En el estudio, con datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), se plantea que, por una parte, «el empleo no equivale a ejercicio de los derechos económicos, y… este crecimiento del empleo se da en condiciones de discriminación».

Por tanto «el incremento en la participación de las mujeres en el empleo no es en sí mismo y aisladamente una noticia positiva», según este estudio que toma como fuente varios estudios estadísticos sobre el empleo y análisis consistentes del CEDLA. Los datos muestran que, entre 2000 y 2010, la llegada de mujeres al empleo se incrementó en razón de 15.500 de ellas por año en las tres ciudades del eje (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz); en ese periodo más de la mitad de ellas trabajaba o buscaba activamente una ocupación.

Sin embargo la realidad laboral de las mujeres se aparta de las normas debido a que crece la flexibilización laboral, «sobre todo por la externalización y la subcontratación de la industria manufacturera, así como por la contratación temporal».

La realidad económica y laboral de las mujeres se caracteriza por estar en la informalidad, ser trabajadora en la categoría de «familiar no remunerado» y por cuenta propia, con más participación laboral en el área rural y pueblos indígenas, y en cualquier caso a esto se añaden, principalmente en las ciudades, sus obligaciones de cuidado del hogar y de sus dependientes (hijos, ancianos, enfermos), según un análisis sobre el ejercicio de los derechos económicos de las mujeres en el país.

La investigación «Derechos económicos de las mujeres en Bolivia – La brecha entre la ley y la realidad», de Flavia Marco, recientemente presentada por Conexión Fondo de Emancipación, refleja el hecho de que en el país siete de cada 10 mujeres se mueven dentro de la informalidad laboral, tanto por las características productivas de país como los roles sociales del cuidado (cada, niños, etc.) asignados a ellas.

Las disposiciones garantistas constitucionales, la normativa sobre empleo, seguridad social, desarrollo agropecuario y acceso a la tierra, y las políticas públicas que rescatan los derechos económicos fueron evaluadas para este estudio, junto con un panorama de las desigualdades en el mercado del empleo y el rescate de los testimonios de las propias mujeres.

Los tratados y las disposiciones constitucionales contienen un evidente reconocimiento de los derechos económicos de las mujeres en igualdad de condiciones que los varones, pero «correspondería entonces a la ley y a las políticas públicas materializar estos derechos. Es aquí donde empiezan las insuficiencias e incoherencias».

Flavia Marco explica que las iniciativas del Estado Plurinacional destinadas al ejercicio de los derechos económicos de las mujeres son de dos tipos: acciones (políticas) desarrolladas en cumplimiento de las leyes (para pequeños productores y comerciantes del agro y emprendedores) que no incluyen a las mujeres y programas específicos para mujeres «pero que parecen estar destinados a la cooptación política».

Por otra parte, las mujeres consultadas en entrevistas sobre su situación «no se posicionan como víctimas sino como dueñas de su destino» y «dan cuenta de que están expectantes a nuevas posibilidades de mejoría, y de que algunos programas desarrollados por instituciones estatales -sobre todo locales- y no gubernamentales tienen resultados positivos. Sin embargo, la mayoría de ellos tienen efectos limitados en términos de condiciones de trabajo».

Referencia

Derechos económicos de las mujeres en Bolivia – La brecha entre la ley y la realidad. Flavia Marco Navarro. Serie Estudios e Investigaciones 9. Conexión Fondo de Emancipación. 2014.

Fuente: PIEB

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