los derechos de los trabajadores, sin embargo, los vulnera en ministerios, prefecturas y alcaldías”, afirma el CEDLA en su estudio.

La transferencia de los servicios públicos de salud y educación a municipios y gobiernos departamentales trajo consigo el cambio de contratos laborales a contratos en el marco del Estatuto del Funcionario Público. “Se ha instituido así, la peor forma de flexibilización laboral ignorando la legislación laboral vigente y la propia Constitución Política del Estado”.

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